El Gobierno reunió, en el marco de la sesión de abril de 2026 del diálogo social, a las centrales sindicales más representativas, la confederación empresarial y las organizaciones profesionales agrícolas, en una serie de encuentros presididos por el jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch.
Bajo el signo de la institucionalización del diálogo social, estas reuniones han permitido hacer balance de los compromisos asumidos y de los avances logrados desde el inicio del mandato, según un comunicado del departamento del jefe del Gobierno.
El Ejecutivo destaca un conjunto de medidas que, según sostiene, han permitido mejorar de forma significativa los ingresos y el poder adquisitivo.
En el sector público, se ha concedido una subida general de 1.000 dirhams netos mensuales en dos tramos a los funcionarios de la Administración, las entidades territoriales y los establecimientos públicos. A ello se suman la revalorización de las prestaciones familiares, la mejora de las cuotas de promoción y el aumento del salario mínimo en el sector público. El coste anual de estas medidas supera los 14.800 millones de dirhams.
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Además, el diálogo social sectorial ha permitido importantes revalorizaciones. El sector de la educación nacional ha movilizado más de 18.470 millones de dirhams, la sanidad cerca de 4.000 millones y la enseñanza superior casi 2.000 millones de dirhams.
Estos esfuerzos han elevado el salario medio neto en el sector público de 8.237 dirhams en 2021 a 10.600 dirhams en 2025, lo que supone un incremento cercano al 29%. El salario mínimo neto ha pasado de 3.258 a 4.500 dirhams. En total, el coste global de las medidas alcanzará los 48.300 millones de dirhams en 2026 y se prevé que aumente hasta los 49.700 millones en 2027.
En el sector privado, el salario mínimo interprofesional en actividades no agrícolas se ha incrementado un 20%, pasando de 2.828,71 dirhams a 3.422,72 dirhams netos mensuales desde enero de 2026.
El salario mínimo agrícola, por su parte, ha aumentado un 25%, situándose en 2.533,44 dirhams netos mensuales desde abril de 2026.
En el ámbito de la protección social, se han destacado varios avances. La reducción del umbral de cotización de 3.240 a 1.320 días ha permitido a nuevos asegurados acceder a una pensión de jubilación, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023.
Los asegurados que no alcanzan este umbral, o sus beneficiarios en caso de fallecimiento, pueden ahora recuperar la parte patronal de sus cotizaciones, además de la parte salarial.
Paralelamente, la revisión del impuesto sobre la renta, con un coste superior a 7.600 millones de dirhams, ha permitido una mejora media de los ingresos de más de 400 dirhams para distintas categorías de trabajadores.
Reforma de las pensiones: un enfoque progresivo
De conformidad con el acuerdo del 29 de abril de 2024, los trabajos de la comisión nacional encargada de la reforma de los sistemas de pensiones continúan en marcha. Una comisión técnica ya ha iniciado un diagnóstico de la situación financiera de los distintos regímenes, así como la elaboración de una metodología de trabajo de cara a una reforma global.
En este contexto, el Gobierno ha anunciado la apertura de un debate amplio y detallado sobre los jubilados que perciben pensiones por debajo del salario mínimo.
Este colectivo, especialmente vulnerable, será objeto de una reflexión en profundidad junto a los interlocutores sociales y económicos. Este anuncio constituye uno de los principales elementos de esta sesión, al introducir de forma explícita la cuestión de las pensiones bajas en la agenda de reformas.
El Gobierno también se ha comprometido a acelerar la resolución de las reivindicaciones sectoriales, en particular las de ingenieros, administradores y técnicos, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales antes del final del mandato.
Asimismo, se ha acordado modificar el Código del Trabajo para reducir la jornada diaria de los agentes de seguridad privada de 12 a 8 horas, con entrada en vigor prevista en 2027.
Por otra parte, se creará una nueva estructura encargada de gestionar la formación profesional continua en el sector privado, con el objetivo de mejorar su gobernanza y los mecanismos de gestión.
