La polémica ley sobre la profesión de abogado acaba de ser publicada este jueves en el Boletín Oficial, lo que la hace inmediatamente efectiva, pese al rechazo categórico de los 17.000 abogados que ejercen en el país, según una fuente oficial.
«En el marco de la aplicación de las reformas legislativas e institucionales destinadas a modernizar el sistema judicial y reforzar su eficacia, la ley n.º 66.23 relativa a la organización de la profesión de abogado ha sido publicada en el Boletín Oficial», indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Este texto, añadió el departamento dirigido por Abdellatif Ouahbi, constituye «una nueva etapa en el proceso de modernización del marco jurídico que regula esta profesión, como componente esencial de la justicia y garantía de la protección de los derechos y libertades, así como de los derechos de la defensa».
La ley fue publicada en el Boletín Oficial sin que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de sus disposiciones, debido a un defecto de procedimiento atribuido al Parlamento. Su entrada en vigor podría agravar la tensión con la Asociación Nacional de Colegios de Abogados de Marruecos, que decidió este miércoles mantener la huelga indefinida iniciada hace casi 100 días.
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El Ministerio de Justicia señaló en su comunicado que la nueva ley «pretende establecer un marco jurídico más completo y claro para la organización de la profesión de abogado, teniendo en cuenta sus particularidades y los principios de su independencia, al tiempo que refuerza las normas de gobernanza y responsabilidad profesional y acompaña la evolución de la práctica judicial y jurídica».
Asimismo, añadió que el texto reorganiza «varias disposiciones relativas al acceso a la profesión, la formación, las prácticas profesionales y la inscripción en los registros de los colegios de abogados, así como al ejercicio de la profesión, la organización de los despachos y sociedades de abogados y los derechos y obligaciones de los abogados».
La nueva normativa regula también, según la misma fuente, los procedimientos profesionales y disciplinarios, así como las vías de recurso, con el objetivo de aportar mayor claridad y eficacia a la gestión de los distintos procedimientos relacionados con la profesión.
Para el departamento de Abdellatif Ouahbi, la nueva ley «tiene en cuenta las transformaciones que atraviesa el sistema judicial, especialmente la creciente necesidad de simplificar y armonizar los procedimientos, desarrollar mecanismos de gestión profesional y acompañar la transformación digital de los tribunales y de la Administración de Justicia, contribuyendo así a mejorar la calidad y eficacia del ejercicio profesional».
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El Ministerio de Justicia subrayó además que la publicación de la nueva ley constituye una etapa importante en el proceso de reforma del sistema judicial.
El comunicado concluyó recordando que el artículo 146 de la ley n.º 66.23 establece que esta entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
No obstante, la misma fuente precisó que, para tener en cuenta «las exigencias prácticas y organizativas necesarias para la aplicación de algunas de sus disposiciones», el legislador estableció que las disposiciones del artículo 12, del artículo 39 y del apartado 11 del artículo 121 no entrarán en vigor hasta la publicación en el Boletín Oficial de los textos reglamentarios necesarios para su aplicación.
El departamento explicó que esta «disposición transitoria permite completar el marco reglamentario necesario para aplicar las disposiciones correspondientes, con el fin de garantizar una aplicación correcta y progresiva de la ley y reunir las condiciones jurídicas y prácticas necesarias para su adecuada puesta en marcha».
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Con su publicación en el Boletín Oficial, la ley sobre la profesión de abogado entra en su fase de aplicación, mientras continúa el pulso con los colegios de abogados. El texto ya es efectivo, pero la crisis sigue abierta: entre la reforma defendida por el Ministerio de Justicia y el rechazo mayoritario del sector, la tensión en el ámbito judicial está lejos de remitir.
