Tras varios años marcados por la recuperación progresiva de los ingresos fiscales y el control de los grandes equilibrios macroeconómicos, el Estado debe financiar ahora, de forma simultánea, compromisos sociales sin precedentes, mantener un alto nivel de inversión pública y absorber las consecuencias de un entorno internacional que vuelve a ser inestable. Las finanzas públicas abordan de este modo una nueva etapa en su transformación.
Esta ecuación se refleja en las últimas cifras publicadas por la Tesorería General del Reino. A finales de mayo de 2026, el déficit presupuestario alcanzó los 27.800 millones de dirhams, frente a los 22.900 millones de un año antes; es decir, un agravamiento del 21,4%. La aceleración es aún más notable si se tiene en cuenta que el déficit se situaba en 15.500 millones de dirhams a finales de abril, lo que ilustra un rápido incremento de las necesidades de financiación en las últimas semanas.
Esta evolución se produce a pesar de que los ingresos del Estado siguen mostrando una dinámica favorable. Los ingresos fiscales aumentaron un 9,2% hasta alcanzar los 164.800 millones de dirhams, lo que confirma la solidez de la recaudación fiscal y la resiliencia de varios sectores de la economía nacional. Los impuestos directos, los impuestos indirectos, los derechos de aduana y los derechos de registro contribuyen a este avance, reflejando una actividad económica que se mantiene relativamente robusta a pesar de las incertidumbres exteriores.
Sin embargo, esta mejora de los ingresos ya no basta para compensar la magnitud de los compromisos públicos. La principal transformación de las finanzas públicas radica hoy en la consolidación del proyecto social lanzado bajo el impulso real.
El programa de ayuda social directa beneficia ya a cerca de 4 millones de familias. Esta generalización marca un cambio profundo en la estructura del gasto público. Mientras que las políticas sociales se basaban antes en mecanismos específicos y fragmentados, ahora constituyen una de las principales partidas de movilización presupuestaria.
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Consciente de los desafíos que plantea un programa de esta envergadura, el Gobierno se muestra dispuesto a revisar algunos criterios de asignación. Ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes, el ministro delegado encargado del Presupuesto, Fouzi Lekjaa, reconoció el lunes 15 de junio la existencia de limitaciones en el funcionamiento actual del índice social unificado y se declaró abierto a realizar ajustes para considerar mejor ciertas situaciones de vulnerabilidad.
Más allá de la cuestión técnica de la focalización, esta evolución ilustra, sobre todo, una nueva realidad presupuestaria. Los gastos sociales ya no forman parte de una política coyuntural, sino que constituyen un compromiso permanente llamado a pesar de forma duradera en las finanzas públicas. El Gobierno afirma, no obstante, que su financiación se inscribe dentro de un marco sostenible y no requiere, por el momento, el recurso a mecanismos excepcionales, según el ministro delegado encargado del Presupuesto.
El regreso del riesgo energético reduce el margen de maniobra
A esta presión social se suma ahora el regreso del riesgo energético. Las tensiones geopolíticas observadas en Oriente Medio vuelven a colocar la cuestión de la dependencia energética en el centro de las preocupaciones presupuestarias.
Por ello, el Gobierno ha decidido movilizar 8.000 millones de dirhams adicionales en beneficio de la Caja de Compensación, con el fin de preservar la estabilidad de los precios del gas butano y del transporte. Esta opción refleja la voluntad de proteger el poder adquisitivo de los hogares y limitar la transmisión de la inflación importada hacia la economía nacional.
Esta decisión llega cuando la factura energética del Reino ya alcanza los 28.500 millones de dirhams a finales de marzo. Más significativo aún es que aumentó un 40% entre febrero y marzo, revelando la rapidez con la que un choque exterior puede transmitirse a los equilibrios económicos nacionales.
Para las finanzas públicas, el desafío es doble. Por un lado, el Estado busca amortiguar el impacto del alza de los costes energéticos sobre los hogares y las empresas. Por el otro, cada dirham dedicado a la compensación reduce los márgenes disponibles para financiar otras prioridades económicas o sociales.
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A pesar de estas limitaciones, el Ejecutivo se niega a sacrificar la inversión pública, considerada un motor central del crecimiento futuro.
Los gastos emitidos con cargo al presupuesto general aumentaron un 10,5% a finales de mayo, situándose en 257.300 millones de dirhams. Esta subida refleja no solo el incremento de los gastos de funcionamiento, sino también la continuidad del esfuerzo de inversión en infraestructuras hídricas, equipamientos públicos, proyectos industriales y los preparativos relacionados con la Copa del Mundo 2030.
Esta orientación responde a una lógica económica de largo plazo. En un contexto marcado por las transformaciones industriales globales y la creciente competencia para atraer inversiones internacionales, el Gobierno considera que la ralentización de los proyectos estructurales presentaría un riesgo aún mayor para el crecimiento futuro.
El aumento de los compromisos de gasto, que alcanzaron los 428.000 millones de dirhams a finales de mayo, confirma esta voluntad de mantener el ritmo de las transformaciones económicas emprendidas en los últimos años.
Por lo tanto, las finanzas públicas marroquíes no se enfrentan a una crisis de ingresos, sino que se hallan ante un fenómeno más complejo: la coexistencia de varias prioridades estratégicas que movilizan simultáneamente recursos considerables.
