España lleva más de un mes intentando explicar lo sucedido en Sebta los días 30 y 31 de julio. Lejos de aclararse, el relato se vuelve más confuso con cada nueva declaración, filtración o informe. El país vecino sopla frío y calor sobre Marruecos hasta el punto de sostener, prácticamente al mismo tiempo, que existen indicios de una actuación favorecedora desde territorio marroquí y que no hay un solo elemento objetivo que permita atribuir a Rabat la organización de la entrada masiva.
La contradicción volvió a quedar expuesta este lunes. Casi a la misma hora en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteraba su confianza en Marruecos y negaba cualquier prueba de su implicación, la Audiencia Nacional anunciaba la apertura formal de una investigación en la que habla de una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos».
La jueza María Tardón considera que los hechos podrían constituir delitos contra la paz o la independencia del Estado español, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal. También recurre al concepto de «guerra híbrida» para describir la utilización de los flujos migratorios como instrumento de desestabilización.
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Sin embargo, el auto no identifica al supuesto autor intelectual de la operación ni aporta, al menos por ahora, pruebas de que existiera una orden de las autoridades marroquíes. Abrir una investigación no equivale a establecer una responsabilidad. Pero esta distinción elemental se ha perdido en un debate español en el que informes policiales, interpretaciones judiciales, declaraciones políticas y exclusivas periodísticas se presentan como si fueran una misma cosa.
Una investigación abierta y una responsabilidad aún por demostrar
Tardón basa buena parte de su razonamiento en el informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional. El documento sostiene que la llegada de más de 70.000 personas no fue «incidental, ocasional o espontánea» y describe varias oleadas que terminaron colapsando el sistema español de control fronterizo.
Las imágenes y testimonios incluidos en ese informe mostrarían, según la magistrada, una actitud de «permisividad» por parte de miembros uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes e incluso episodios de «guiado activo». Algunos agentes habrían indicado a los migrantes por dónde avanzar o cómo superar determinados obstáculos para alcanzar la playa de Fnideq y entrar en el agua.
Pero el propio documento, según la información publicada por Reuters, no identifica a los agentes, no determina quiénes eran las personas de paisano que aparecen en las imágenes ni aporta pruebas verificadas de órdenes transmitidas por autoridades marroquíes. Constata o interpreta conductas observadas sobre el terreno, pero no reconstruye una cadena de mando que conduzca hasta una decisión del Estado marroquí.
Esa distancia entre lo que se observa y lo que puede demostrarse resulta fundamental. No es lo mismo afirmar que determinados agentes permitieron o facilitaron movimientos durante unas horas que concluir que Marruecos planificó y dirigió una operación contra España. Sin embargo, ambas afirmaciones se han confundido de manera sistemática durante la última semana.
La jueza ha abierto además una pieza separada y secreta para aquellas diligencias que requieran reserva y ha solicitado información a los juzgados de Sebta sobre los 83 cuerpos recuperados en aguas españolas. Será esa investigación, y no las filtraciones selectivas, la que deberá esclarecer quién promovió el movimiento, cómo se organizó y si existió una responsabilidad penal concreta.
El informe que acusaba y después dejó de acusar
La actual confusión comenzó el 1 de septiembre, cuando El Español publicó fragmentos del informe del CENIF y afirmó que la Policía atribuía a las fuerzas marroquíes la planificación y ejecución de la entrada masiva. La información desató una tormenta política en vísperas de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso.
El ministro del Interior pidió explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, porque desconocía la existencia y el contenido del documento. Horas después llegó el primer gran giro. Tras reunirse con los responsables policiales y recibir la autorización de la jueza para conocer el informe, Pardo comunicó a Marlaska que «ningún informe policial» atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido.
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El informe, por tanto, había pasado en pocas horas de ser presentado como la prueba de una operación dirigida por Marruecos a convertirse, según la máxima autoridad de la Policía española, en un documento que no formulaba tal acusación.
La contradicción no desapareció. El texto sí hablaba de planificación, descartaba el carácter espontáneo de la movilización y recogía imágenes de agentes marroquíes supuestamente guiando a algunas personas. Pero no identificaba al organizador de la operación ni demostraba que esa planificación procediera del Estado marroquí. Una sucesión de matices difícil de seguir incluso en España y todavía más incomprensible desde Marruecos.
La Guardia Civil añade otra versión
A ese documento se sumó después el informe de la Guardia Civil. Mucho más breve, de apenas cinco páginas, se limitó a responder a las preguntas concretas planteadas por la magistrada sobre los avisos previos, el dispositivo desplegado, las labores de salvamento y los fallecimientos.
La Guardia Civil confirmó que antes del 30 de julio habían circulado comunicaciones sobre una posible concentración de personas junto a la frontera, pero aseguró que ninguna permitía anticipar «el contenido ni el alcance» de una movilización que terminaría provocando un colapso sin precedentes. El documento no se pronunció sobre una eventual responsabilidad de Marruecos porque, según las fuentes citadas por EFE, esa cuestión no había sido planteada expresamente al cuerpo.
