Impuesto al carbono: los países africanos en primera línea, entre los que experimentan y los rezagados

El Banco Mundial publicó recientemente su informe anual para el año 2026, titulado «State and Trends of Carbon Pricing», un denso compendio de datos que los expertos analizan minuciosamente para vislumbrar el futuro de la década climática.

Para África, este documento funciona como un espejo de doble cara, ya que muestra, por un lado, a un puñado de Estados que se aferran a una tarificación directa ambiciosa y, por el otro, a un continente que se posiciona silenciosamente como el futuro proveedor de créditos de carbono del planeta.

Tarificación directa del carbono en África (situación a 1 de abril de 2026)

Fuente: Banco Mundial.

La conclusión más inmediata es de carácter estadístico. «Las políticas de tarificación directa del carbono cubren actualmente el 29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), con 47 impuestos al carbono y 40 sistemas de comercio de derechos de emisión implantados», señala el informe. África, por su parte, solo aparece representada a través de un puñado de jurisdicciones como Sudáfrica, Nigeria o Mauritania, además de figurar en el grupo de países africanos que se encuentran en fase de desarrollo o consideración de un instrumento de tarificación directa, como Marruecos, Kenya, Botswana, Senegal y Côte d’Ivoire. Se trata de un archipiélago de islotes regulatorios en un océano de políticas climáticas que todavía son mayoritariamente indirectas. Sin embargo, limitarse a esta lectura cuantitativa impediría ver el trasfondo de la situación.

El paradoja de las tarifas en África

La verdadera información de alcance que aporta este informe radica en otro aspecto, y es que el precio medio del carbono en el África subsahariana alcanza los 19 dólares por tonelada en 2026. Esta cifra, que podría parecer modesta, supera en realidad a la media de Asia Oriental y el Pacífico (11 dólares) y no tiene punto de comparación con los 4 dólares de América Latina. ¿Cómo se explica esta paradoja en una región que apenas genera el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero?

La respuesta se resume en un nombre: Sudáfrica. Su impuesto al carbono, que se ha incrementado un 31% este año hasta situarse en los 308 rands por tonelada, ejerce una enorme influencia en la balanza global de precios. El Banco Mundial lo confirma de manera categórica al señalar que «Sudáfrica ha seguido aumentando su impuesto al carbono con una subida del 31%, pasando de 236 a 308 rands sudafricanos por tonelada de CO₂ equivalente para 2026». En un contexto internacional en el que varios países europeos han congelado sus tasas nominales, Pretoria se posiciona como un actor firme en materia fiscal. Esta estrategia conlleva un coste político evidente, pero otorga al país una solidez regulatoria poco común.

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Por el contrario, la región de Oriente Medio y el Norte de África registra un precio medio de apenas 2 dólares, lastrada por el hecho de que Israel es el único Estado que cuenta con un instrumento directo. Marruecos, que todavía se encuentra en fase de estudio, aún no ha dado el paso definitivo. El Reino se sitúa en una posición intermedia. Clasificado en el restringido grupo de países africanos que mantienen en consideración o desarrollo un instrumento de tarificación directa, el país carece por el momento de un mercado de derechos de emisión (ETS) o de un impuesto al carbono que esté operativo.

Esta situación de espera, compartida con naciones como Kenya o Senegal, refleja una prudencia que, en plena era del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, empieza a convertirse en un riesgo comercial evidente. Al no contar con un precio doméstico del carbono, las exportaciones industriales marroquíes podrían sufrir de lleno el impacto de los sobrecostes impuestos por Bruselas. A pesar de ello, Rabat no se ha quedado de brazos cruzados.

El informe revela una incursión discreta pero efectiva en los mercados regulados por el Artículo 6.2 del Acuerdo de París, un marco en el que Marruecos ha autorizado de forma unilateral créditos de carbono destinados a múltiples fines, como el esquema CORSIA o las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), entre otros. El Artículo 6.2 del Acuerdo de París constituye el mecanismo internacional que regula los intercambios bilaterales de resultados de mitigación entre diferentes países.

En la práctica, este sistema permite que un país emisor, como podría ser Marruecos, transfiera a otro, como Suiza o Singapur, las toneladas de CO₂ que ha logrado reducir o capturar en su propio territorio. Una vez completada la transferencia, dichas toneladas se computan en la contribución nacional (NDC) del país comprador, mientras que el país vendedor debe aplicar un «ajuste correspondiente» para garantizar que una misma reducción no se contabilice por duplicado.

Aunque el volumen actual es todavía simbólico, demuestra la intención de evaluar el funcionamiento de las transferencias internacionales de resultados de mitigación (ITMO), evitando por ahora la implantación de una fiscalidad del carbono de carácter obligatorio que pudiera desestabilizar su tejido industrial. Se trata de una ambivalencia calculada que, no obstante, requerirá pronto una definición estratégica clara.

