Las listas electorales no son únicamente una distribución de puestos. También permiten identificar las prioridades de un candidato y las personas en las que pretende apoyarse si llega al Gobierno. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, la candidatura registrada por el Partido Popular en Madrid ofrece una señal particularmente significativa para Marruecos.
Detrás del dirigente popular figuran Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Sémper, Alma Ezcurra y Jaime de los Santos. Los cinco primeros puestos de la lista han utilizado durante los últimos meses expresiones como «invasión», «ataque híbrido», «sumisión», «subordinación» o «agresión premeditada» para describir los acontecimientos de finales de julio en Sebta y las relaciones entre el Gobierno español y Marruecos.
En los puestos seis y once aparecen, respectivamente, Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, e Ildefonso Castro, secretario de Internacional del PP. Ambos han sido señalados como figuras centrales en la definición de la nueva estrategia popular hacia Marruecos. La candidatura incorpora también a Carlos Novillo, consejero de Interior y Emergencias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, situado en el número siete.
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No todos mantienen exactamente la misma posición ni proponen una ruptura diplomática. Sin embargo, la concentración de estas figuras confirma que el endurecimiento hacia Marruecos ha dejado de ser una reacción puntual para convertirse en uno de los elementos centrales de la oferta electoral del PP.
Feijóo asume el lenguaje de la «invasión»
El cambio comienza por el propio candidato. Feijóo pasó de reclamar prudencia y explicaciones a atribuir directamente a Marruecos una actuación desleal y a hablar de «invasión» de territorio español.
El 27 de octubre, durante la presentación de su candidatura en Madrid, afirmó que una de sus diferencias con Pedro Sánchez es que él no se marcha «de vacaciones cuando invaden mi país». La referencia a Sebta fue pronunciada junto a Ayuso y Álvarez de Toledo, las dos representantes más destacadas del ala dura del partido.
Feijóo ya había prometido «blindar» la frontera con las Fuerzas Armadas si recibía información sobre un nuevo intento de entrada masiva. También aseguró que aplicaría el artículo 8 de la Constitución española, referido a la misión del Ejército de garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
Tras las informaciones sobre la presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas próximas a Sebta, pidió desplegar la Armada, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al representante español. Posteriormente acusó al Reino de haber superado «con creces lo admisible» y prometió una respuesta «serena y firme» si alcanza la Presidencia del Gobierno.
Su posición conserva, no obstante, cierta ambigüedad. Feijóo afirma que desea una relación de vecindad y colaboración con Marruecos, pero sostiene que esta debe construirse sin «subordinación». Tampoco ha aclarado si mantendría el apoyo español al plan de autonomía para el Sáhara marroquí. Ha anunciado que estudiará los acuerdos alcanzados por Sánchez y que trasladará su decisión a las Cortes.
Cayetana Álvarez de Toledo, la línea más dura
La elección de Cayetana Álvarez de Toledo como número dos es la decisión con mayor carga política. Su puesto garantiza su entrada en el Congreso y la convierte en una de las principales figuras del futuro grupo parlamentario popular.
Álvarez de Toledo calificó los acontecimientos de Sebta de «ataque híbrido y premeditado contra la soberanía española». La dirigente popular ha acusado al presidente del Gobierno de ser «sumiso a Marruecos» y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de «rendir Sebta para complacer» al Reino. En el Congreso defendió el «uso legítimo de la fuerza» para proteger las fronteras si Marruecos «vuelve a invadir Sebta».
Sus declaraciones van más allá de la exigencia de explicaciones diplomáticas. Álvarez de Toledo presenta la relación bilateral como una confrontación entre un Estado español debilitado y un vecino que utilizaría la inmigración para imponer sus objetivos territoriales. Su ascenso al segundo puesto supone que esta interpretación ocupará un lugar destacado en la campaña popular y, previsiblemente, en la próxima legislatura.
