Tras la reunión inaugural de la sesión de abril del diálogo social, celebrada el viernes 17 de abril, se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos, la CGEM y la Comader para modificar el Código del Trabajo y poner fin a una excepción que se mantiene desde hace más de dos décadas: las jornadas de 12 horas impuestas a los agentes de seguridad privada.
Desde el inicio, el ministro de Empleo, Younes Sekkouri, enmarca esta reforma en una visión más amplia, al afirmar que se inscribe «en el marco de la aplicación de las altas instrucciones reales destinadas a hacer justicia a la clase trabajadora, preservar su dignidad y reforzar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos».
La reforma se basa en la modificación del artículo 197 de la ley n.º 65-99 relativa al Código del Trabajo. Prevê reducir la jornada diaria de 12 a 8 horas para los empleados de las empresas de seguridad privada regidas por la ley n.º 27-06. La entrada en vigor de esta medida está prevista para 2027, tras una fase transitoria destinada a permitir la adaptación de contratos y presupuestos.
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La medida afectaría a cerca de 400.000 trabajadores, según estimaciones que los sindicatos consideran incluso por debajo de la realidad. Solo el sector de la educación nacional contaría con unos 25.000 agentes afectados. Estos trabajadores, empleados a través de servicios externalizados, realizan tareas de vigilancia en establecimientos públicos y privados, a menudo en condiciones consideradas precarias.
«Mientras que la norma general es de ocho horas de trabajo al día, algunos agentes de seguridad privada realizan jornadas de doce horas, pero son remunerados sobre la base de ocho», lamenta Sekkouri. Una anomalía posible por una excepción incluida en el Código del Trabajo de 2004, que permite jornadas prolongadas en actividades de carácter discontinuo.
Sin embargo, desde entonces, el sector de la seguridad privada ha cambiado profundamente. «Hoy estamos ante trabajadores a tiempo completo, integrados en organizaciones estructuradas, pero que siguen sujetos a un régimen excepcional que ha quedado obsoleto», explica el ministro. En la práctica, estos agentes realizan funciones continuas, lejos del carácter discontinuo inicialmente previsto.
La reforma busca restablecer la equidad con otras categorías de trabajadores, para quienes la jornada legal se sitúa en 44 horas semanales, con remuneración de horas extra más allá de ese umbral. «El objetivo es permitir que estos trabajadores recuperen condiciones laborales dignas», insiste Sekkouri.
Pero la decisión no está exenta de consecuencias. El ministro reconoce que se trata de una reforma «compleja», con importantes implicaciones presupuestarias. La reducción de la jornada implica una reorganización completa de los servicios de seguridad, pasando de dos a tres turnos diarios. «Esto se traducirá en un aumento de costes estimado entre el 40% y el 50% para los contratantes, tanto públicos como privados», precisa.
Esta realidad explica en parte por qué el asunto ha permanecido bloqueado durante casi 20 años. «Ha hecho falta mucho valor para poner en marcha esta reforma», afirma el ministro, aludiendo al impacto en los presupuestos de sectores como la educación, la sanidad o la banca, donde los servicios de seguridad están ampliamente externalizados.
En el plano legislativo, el calendario se presenta acelerado. El proyecto de modificación será presentado en Consejo de Gobierno antes del 1 de mayo. Posteriormente, se someterá al Parlamento mediante un procedimiento acelerado, con una adopción prevista antes del final de la sesión de primavera, es decir, antes de junio de 2026. La Secretaría General del Gobierno ya está movilizada para cumplir estos plazos, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones de septiembre.
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Una vez adoptada y promulgada, la ley entrará en vigor tras un plazo de aplicación de entre varios meses y un año. Este periodo se considera indispensable para permitir la revisión de contratos públicos y privados, el ajuste de los acuerdos en curso y la movilización de los recursos presupuestarios necesarios.
«Este plazo no tiene nada de excepcional. Todas las leyes requieren un tiempo de adaptación, especialmente cuando implican cambios contractuales y financieros de esta magnitud», subraya el ministro. El objetivo es garantizar una transición progresiva, sin interrupciones en la continuidad de los servicios.
A largo plazo, esta reforma debería poner fin a una situación considerada injusta y alinear las condiciones laborales de los agentes de seguridad privada con los estándares nacionales. También se establecerán mecanismos de control para garantizar el cumplimiento efectivo de la nueva normativa.