La incorporación de Mauritania al grupo de países con impuestos al carbono es otro de los hitos destacados que el informe constata con claridad, al reflejar que «también se han implantado impuestos nacionales al carbono en Mauritania». En un continente donde la adopción de mecanismos de tarificación explícita es todavía inusual, la suma de cualquier nuevo miembro resulta significativa.

La gran incógnita que el Banco Mundial deja abierta gira en torno a la base imponible del gravamen, concretamente sobre si el impuesto mauritano afectará a las industrias extractivas que lideran su actividad económica. Aunque el documento no aporta precisiones al respecto, la experiencia de Nigeria ofrece un paralelismo muy ilustrativo.

En el mercado nigeriano, la tasa aplicada a la quema de gas, reconfigurada bajo la Ley de la Industria del Petróleo, impone una penalización de 3,50 dólares por cada millar de pies cúbicos estándar en cualquier quema que no sea rutinaria. Se trata de una modalidad de tarificación indirecta que no se calcula formalmente en toneladas de CO₂, pero cuyo propósito de alcanzar la meta de cero quemas rutinarias para el año 2030 posee una enorme relevancia desde el punto de vista climático.

África como proveedora clave en un mercado global de 107.000 millones de dólares

Si bien los sistemas de tarificación directa se encuentran todavía en una fase incipiente, África registra un protagonismo mucho mayor en los mercados de créditos de carbono. El informe evidencia con claridad la desproporción en los flujos financieros globales: los créditos comercializados alcanzaron los 535 millones de dólares en 2024, una cifra insignificante si se compara con los 107.000 millones de dólares de ingresos públicos generados por los impuestos al carbono y los sistemas ETS a nivel mundial en 2025. A pesar de este abismo económico, las métricas del Banco Mundial desvelan una tendencia interna de gran interés: los créditos de origen africano ocupan un lugar central en los esquemas de compensación internacionales.

Los datos muestran que Guyana lidera las autorizaciones unilaterales vinculadas al Artículo 6.2 con un total de 25 millones de toneladas, pero sitúan a Rwanda como el principal nodo de actividad en el continente africano, con 8 millones de toneladas autorizadas. A continuación se colocan Malawi, con 1,5 millones, y un grupo de países como Madagascar, Sierra Leona y Zimbabwe, con registros cercanos al millón de toneladas cada uno. El propio Marruecos figura en este escenario con un saldo de 667 créditos autorizados, un volumen reducido pero de un alto valor simbólico.

Un factor determinante es que casi todas las autorizaciones emitidas en el entorno africano contemplan múltiples aplicaciones, abarcando el esquema CORSIA, las metas NDC y otros fines diversos. Esta versatilidad representa una ventaja competitiva de primer orden, aunque introduce el riesgo de una doble contabilidad que el propio informe no pasa por alto al puntualizar que «los créditos serán elegibles bajo el Artículo 6.2 tan pronto como se publique el ajuste correspondiente».

En lo que respecta al Mecanismo de Mitigación del Acuerdo de París (PACM), el nuevo esquema bajo la tutela de Naciones Unidas, el panorama se presenta más fragmentado. De los 1.512 proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en fase de transición, China e India acaparan dos tercios del total con 527 y 460 iniciativas respectivamente. Sudáfrica destaca en el contexto regional con 17 proyectos que ya cuentan con el visto bueno de sus autoridades nacionales, superando los 11 registrados por Kenya.

La brecha se hace más evidente al analizar las iniciativas de nueva creación. De las 1.137 solicitudes de aprobación presentadas, India concentra el 57,5% con un total de 654 peticiones, mientras que Kenya y Nigeria apenas alcanzan las 25 solicitudes cada una. Zambia, con 19 proyectos, completa un escenario donde el continente africano, a pesar de estar presente, ocupa una posición periférica en la carrera por la validación de nuevas metodologías.

Este desfase conlleva implicaciones comerciales de peso. Tal y como advierte el Banco Mundial, «los proyectos deben recibir la aprobación metodológica del órgano de supervisión del PACM antes de poder ser validados dentro de dicho marco». Sin una metodología ratificada, resulta imposible emitir créditos. De este modo, África se enfrenta al riesgo de que su cartera potencial de proyectos, especialmente en sectores clave como la distribución de cocinas eficientes y el desarrollo forestal, se vea frenada por una burocracia internacional que las cifras reflejan con claridad.