Este lunes, El Español lanzó una nueva acusación. Según el periódico, el general Antonio Peláez, responsable de Información de la Guardia Civil, habría ordenado eliminar cualquier referencia a Marruecos siguiendo instrucciones del director adjunto operativo, Manuel Llamas.
Marlaska respondió calificando esa versión de «rumor infundado». Negó que se hubiera impartido orden alguna para borrar referencias y volvió a asegurar que no existe ningún informe que identifique a Marruecos, a otro Estado o a una persona concreta como «autor intelectual» de lo sucedido.
Así, la ausencia de Marruecos en el informe de la Guardia Civil puede interpretarse de dos maneras completamente opuestas. Para unos, el cuerpo no abordó una cuestión que la jueza no le había pedido. Para otros, las referencias fueron suprimidas deliberadamente. Por el momento, la segunda versión descansa exclusivamente en fuentes anónimas citadas por el mismo medio que publicó la primera filtración.
Avisos que existieron y avisos que no avisaban
La cacofonía había comenzado incluso antes de la aparición de los informes policiales. Desde principios de agosto, Marlaska sostuvo que ningún servicio de inteligencia había advertido de que el 30 de julio pudiera producirse una entrada de aquellas dimensiones. Si se hubiera recibido una alerta de esa gravedad, afirmó, habría sido elevada inmediatamente «a las más altas instancias».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ofreció posteriormente una versión distinta ante el Congreso. Aseguró que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia destinados en Sebta habían informado el 29 de julio de una convocatoria para entrar a nado al día siguiente y que esa información había sido compartida con las fuerzas de seguridad y con la Delegación del Gobierno.
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La propia Delegación del Gobierno en Sebta salió entonces a desmentir que hubiera recibido un aviso capaz de anticipar lo que ocurrió. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respaldó a Marlaska. Robles mantuvo que la información existió, aunque no necesariamente bajo la forma de un informe escrito.
Más tarde se supo que el CENIF había emitido alertas los días 28 y 29 de julio. Una de ellas calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de entradas a nado y de un salto de la valla «de forma coordinada». La Guardia Civil también reconoció la existencia de comunicaciones previas, aunque insiste en que no permitían prever la magnitud de la movilización.
España pasó así de afirmar que no hubo ningún aviso a admitir que hubo varios, pero que ninguno avisó exactamente de lo que terminó ocurriendo.
Sánchez entre la «violación territorial» y la ausencia de pruebas
También Pedro Sánchez ha dejado dos mensajes difíciles de conciliar. Durante su visita a Sebta el 31 de julio definió lo ocurrido como «un ataque» y «una violación de la integridad territorial de España». La jueza Tardón recupera ahora esas palabras para justificar la competencia de la Audiencia Nacional y la posible existencia de un delito contra el Estado.
Sin embargo, en su comparecencia del 3 de septiembre, Sánchez insistió en que ninguna institución española, europea o internacional había proporcionado al Gobierno «ninguna prueba sólida» de que Marruecos hubiera diseñado o ejecutado la entrada masiva.
El presidente admitió que las fuerzas marroquíes permitieron los cruces durante unas diez horas, pero señaló que todavía debía determinarse si se trató de inacción o de incapacidad para contener a la multitud. Al mismo tiempo, recordó que la cooperación de Rabat permitió el retorno de más del 90% de las personas que habían entrado durante las primeras 72 horas.
No existe necesariamente una contradicción jurídica entre considerar que hubo una violación de la integridad territorial y sostener que todavía se desconoce quién la organizó. Pero sí existe un problema político evidente cuando el Gobierno, sus ministros, sus servicios de inteligencia y sus cuerpos policiales no consiguen ofrecer una explicación común sobre lo que sabían, cuándo lo supieron y qué papel atribuyen realmente a Marruecos.
Marruecos frente a un relato que cambia cada día
Mientras España encadena versiones, la explicación oficial marroquí se ha mantenido estable. Rabat atribuyó la movilización a la actividad de las redes de tráfico, a la difusión masiva de convocatorias en internet y a una interpretación engañosa de una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones por vía marítima. También explicó que sus fuerzas evitaron una intervención indiscriminada para no causar una tragedia entre decenas de miles de personas concentradas en la zona.
La investigación judicial tendrá que comprobar esa versión y contrastarla con los indicios recopilados por la Policía española. Nada obliga a aceptarla sin más, del mismo modo que nada permite transformar las sospechas de un informe preliminar en una responsabilidad estatal ya demostrada.
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Desde Marruecos, lo desconcertante no es que España investigue. Lo incomprensible es que cada institución española parezca investigar una realidad distinta y que las conclusiones aparezcan primero en titulares, se desmientan después en ruedas de prensa y reaparezcan finalmente, con otra formulación, en una resolución judicial.
Por ahora, España ha dicho que no hubo avisos y que sí los hubo, que el informe policial acusa a Marruecos y que ningún informe lo acusa, que la Guardia Civil no encontró elementos contra Rabat y que supuestamente recibió órdenes de no mencionarlos, que se produjo un ataque contra la integridad territorial, pero que no existe ninguna prueba sobre quién lo dirigió. La justicia apenas acaba de empezar su trabajo. La cacofonía española, en cambio, lleva semanas dictando sentencia.