Sémper, Ezcurra y De los Santos comparten el diagnóstico
Borja Sémper ocupa el número tres y representa formalmente el perfil más moderado de la candidatura. Su lenguaje ha sido más prudente que el de Álvarez de Toledo o Ayuso, pero comparte buena parte del diagnóstico.
Sémper ha defendido una relación «correcta y bien engrasada» con Marruecos, aunque ha advertido de que España no puede estar «subordinada». También aseguró que el Gobierno marroquí ya sabe que con Feijóo la posición española será diferente y que Sebta, Melilla y Canarias «no se ponen en cuestión».
El dirigente popular ha cuestionado la actuación del Gobierno español y ha denunciado que no se reforzara la frontera pese a la información disponible. Sin embargo, se ha distanciado de las propuestas más extremas al recordar que entre mantener la frontera desprotegida y «pegar tiros» existen numerosas opciones policiales, diplomáticas y legislativas.
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Más explícita ha sido Alma Ezcurra, número cuatro y coordinadora del programa electoral del PP. El 31 de julio declaró que Sebta estaba «invadida», que Marruecos estaba «tomando la temperatura de España» y que las fronteras españolas «no pueden decidirse» desde el país vecino.
Jaime de los Santos, situado en el número cinco, también ha utilizado reiteradamente el término «invasores». Durante una visita a Sebta acusó al Gobierno de haber permitido la entrada de decenas de miles de personas y describió a quienes permanecían en la ciudad como una amenaza para la convivencia y la seguridad de sus habitantes.
Los responsables de la estrategia internacional
La candidatura reserva igualmente puestos de salida para dos personas que trabajan directamente con Feijóo en la definición de su política exterior.
Marta Varela, número seis, es la jefa de gabinete y una de sus colaboradoras de mayor confianza. Ildefonso Castro, número once, es diplomático, secretario de Internacional del PP y antiguo secretario de Estado de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Castro aporta el componente diplomático a una estrategia dominada hasta ahora por la confrontación política. Su presencia permite a Feijóo mantener interlocución con Marruecos y presentar su propuesta como un endurecimiento institucional, no como una ruptura improvisada.
La incógnita consiste en determinar qué línea prevalecería en un eventual Gobierno popular, la gestión diplomática y pragmática defendida por Castro y parcialmente por Sémper, o las posiciones de Ayuso y Álvarez de Toledo, reforzadas además por la posible dependencia parlamentaria de Vox.
La influencia de Ayuso sin figurar en la candidatura
Isabel Díaz Ayuso no concurre a las elecciones generales, pero su influencia resulta visible. Feijóo ha situado en el número dos a Álvarez de Toledo, una de sus principales aliadas ideológicas, y ha incorporado al consejero Carlos Novillo junto a varias alcaldesas propuestas por el PP madrileño.
La presidenta regional ha defendido las propuestas más radicales de todo el partido. En septiembre aseguró que, si presidiera el Gobierno, rompería las relaciones con Marruecos mientras continuara la situación en Sebta. También reclamó militarizar la frontera y devolver inmediatamente a quienes habían entrado.
Posteriormente acusó al Gobierno español de ser «cómplice» de Marruecos, afirmó que el Reino pretendía obligar a España a negociar la soberanía de Sebta y Melilla y habló de un supuesto «trasfondo sórdido» en las relaciones entre dirigentes socialistas y Marruecos. Estas graves acusaciones no han venido acompañadas de pruebas públicas.
Feijóo no ha asumido la ruptura diplomática exigida por Ayuso. Sin embargo, la presentación conjunta de la candidatura y la adopción del término «invasión» muestran que el candidato se ha aproximado a su marco político.
Las acusaciones y las pruebas disponibles
El núcleo duro del PP presenta como un hecho probado que Marruecos planificó o permitió deliberadamente la entrada masiva en Sebta. La documentación oficial disponible no permite todavía sostener esa conclusión con la misma certeza.
