Apenas dos semanas después de la ronda del 8 y 9 de febrero en Madrid, Washington vuelve a ejercer presión. El impulso estadounidense no se debilita. Los días 23 y 24 de febrero, la capital federal acoge una nueva serie de negociaciones dedicadas al Sáhara, tercera reunión en menos de un mes tras una primera sesión organizada a finales de enero en Washington. Primera conclusión: la administración de Donald Trump ya no quiere un proceso prolongado en el tiempo. Quiere un desenlace, y lo quiere rápido, sin demora.
El ritmo sorprende por su intensidad. A finales de enero en Washington, luego Madrid los días 8 y 9 de febrero, y nuevamente Washington los días 23 y 24 de febrero: nunca el expediente del Sáhara había estado sometido a una sucesión diplomática tan acelerada en tan poco tiempo. Es Massad Boulos, enviado del presidente estadounidense para África, quien convocó esta nueva ronda. A su lado, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, copilotaría un proceso ahora colocado bajo supervisión directa de Washington. Y, una vez más, Argelia no tiene más opción que asistir, obligada, después de haber bloqueado el proceso desde 2019 al negarse a participar en las mesas redondas de la ONU, llegando incluso a proclamar que su decisión era «irreversible».
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Eso ya es cosa del pasado. Junto al ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, deberán estar Ahmed Attaf, su homólogo argelino; el jefe de la diplomacia mauritana, Mohamed Salem Ould Merzoug; y Mohamed Yeslem Beisat, representante del Polisario. El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, también estará presente, ya que el ciclo de negociaciones cuenta con el copatrocinio de la Organización de las Naciones Unidas, que respalda el proceso impulsado a un ritmo acelerado por Estados Unidos.
Esta nueva secuencia tiene lugar en pleno Ramadán. El símbolo es fuerte: el calendario fijado por Washington no admite ni pausas ni ajustes. En una entrevista concedida a France 24 y difundida el 16 de febrero, Massad Boulos insistió en la urgencia controlada del proceso. «¿Habrá otras reuniones después de Madrid? Sí, estos encuentros continuarán. Pero no serán indefinidos; no debe haber ni precipitación ni pérdida de tiempo», declaró. Días antes, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, señaló a Deutsche Welle que el conflicto estaba «ya en vías de solución» y que Washington deseaba un proceso «corto». El tono es mesurado, pero la determinación es evidente: el objetivo es llegar a un desenlace antes del verano.
Cuenta atrás
¿Por qué esta aceleración? En primer lugar, por el calendario de la ONU. Según la resolución 2797, el secretario general de la ONU debe presentar, seis meses después de la adopción del texto el pasado 31 de octubre —es decir, antes de finales de abril—, un examen estratégico sobre el futuro mandato de la la misión de la ONU en el Sáhara, teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones. Lograr un acuerdo marco antes de mayo permitiría a Estados Unidos presentar un proceso ya encauzado, con fuertes implicaciones sobre el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara y, por extensión, sobre el papel de la propia ONU en el dossier. La diligencia estadounidense apunta así a que la próxima resolución sobre la cuestión del Sáhara no sea comparable a las anteriores y que lo que esté en juego sea, puro y simplemente, el fin del conflicto.
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Luego, porque la resolución 2797, adoptada bajo impulso estadounidense, redefinió el marco. Al consagrar la primacía de la autonomía bajo soberanía marroquí, el texto restringió el abanico de opciones. Washington, como redactor del proyecto en el Consejo de Seguridad, pretende ahora pasar de la formulación de principios a su concreción práctica. En el centro de las discusiones figura una versión revisada del plan de autonomía marroquí. Más detallado que el presentado en 2007, el nuevo documento, de unas cuarenta páginas, precisa las competencias atribuidas a una autoridad regional: educación, salud, desarrollo económico y cultura. Las competencias soberanas —defensa, diplomacia y moneda— siguen siendo competencia exclusiva de Rabat.
Una implicación estadounidense al más alto nivel
Más allá del calendario, es el grado de implicación estadounidense lo que marca una ruptura. Las reuniones ya no son simples encuentros exploratorios bajo el paraguas de la ONU. Están organizadas, supervisadas y seguidas al más alto nivel del Ejecutivo estadounidense. Massad Boulos actúa en coordinación directa con la Casa Blanca, mientras que Michael Waltz garantiza la coherencia con el Consejo de Seguridad. Washington fija el ritmo, la agenda y el objetivo.
Esta implicación va más allá del ámbito estrictamente diplomático. En el Congreso, algunos legisladores evocan la posibilidad de incluir al Polisario en la lista de organizaciones terroristas, una hipótesis que, aun sin materializarse, constituye una palanca de presión. Paralelamente, Estados Unidos mantiene un discurso firme hacia Argel respecto a sus adquisiciones de armamento ruso, invocando en segundo plano la ley CAATSA.
En cualquier caso, Washington ha optado por concentrar el proceso en sus manos, reduciendo el número de actores y, con ello, el riesgo de dispersión diplomática. Los días 23 y 24 de febrero podrían así marcar un punto de inflexión. Pero algo es seguro: nunca antes Estados Unidos se había implicado de manera tan directa en la gestión del expediente del Sáhara. Al imponer un calendario ajustado y asumir un liderazgo directo, Washington muestra una determinación poco habitual: transformar la actual dinámica diplomática en un acuerdo político definitivo antes de que termine el año.
