La lucha contra las nuevas formas de criminalidad exige cada vez menos respuestas aisladas y más coordinación entre los distintos mecanismos de la Justicia. Esta fue una de las principales conclusiones que se desprendieron de la participación de Marruecos en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Abu Dabi del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026.
Durante el encuentro, Ahmed Ouali Alami, secretario general de la Presidencia del Ministerio Público, presentó la experiencia marroquí en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la trata de personas, la ciberdelincuencia, la corrupción y el crimen financiero. Su intervención permitió poner de relieve algunos de los principales avances jurídicos e institucionales desarrollados por Marruecos en los últimos años.
Uno de los elementos más relevantes fue la apuesta por una respuesta judicial basada en varios pilares simultáneos: especialización de los magistrados, eficacia de las investigaciones, protección de las víctimas, persecución de los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas y cooperación internacional.
Esta evolución responde a una realidad cada vez más compleja. Las organizaciones criminales pueden utilizar simultáneamente estructuras financieras, herramientas digitales, redes internacionales y mecanismos de blanqueo. En consecuencia, investigar únicamente el delito inicial puede resultar insuficiente para desmantelar una organización criminal.
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Seguir el dinero para llegar a las redes criminales
Uno de los principales retos jurídicos identificados es precisamente la capacidad de seguir el rastro financiero de las actividades delictivas. La condena de los integrantes de una red criminal pierde parte de su eficacia si los beneficios obtenidos y las fuentes de financiación permanecen intactos.
Marruecos ha orientado progresivamente su política penal hacia el seguimiento, congelación, incautación y confiscación de los productos del delito. El objetivo es complementar las investigaciones penales con investigaciones financieras cuando la naturaleza de los hechos lo justifique.
El Reino se ha incorporado asimismo a redes regionales especializadas en la recuperación de activos, entre ellas la Red Regional para la Recuperación de Activos en Oriente Medio y África del Norte. Esta cooperación resulta especialmente relevante ante delitos cuyos beneficios pueden ser transferidos rápidamente de un país a otro.
La gestión de los bienes incautados y confiscados constituye, además, un desafío específico. El desarrollo de mecanismos que permitan garantizar su identificación, seguimiento y trazabilidad puede mejorar la eficacia de las decisiones judiciales y proporcionar a las autoridades una visión más completa de los circuitos económicos del crimen.
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Terrorismo: prevención y reinserción
En materia de terrorismo, la experiencia presentada en Abu Dabi mostró que la respuesta marroquí no se limita a las actuaciones de seguridad y persecución penal. También incorpora medidas preventivas y programas de reinserción.
En este contexto, el programa «Mousalaha» (Reconciliación) constituye uno de los principales ejemplos. La iniciativa, que alcanzó su vigésima edición, ha beneficiado a más de 436 personas desde su lanzamiento en 2017.
Este enfoque refleja una concepción más amplia de la política criminal, en la que la prevención de la reincidencia y la reintegración social forman parte de la respuesta frente a determinados fenómenos de radicalización.
La ciberdelincuencia plantea nuevos desafíos probatorios
La transformación digital ha abierto uno de los principales frentes para la Justicia. El problema ya no se limita a los delitos cometidos exclusivamente en internet. Las tecnologías pueden utilizarse para facilitar fraudes, blanqueo de capitales, trata de personas, extorsiones y otras formas de delincuencia organizada.
Al mismo tiempo, las herramientas digitales ofrecen nuevas posibilidades para la investigación y la obtención de pruebas. El reto jurídico consiste ahora en garantizar que estas pruebas puedan ser obtenidas, conservadas y utilizadas de manera eficaz dentro del marco procesal.
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Marruecos ha avanzado en este ámbito mediante la incorporación de disposiciones relativas a la ciberdelincuencia y a la prueba electrónica en su marco procesal, además del refuerzo de las competencias de los magistrados especializados.
La formación desarrollada en colaboración con organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo de Europa forma parte de este proceso de adaptación de la Justicia a la transformación tecnológica.
Corrupción: una respuesta basada en la coordinación
La lucha contra la corrupción constituye otro de los ámbitos en los que Marruecos busca reforzar la coordinación institucional. La Presidencia del Ministerio Público ha desarrollado mecanismos para facilitar la denuncia de posibles actos de corrupción y acelerar la respuesta de las autoridades competentes.
A esta estrategia se suma el trabajo de la Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción (INPPLC), institución constitucional independiente que combina prevención, detección, investigación, análisis de riesgos y evaluación de políticas públicas.
La cooperación entre ambas instituciones, basada entre otros elementos en el intercambio de información y la transferencia de expedientes, refleja una tendencia hacia una mayor complementariedad institucional.
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La estrategia de la INPPLC para el periodo 2025-2030 busca precisamente reforzar esta dinámica y mejorar la capacidad de las instituciones para detectar los riesgos de corrupción y actuar antes de que estos se materialicen.
La protección del medio ambiente entra también en la agenda penal
La evolución de la política criminal marroquí también alcanza a los delitos medioambientales. Durante la intervención en Abu Dabi se destacó que la protección de los recursos naturales y la seguridad medioambiental forman parte de una concepción más amplia de la protección de las personas y de la sociedad.
En 2025 se registraron 23.739 casos relacionados con infracciones medioambientales. La Presidencia del Ministerio Público mantiene además la coordinación con las autoridades encargadas del control y la investigación, especialmente en sectores industriales y actividades susceptibles de afectar a los recursos naturales.
Un modelo que busca anticiparse al crimen
El episodio de Abu Dabi puso así de manifiesto una transformación progresiva de la respuesta judicial marroquí. La prioridad ya no consiste únicamente en intervenir después de la comisión del delito, sino también en identificar sus estructuras, anticipar sus mecanismos de financiación, aprovechar los datos y la tecnología y reforzar la cooperación entre instituciones.
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Desde una perspectiva jurídica, el principal desafío para los próximos años será convertir esta arquitectura institucional en una capacidad efectiva de investigación y persecución, especialmente frente a delitos transnacionales y digitales.
La experiencia presentada en Abu Dabi puede considerarse, en este sentido, un reflejo de los avances realizados por Marruecos hacia una Justicia penal más especializada, coordinada y adaptada a las nuevas formas de criminalidad, pero también de los retos que todavía plantea la aplicación práctica de estas herramientas.