Pedro Sánchez ha afirmado que ningún organismo español o extranjero ha aportado evidencias sólidas de que las autoridades marroquíes planificaran o ejecutaran la operación. Los documentos desclasificados muestran que el CNI detectó convocatorias en redes sociales y alertó a los servicios españoles y marroquíes, pero el propio organismo reconoció que no anticipó la magnitud de lo sucedido.
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El Ministerio del Interior español destacó, además, que las fuerzas de seguridad marroquíes impidieron miles de intentos de entrada y que ambos países reforzaron posteriormente la coordinación para gestionar los retornos. El Parlamento Europeo condenó la instrumentalización de la inmigración y reclamó una investigación independiente para determinar responsabilidades, pero no atribuyó formalmente la organización de los acontecimientos al Estado marroquí.
Existe, por tanto, una diferencia sustancial entre exigir que se investiguen los hechos y presentar como demostrada una autoría que las investigaciones todavía no han establecido.
El coste de convertir a Marruecos en adversario electoral
Una ruptura diplomática, como la planteada por Ayuso, tendría consecuencias que van mucho más allá de las relaciones políticas. España es el primer socio comercial de Marruecos desde 2012. El intercambio bilateral alcanzó los 22.693 millones de euros en 2024 y más de 350 empresas españolas están instaladas en el Reino.
Marruecos es también el principal destino de la inversión española en África. Los dos países colaboran en proyectos ferroviarios, energéticos, portuarios y de infraestructuras vinculados, entre otros ámbitos, a la organización conjunta del Mundial de 2030.
La cooperación migratoria tampoco puede sustituirse únicamente mediante el despliegue de fuerzas españolas. Las administraciones de los dos países coordinan la vigilancia fronteriza, la lucha contra las redes de tráfico, los retornos y la Operación Paso del Estrecho, que moviliza cada verano a más de 3,5 millones de personas.
Marruecos representa asimismo el 81% de las contrataciones de los programas españoles de migración circular, fundamentales para sectores agrícolas como el de Huelva. Una degradación prolongada de las relaciones afectaría a estos mecanismos, además de la cooperación antiterrorista y contra el narcotráfico.
Las devoluciones inmediatas y generalizadas prometidas por algunos dirigentes del PP también encontrarían límites jurídicos. El Tribunal Supremo ha establecido que las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a Sebta o Melilla deben someterse a un procedimiento individual de devolución, con identificación, asistencia letrada y posibilidad de solicitar protección internacional. No pueden ser objeto de un rechazo automático por la vía marítima.
Entre la campaña y la responsabilidad de gobernar
La nueva candidatura permite a Feijóo competir con Vox mediante un discurso de firmeza nacional y, al mismo tiempo, mantener dentro del partido figuras con experiencia diplomática. El problema aparecería si el PP gana las elecciones y debe transformar sus declaraciones en decisiones de Gobierno.
Romper relaciones, desplegar permanentemente a la Armada o cuestionar los acuerdos sobre el Sáhara tendría consecuencias inmediatas sobre la seguridad, la economía y la gestión migratoria españolas. Mantener la cooperación, en cambio, obligaría a Feijóo a rebajar una retórica que durante meses ha presentado a Marruecos como una amenaza.
La lista publicada en el BOE muestra que esa contradicción no es secundaria. Las voces más duras no ocupan posiciones marginales, sino los primeros puestos de la candidatura. Feijóo ha convertido la desconfianza hacia Marruecos en un elemento de cohesión entre los distintos sectores del PP y en una herramienta para disputar electores a Vox.
Si llega a la Moncloa, tendrá que decidir si gobierna conforme a esa retórica o si reconoce la realidad que impone la relación bilateral. Marruecos no es únicamente un tema de campaña ni un adversario útil para la política interna española. Es el principal socio de España en África y un actor imprescindible para su seguridad, su economía y su proyección mediterránea.
