Contrariamente a las informaciones difundidas en los últimos días por algunos medios, el Gobierno de Akhannouch nunca fue autorizado por el Consejo de la Competencia a limitar los precios de los corderos destinados al Aid al-Adha. El visto bueno otorgado por la Autoridad de la Competencia se refiere exclusivamente a un conjunto de medidas temporales destinadas a regular el funcionamiento de los mercados, sin intervenir directamente sobre los precios.
Estas medidas, cinco en total, tienen como objetivo garantizar la transparencia de las transacciones, preservar una competencia sana y limitar las prácticas anticompetitivas. Entre otras disposiciones, obligan a que la venta de corderos se realice únicamente en mercados habilitados, salvo algunos circuitos autorizados, como la venta directa en explotaciones agrícolas.
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Además, los vendedores deben declarar ante las autoridades locales su identidad, el número de animales puestos a la venta y su origen antes de acceder a los mercados. El dispositivo también prohíbe la reventa dentro de los zocos, las prácticas de puja destinadas a inflar artificialmente los precios, así como el almacenamiento de animales fuera de los circuitos oficiales con el objetivo de provocar escasez.
Sobre el terreno, sin embargo, los primeros resultados están lejos de ser convincentes. En vísperas del Aid, este martes 26 de mayo, los precios siguen siendo elevados y las medidas adoptadas no parecen producir el efecto esperado. En numerosos mercados crece el malestar entre los ciudadanos, para quienes el sacrificio resulta cada vez menos accesible. La situación es especialmente perceptible entre los hogares con ingresos modestos.
Esta situación ha reavivado el debate en las redes sociales. En un mensaje publicado en su página de Facebook, el exministro de Justicia Mustapha Ramid, hoy alejado del Partido de la Justicia y el Desarrollo, llegó incluso a pedir la dimisión del ministro de Agricultura, Ahmed El Bouari, señalando el persistente encarecimiento de los corderos.
Ante esta presión, una pregunta vuelve con insistencia: ¿por qué el Consejo de la Competencia no recomendó, o al menos estudió, limitar los precios, cuando esta posibilidad está prevista en el artículo 4 de la ley 104-12 relativa a los precios y la competencia, el mismo marco jurídico que sirvió de base para adoptar las medidas temporales decretadas por el Gobierno?
«El Consejo respondió a las solicitudes del Gobierno, que no incluían la limitación de precios», precisan desde el Consejo de la Competencia. La misma fuente subraya además que este tipo de medida es especialmente compleja de aplicar y supervisar, debido a las limitaciones operativas que implica y a los riesgos de perturbación que puede generar sobre el funcionamiento del mercado.
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En la práctica, una limitación de precios podría contemplarse en circuitos organizados, como las grandes superficies, donde los precios se fijan por kilogramo. Pero su aplicación en los mercados tradicionales, donde el precio del cordero suele negociarse «a ojo», sin un pesaje preciso, parece difícilmente realizable.
La última vez que el Consejo de la Competencia fue consultado sobre un posible recurso a la limitación de precios se remonta a 2019. En aquel momento, el Gobierno de El Othmani había solicitado el parecer de la institución sobre un eventual control de los precios de los carburantes. Presidido entonces por Driss Guerraoui, el Consejo concluyó que no se daban las condiciones necesarias para activar una medida de este tipo.
El Consejo fue entonces tajante: limitar los precios no es ni pertinente desde el punto de vista económico ni eficaz para proteger al consumidor. Una posición sustentada en varios argumentos, entre ellos el riesgo de distorsiones del mercado y la ausencia de garantías sobre la preservación del poder adquisitivo.
