Hay obsesiones que terminan por delatar su propia impostura. Si no, ¿cómo explicar que ciertos medios franceses, con France 24 a la cabeza, muestren semejante ceguera selectiva y una persistencia tan metódica a la hora de situar a Marruecos en el punto de mira, mientras olvidan todo lo demás? Al reproducir sin espíritu crítico ni distancia analítica los elementos de un enésimo informe de Amnistía Internacional (sección Bélgica) sobre el caso Pegasus, estas redacciones reinterpretan una función harto conocida, reciclando los mismos argumentos trillados para armar un alegato de acusación contra Rabat. Este planteamiento, lejos de honrar los cánones del periodismo, se asemeja cada día más a una campaña de denigración coordinada, cimentada en acusaciones cogidas con pinzas y en fuentes cuya fragilidad solo es comparable a la complacencia de quienes las difunden.
Para erigir su andamiaje acusatorio, estos medios no dudan en otorgar un crédito absoluto e inmerecido a un personaje cuando menos enigmático, presentado bajo el seudónimo de Safir. Este individuo, providencialmente alzado a la categoría de revelador de secretos en el seno de la inteligencia marroquí, es sin embargo conocido por haber orbitado siempre en los márgenes de los servicios de inteligencia, arrastrando una oscura trayectoria como subordinado. Atribuir semejante fuerza probatoria a las declaraciones de un cuadro menor de esta índole evidencia un curioso sentido de las prioridades deontológicas, con tal de empañar la imagen de un país socio.
Al centrarse en su testimonio de segunda mano, los acusadores de Marruecos desentierran incansablemente el viejo mito del programa informático Pegasus y su supuesto empleo por los servicios marroquíes para silenciar voces disidentes; una fabulación mil veces repetida a pesar de los desmentidos oficiales, constantes y firmes, de las autoridades marroquíes, que siempre han negado poseer o utilizar dicha tecnología. La sección belga de Amnistía Internacional encuentra así un cómodo resorte de agitación para reavivar la misma cantinela, hábilmente amplificada por altavoces mediáticos en permanente búsqueda de sensacionalismo antimarroquí.
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Sin embargo, la fragilidad técnica y jurídica de tales cargos ha quedado al descubierto mediante análisis rigurosos en los que esos mismos medios evitan profundizar. Como ha subrayado el analista político Lahcen Haddad en una serie de publicaciones en la red social X, el informe de Amnistía Internacional plantea graves alegaciones, pero en ningún caso constituye una resolución judicial o un veredicto definitivo. Haddad recuerda con firmeza que la mera presencia de un número de teléfono en los registros de objetivos no prueba en modo alguno que se haya producido una infección, del mismo modo que un rastro técnico de Pegasus tampoco permite identificar formalmente a la entidad o al individuo que habría ordenado un presunto ataque. La atribución técnica es, por su propia naturaleza, distinta de la prueba de una intencionalidad política ilegal. Exigir que los autores del informe pongan a disposición sus pruebas subyacentes y su cadena de atribución para que puedan ser verificadas de forma independiente responde al más elemental sentido común, soslayado de un plumazo por inquisidores mediáticos más atentos al golpe de efecto que a la realidad de los hechos.
La ceguera de los observadores parisinos resulta verdaderamente indefendible cuando se examina a la luz de la amnesia culpable que exhiben respecto a las actuaciones de su propio país. Al encerrarse en una fijación obsesiva con Marruecos, los medios franceses olvidan púdicamente que la propia Francia se encuentra implicada en tramas de cibervigilancia y exportación de tecnologías de espionaje considerablemente más graves, documentadas e incriminatorias. El sonado escándalo de los Predator Files de 2023 sacó a relucir cómo Francia respaldó y asistió activamente a regímenes calificados de dictatoriales para rastrear y espiar a sus propias poblaciones.
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Llevada a cabo por el consorcio European Investigative Collaborations, y en particular por el medio Mediapart, dicha investigación sacó a la luz los métodos abiertamente cínicos y sin escrupulos de las sociedades francesas Nexa Technologies (anteriormente conocida como Amesys) y su alianza con el empresario israelí Tal Dilian a través del consorcio Intellexa.
Esta industria de la cibervigilancia apodada made in Europe se ha significado así en la comercialización y venta del buque insignia de los programas espía, bautizado como Predator, a numerosos Estados autoritarios en todo el mundo, desde Libia hasta Vietnam, pasando por Egipto. Las ramificaciones de este escándalo de Estado llegaron a salpicar a los círculos más próximos al poder ejecutivo francés, conduciendo a los investigadores hasta París y señalando directamente a figuras como Bruno Le Maire, por aquel entonces ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital. Ante un escándalo de semejante calado y con repercusiones geopolíticas de primer orden, la ausencia —o, cuando menos, la estrechez— de un tratamiento periodístico de envergadura en los grandes medios franceses resulta chocante. Raya la pura y dura omertá.
Nos encontramos, por tanto, ante un flagrante doble rasero, caracterizado por un encono probado, unilateral y falto de pruebas tangibles contra Marruecos, en contraste con una indulgencia cómplice hacia las derivas de seguridad del Hexágono y de la Unión Europea. Esta política de denuncia a la carta consolida la insidiosa idea de que Francia y sus aliados europeos se arrogan el derecho de tolerarlo y practicarlo todo, mientras que a Marruecos se le denegaría el derecho más elemental a su seguridad y soberanía. Esta diplomacia mediática de la distracción, que instrumentaliza informes militantes y parciales, no dignifica a la prensa que la ejerce. Demuestra, por el contrario, una incapacidad crónica para asumir la emancipación estratégica de un país del Sur, reduciendo el periodismo de investigación internacional a un mero instrumento de influencia.
