La Sala de lo Criminal de primera instancia ante el Tribunal de Apelación de Casablanca ha cerrado los debates en el caso «Escobar del Sahara», poniendo fin así a uno de los juicios más mediáticos de la historia judicial marroquí moderna. Tras más de dos años y medio de un auténtico maratón judicial, el presidente de la audiencia decidió retirar el expediente para deliberación. El veredicto en primera instancia se espera para las próximas horas.
Este jueves 25 de junio por la mañana, la sala número 8 del Tribunal de Apelación de Casablanca fue escenario de una afluencia excepcional. Familias, allegados y curiosos abarrotaron el espacio. Todas las miradas se centraban en el banquillo de los acusados, protegido por un cristal opaco y blanqueado para ocultar la visibilidad, a excepción de unas pequeñas rendijas transparentes a través de las cuales las familias intentaban intercambiar miradas y saludos silenciosos con los detenidos de la prisión de Oukacha.
A las diez en punto, la campana del tribunal sonó para anunciar la entrada del cuerpo magistral presidido por el juez Ali Torchi. Este último abrió de inmediato la sesión invitando a los procesados a pronunciar su última declaración, un trámite legal que precede a la retirada del tribunal para deliberar.
El último intento de Saïd Naciri
De los veintiocho acusados procesados en este expediente, solo nueve optaron por tomar la palabra, mientras que los demás se limitaron a hacer gestos con la mano desde su lugar para indicar que se remitían a los alegatos de sus abogados. Entre las intervenciones más esperadas figuraba la de Saïd Naciri, expresidente del club Wydad de Casablanca y figura política de primer nivel.
Armado con un fajo de documentos, Saïd Naciri obtuvo una prórroga de cinco minutos por parte del presidente para aportar nuevos elementos. Con un tono calmado pero firme, rechazó en bloque la totalidad de los cargos de imputación. Respecto a la villa situada en el barrio de California, que el capo de la droga maliense le acusa de haber expoliado, el cargo electo se mostró indignado al preguntar cómo podía ser concebible que sus propios hijos residan aún allí, y que él haya invertido una fortuna en su renovación, si no le perteneciera. Para respaldar sus afirmaciones, presentó ante el Tribunal una escritura de compra, así como una correspondencia dirigida a la Sociedad Regional Multiservicios que demuestra que los contratos de agua y electricidad están registrados a su nombre. Para concluir, cambiando de tono para adaptarse a la solemnidad del momento, se dirigió al presidente de la audiencia implorando al honorable tribunal que muestre clemencia y equidad.
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En la misma línea, Abdenbi Bioui, empresario también procesado en este caso, negó cualquier vínculo con el tráfico internacional de estupefacientes. Afirmó en particular que el camión incautado por las autoridades no tenía ninguna relación con la flota logística operada por el traficante maliense.
Por su parte, la notaria implicada defendió con firmeza la regularidad de las escrituras jurídicas que redactó.
Antes de retirarse, el juez Ali Torchi anunció oficialmente que el expediente quedaba visto para sentencia y que los fallos se pronunciarían al final de este mismo día. Esta decisión llega tras una audiencia previa, celebrada el jueves 18 de junio, durante la cual la defensa expuso sus alegatos para reclamar la absolución general, acusando al capo Ahmed ben Ibrahim de querer vengarse al citar nombres sin pruebas materiales.
Por el contrario, el representante del ministerio público había solicitado las penas máximas, al considerar que los peritajes técnicos y los elementos del expediente confirmaban la implicación de los procesados en los delitos de tráfico internacional, falsificación y expoliación inmobiliaria.
Cronología de un seísmo
El caso sacudió a la opinión pública nacional desde su inicio y se estructuró en torno a varias etapas clave.
El caso estalló a finales del año 2023 a raíz de las revelaciones periodísticas publicadas por la revista francesa Jeune Afrique. Dichas investigaciones sacaron a la luz las ramificaciones de una vasta red dirigida por el maliense Haj Ahmed ben Ibrahim, encarcelado en Marruecos desde 2019. Desde su celda, este último formuló acusaciones directas contra influyentes personalidades marroquíes, acusándolas de haberse aprovechado de su detención en el aeropuerto Mohammed V de Casablanca para apoderarse de sus bienes inmuebles y de su fortuna.
El aparato judicial se activó entonces a un ritmo constante, provocando un verdadero seísmo político y de seguridad. En diciembre de 2023, la Oficina Central de Investigaciones Judiciales procedió al arresto de veinticinco sospechosos, entre ellos Saïd Naciri y Abdenbi Bioui, quienes fueron puestos en prisión preventiva en la cárcel de Oukacha.
A principios del año 2024, el juez de instrucción de la tercera sala, Oussama Rachid, llevó a cabo interrogatorios exhaustivos para desentrañar los engranajes de la red y examinar las sospechas de blanqueo de dinero, falsificación de documentos oficiales y facilitación del transporte de droga. Las primeras audiencias públicas comenzaron en mayo de 2024 ante la Sala de lo Criminal, despertando un interés mediático excepcional.
A finales del año 2024, la batalla se trasladó al terreno del derecho, donde la defensa alegó numerosos vicios de forma y cuestionó la legitimidad de las actas de la policía judicial debido a fallos de procedimiento y a la ausencia de incautaciones materiales. El juicio alcanzó su punto álgico en la primavera de 2026 con la firme petición fiscal del ministerio público y los últimos alegatos de la defensa, conduciendo a la crucial audiencia de hoy en la que los jueces se retiraron para dictar su veredicto final.
