La versión del «dinero regalado» no nació tras el accidente de Toledo. Ya circulaba en redes en 2025 y volvió a difundirse después del accidente de Adamuz, en enero de 2026. El 28 de octubre, el mismo día del siniestro de Toledo, EFE Verifica detectó una nueva oleada de publicaciones que hablaban de más de 1.500 millones de euros «regalados» a Marruecos, Uzbekistán y Egipto para sus redes ferroviarias. La cifra reúne proyectos distintos y créditos de varios años, pero los mensajes omiten que deben devolverse.
Un accidente convertido en argumento electoral
La reaparición de estos mensajes coincidió con un acto de precampaña de Santiago Abascal en Valladolid, celebrado el mismo día del accidente de Toledo. Allí sostuvo que «1.500 millones» de los impuestos españoles iban a pagar infraestructuras ferroviarias en Marruecos, Uzbekistán y Egipto, mientras España afrontaba problemas en su propia red. La formulación presenta como dinero perdido una suma de préstamos ligados a contratos con empresas españolas. Vox ya había llevado los créditos ferroviarios al Congreso al pedir que se suspendiera la cooperación con Marruecos.
La cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre convierte esta narrativa en argumento de precampaña. La campaña oficial empieza el 13 de noviembre. La comparación entre el deterioro ferroviario español y las obras en otros países tiene fuerza política, pero para sostenerla se omite un dato decisivo: el dinero se presta y debe devolverse.
La infografía de Vox no solo omite que se trata de préstamos reembolsables, afirma que el crédito para comprar 40 trenes fue de 54 millones de euros, cuando el Consejo de Ministros aprobó hasta 754,3 millones. La diferencia es de 700 millones. Además, junta esa operación de 2025 con los 190 millones aprobados en 2019 para los tranvías de Casablanca, sin indicar que son proyectos distintos, separados por seis años. El resultado es una imagen engañosa: una cifra que no coincide con la oficial y dos créditos presentados como si formaran un mismo paquete.
En apenas unas horas, varios medios han contribuido a instalar la misma comparación entre los problemas ferroviarios de España y el crédito concedido para comprar trenes en Marruecos. El 28 de octubre, OKDIARIO tituló «Reyes Romero (Vox): “Puente dio 750 millones para vías ferroviarias a Marruecos y aquí tenemos dos accidentes en 10 meses”», reproduciendo la acusación de una candidata de Vox sin explicar que se trata de un crédito reembolsable. Al día siguiente, La Razón publicó «El Gobierno destinó más de 750 millones de euros para renovar los trenes de Marruecos y mejorar su transporte ferroviario», con una entradilla que contrapone el deterioro ferroviario español al dinero supuestamente «enviado» al extranjero. También El Cierre Digital planteó la disyuntiva en «Las dos caras del Gobierno de Sánchez con los trenes: No moderniza la línea de Urda pero financia el transporte marroquí». Aunque algunos textos precisan después que son créditos, sus titulares colocan primero el contraste y dejan en segundo plano que Marruecos debe devolver el dinero y que la financiación está ligada a contratos para empresas españolas.
Un mecanismo que busca apoyar las exportaciones españolas
Los documentos oficiales permiten aclarar la operación. Los 754,3 millones son un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), aprobado para financiar la compra de trenes a CAF. Marruecos, a través de su Oficina Nacional de Ferrocarriles, contrae la deuda y la respalda con una garantía soberana. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) canaliza los pagos a la empresa exportadora conforme avanza el contrato; no entrega ese importe al Gobierno marroquí como dinero de libre disposición.
El mecanismo busca apoyar las exportaciones españolas, facilita que compradores extranjeros adquieran bienes y servicios de empresas de España. El contrato beneficia a CAF y a su actividad industrial. Al anunciar la operación, el Gobierno estimó que generaría en España 1.000 empleos directos al año y 3.000 indirectos. Son previsiones oficiales, no una garantía de que se hayan creado todos esos puestos.
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El préstamo se concede en condiciones concesionales y emplea financiación pública. Por tanto, se puede debatir su coste, los riesgos para España y el retorno económico de apoyar a una empresa nacional. Pero llamarlo «dinero regalado» oculta que Marruecos debe devolverlo y que la compra sostiene un contrato de exportación para una compañía española.
También conviene distinguir estos préstamos de los 365 millones anunciados por el Banco Europeo de Inversiones para carreteras y ferrocarril en Marruecos. No son una partida del Gobierno español, el paquete del BEI incluye préstamos y una subvención de 15 millones de euros de la Unión Europea para medidas de resiliencia climática en la red ferroviaria. Mezclar créditos, subvenciones e inversiones empresariales en una sola cifra de «dinero enviado» vuelve a borrar quién financia cada operación y qué debe devolverse
