Durante una reunión de la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, celebrada en presencia del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, los parlamentarios subrayaron que el acceso a la abogacía debe alinearse con el principio constitucional de igualdad de oportunidades, recogido en el artículo 31 de la Constitución marroquí.
Uno de los puntos más debatidos fue el límite máximo de edad, actualmente fijado en 40 años. Varios grupos parlamentarios defendieron elevar este umbral hasta al menos 45 años, argumentando que la norma actual podría excluir a numerosos titulados en Derecho cuyas trayectorias académicas o profesionales han sido más largas o discontinuas.
Asimismo, diputados de distintas formaciones cuestionaron otros criterios del proyecto, como la exigencia de condiciones físicas para ejercer la profesión, advirtiendo del riesgo de discriminación hacia personas con necesidades específicas. En este sentido, pidieron reformular esta disposición para garantizar plenamente la igualdad de acceso.
El texto también contempla la creación de un instituto de formación de abogados, una medida respaldada por parte de la mayoría, pero que genera reservas en la oposición, que teme que pueda afectar al papel de las estructuras profesionales tradicionales.
Otro punto de debate es la exigencia de un título de máster para acceder a la profesión. Mientras algunos grupos consideran que esta condición elevaría el nivel de formación jurídica, otros advierten de que podría convertirse en una barrera adicional para los candidatos si no se acompaña de medidas de apoyo como becas o itinerarios formativos accesibles.
Por su parte, el ministro Ouahbi se mostró abierto a introducir modificaciones en el texto, incluidas las relativas al límite de edad, subrayando que el acceso a la profesión seguirá dependiendo de la superación de un concurso que garantice la competencia de los aspirantes.
El proyecto de ley prevé además que el futuro instituto de formación abra sus puertas a finales de junio en Tánger, con capacidad para entre 100 y 150 estudiantes, quienes recibirán una formación de dos años que combinará práctica profesional, ética y deontología.
