La idea de que los migrantes que sean regularizados en España gracias al plan impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez podrán votar es, sencillamente, falsa. La confusión nace de mezclar dos planos distintos. Una cosa es obtener papeles, residencia y autorización para trabajar. Otra, muy distinta, es adquirir derechos políticos plenos. Y ahí la legislación española deja poco margen a la interpretación.