Por otra parte, el sector de la aviación comercial internacional avanza en la puesta en marcha de su mecanismo CORSIA. El informe detalla las líneas maestras del proceso: «las aerolíneas estarán obligadas a entregar derechos elegibles para cumplir con sus compromisos de conformidad en 2028». Las previsiones sitúan la demanda acumulada entre los 150 y los 240 millones de toneladas durante la primera etapa del programa. En este contexto, los créditos que cumplen con los requisitos de CORSIA cotizan con una prima de precio notable, situándose en los 15 dólares por tonelada en abril de 2026, frente a los 13 dólares que registran aquellos considerados como «potencialmente elegibles». Esta diferencia llegó a alcanzar una brecha de 6 dólares a comienzos de año antes de experimentar una progresiva estabilización.

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Para los países africanos que albergan estos proyectos, dicha prima económica supone un estímulo financiero de primer orden. Sin embargo, su acceso está supeditado a un complejo entramado de condiciones normativas, como la validación de los sistemas de créditos por parte de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la aplicación de los correspondientes ajustes por el Estado receptor y la contratación de coberturas de garantía. El informe constata que «solo tres compañías aéreas han retirado unidades de reducción de emisiones (EEU), sumando un volumen conjunto de apenas 331.100 toneladas de CO₂ equivalente», un balance muy reducido que evidencia el lento ritmo de implantación del sistema.

El nuevo terreno de disputa

La consolidación de sellos de calidad internacional, como los Principios Rectores del Carbono de la ICVCM o las evaluaciones emitidas por agencias especializadas como Sylvera y BeZero, marca un punto de inflexión para los proyectos desarrollados en suelo africano. El informe aporta datos concluyentes al respecto: «el precio medio de un proyecto de forestación, reforestación y restauración (ARR) con una calificación igual o superior a BBB ronda los 30 dólares estadounidenses por tonelada de CO₂». Esto implica que una iniciativa de reforestación respaldada por una buena nota en el mercado puede llegar a multiplicar por tres el valor de un crédito ordinario.

Este proceso de diferenciación resulta vital para el continente africano, un entorno habitualmente expuesto a una percepción de riesgo financiero más elevada. En el extremo opuesto, los proyectos enfocados en cocinas eficientes —un ámbito con una fuerte presencia en la región— han visto cómo sus precios caían hasta los 1,5 dólares por tonelada. Los motivos detrás de este descenso responden a las dudas surgidas sobre la adicionalidad de las propuestas y a la desestimación de ciertas metodologías por parte de la ICVCM. El diagnóstico del Banco Mundial es rotundo al apuntar que «esto podría explicarse por una reducción equivalente en el volumen de proyectos retirados en el último período, sumado al rechazo de diversas metodologías de energías renovables por parte de la ICVCM».

Finalmente, cualquier análisis sobre la situación del carbono en África debe tomar en consideración el impacto de las subvenciones destinadas a los combustibles fósiles. Las conclusiones del Banco Mundial son concluyentes: a nivel global se destinaron 900.000 millones de dólares a subsidiar energías fósiles en 2024, frente a los 107.000 millones generados por los ingresos de los mecanismos del carbono. Aunque el documento no desglosa las cifras específicas para el continente, la propia naturaleza de las economías de la región —muy expuestas a la importación de productos petrolíferos refinados y con un alto índice de precios regulados por el Estado— hace prever que el efecto del precio del carbono queda diluido por estas distorsiones del mercado. La tarification directa, en las zonas donde se encuentra operativa, apenas incide sobre una parte marginal de las emisiones reales del territorio.

De este modo, la realidad del mercado del carbono en África en 2026 muestra dos vertientes muy diferenciadas. En el plano de la fiscalidad y los precios fijos, el continente cuenta con ejemplos de buena gestión, como el dinamismo de las tasas en Sudáfrica o la reciente incorporación de Mauritania al sistema, si bien el peso conjunto de estas iniciativas sobre el volumen global de emisiones sigue siendo mínimo. En lo que respecta al mercado de créditos, la región actúa como un proveedor estratégico que, sin embargo, percibe una remuneración baja, condicionada por unos precios de cotización reducidos en las categorías de proyectos más habituales y a la espera de que la rentabilidad ligada a los criterios de calidad y a las exigencias de CORSIA termine de consolidarse.

Como señala Paschal Donohoe, director ejecutivo del Banco Mundial, en la presentación del documento: «No existe un modelo único para la tarificación del carbono; las políticas que demuestran ser eficaces son aquellas que se diseñan a partir de las realidades y las prioridades de cada territorio». Se trata de una premisa clave para los distintos gobiernos africanos, que se enfrentan al reto de atraer flujos de inversión hacia sus proyectos ambientales sin restar valor a sus créditos de carbono, compaginando la implantación de impuestos ecológicos con la competitividad de sus sistemas productivos.

Mercados de créditos de carbono y proyectos PACM (situación 2025-2026)

Fuente: Banco Mundial.