Según la presentación realizada ante la comisión, la primera prioridad consiste en recuperar el poder adquisitivo y consolidar las bases de un Estado social sostenible. Para ello, el proyecto contempla medidas destinadas a mejorar los ingresos de los hogares, completar la implantación de la protección social —con una dotación de 44.200 millones de dírhams para 2027—, modernizar el sistema sanitario, mejorar la educación, la enseñanza superior y la formación, así como facilitar el acceso a una vivienda digna.
La segunda prioridad busca favorecer la integración de los jóvenes en la educación, la formación y el empleo digno. Entre las medidas previstas figuran la reducción del abandono escolar y el acompañamiento de los jóvenes hacia las vías de integración más adecuadas, ya sea mediante la reincorporación al sistema educativo, la formación, el empleo o el emprendimiento. El objetivo es articular estas opciones dentro de un itinerario unificado y con una gobernanza sólida.
La tercera prioridad se centra en acelerar la regionalización avanzada y la nueva generación de programas de desarrollo territorial integrado. Para ello, se prevé movilizar 210.000 millones de dírhams durante ocho años, con actuaciones destinadas a impulsar el empleo, reforzar los servicios básicos y promover un desarrollo territorial equilibrado e integrado. También se contempla institucionalizar los acuerdos entre el Estado y las regiones y acelerar la aplicación de la Carta Nacional de Desconcentración Administrativa.
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La cuarta prioridad consiste en reforzar la soberanía estratégica de Marruecos en los ámbitos hídrico, energético, alimentario y digital. En materia de agua, el proyecto fija como objetivo superar los 24.000 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento en las presas nacionales a finales de 2027. Asimismo, prevé acelerar la construcción de plantas desalinizadoras para alcanzar una capacidad superior a los 1.800 millones de metros cúbicos en 2031 y fomentar la reutilización de aguas residuales tratadas.
En el ámbito energético, se pretende elevar la participación de las energías renovables hasta el 52% de la capacidad eléctrica instalada para 2030, además de aplicar la hoja de ruta del gas natural e impulsar el desarrollo del hidrógeno verde.
En cuanto a la soberanía alimentaria, las medidas incluyen actuaciones anticipadas para garantizar el abastecimiento de los mercados nacionales con productos alimentarios básicos, reforzar la producción nacional de semillas y fertilizantes y apoyar la reconstrucción de la cabaña ganadera nacional.
La quinta prioridad tiene como objetivo construir una economía sólida, capaz de financiar las ambiciones sociales y de soberanía del país, al tiempo que se aceleran las reformas institucionales y se preserva la estabilidad de los equilibrios macroeconómicos y financieros.
En este marco, el proyecto contempla reforzar las inversiones en infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias, consolidar el dinamismo de la industria nacional y fortalecer la soberanía productiva mediante la sustitución de importaciones y una mayor integración local de los ecosistemas industriales.
También prevé incrementar la contribución de la inversión privada a la creación de riqueza y empleo. Para ello, se plantea acelerar la ejecución de los proyectos acordados con el Estado en el marco de la Carta de Inversión, simplificar los trámites para los inversores, reforzar el acompañamiento a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, y reestructurar la cartera pública para aumentar su capacidad inversora y atraer al sector privado.
