El apoyo al poder adquisitivo y el refuerzo de la protección social son dos de las prioridades del proyecto de Ley de Finanzas de 2027. Para aliviar la presión económica sobre los hogares, el Gobierno plantea medidas fiscales para los trabajadores, ayudas directas, la cobertura de algunos gastos energéticos y cambios en la regulación de los mercados alimentarios.
Una reforma del impuesto sobre la renta
La reforma del impuesto sobre la renta (IR) es una de las principales medidas anunciadas. Da continuidad a los cambios iniciados en 2025 y persigue tres objetivos: reducir la carga fiscal de los asalariados y de la clase media, simplificar los tramos impositivos y fomentar el empleo formal.
A partir de enero de 2027, el umbral anual exento del IR subirá de 40.000 a 60.000 dirhams. Junto con el aumento de la deducción por gastos profesionales, del 25% al 45%, la medida permitirá que los trabajadores con ingresos netos inferiores a 10.000 dirhams mensuales dejen de pagar este impuesto.
El Gobierno estima que el 87% de los asalariados se beneficiará de la exención. Para muchos de ellos, el ahorro rondará los 500 dirhams al mes. La reforma costará al Estado 5.500 millones de dirhams en 2027.
La memoria explicativa del proyecto también propone reducir de cinco a tres los tramos impositivos, con tipos progresivos del 10%, el 20% y el 30%. El tipo marginal máximo bajaría del 37% al 30%.
La reforma se aplicará gradualmente entre 2027 y 2031, tras evaluar su coste y sus efectos en los ingresos de los hogares y en la recaudación pública. El plan se acompañará de una ampliación de la base imponible y de medidas para combatir la evasión fiscal.
Suben las ayudas sociales y las pensiones
El proyecto de ley también prevé reforzar las ayudas sociales directas. En una primera fase, la prestación mensual mínima aumentaría de 500 a 600 dirhams y después subiría progresivamente hasta alcanzar los 1.000 dirhams. Esta primera subida requerirá 3.000 millones de dirhams adicionales.
El sistema tendrá más en cuenta la situación real de las familias. Para determinar quién recibe las ayudas, se dará mayor peso a los ingresos disponibles del hogar, con el fin de adaptar mejor la prestación a las circunstancias de cada beneficiario. Así, que un miembro de la familia empiece a trabajar ya no supondría automáticamente la retirada de la ayuda.
Los pensionistas también figuran entre los beneficiarios de las medidas. La pensión mínima alcanzaría los 1.700 dirhams mensuales en 2027 y aumentaría progresivamente hasta los 3.000 dirhams antes de que termine la legislatura. La medida beneficiaría a 500.000 personas, entre ellas más de 150.000 viudas.
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El Gobierno también prevé elevar del 50% al 100% la parte de la pensión que reciben las viudas. Esta medida alcanzaría a 431.000 personas. Ambas iniciativas se aplicarán de forma gradual, teniendo en cuenta las particularidades y el equilibrio financiero de los distintos regímenes de pensiones.
El Estado cubrirá las facturas de electricidad más bajas
El proyecto de Ley de Finanzas de 2027 también contempla una intervención directa en el gasto eléctrico. Desde enero de 2027, el Estado cubriría las facturas mensuales que no superen los 100 dirhams, para aliviar el presupuesto de los hogares afectados.
La medida podría beneficiar a unos seis millones de clientes, cerca del 60% del total, y tendría un coste anual estimado de 2.800 millones de dirhams. También incluiría algunas pequeñas actividades artesanales con un consumo eléctrico reducido, especialmente en zonas rurales.
Esta iniciativa se suma a las ayudas ya movilizadas para mantener el equilibrio del sector eléctrico. Entre 2022 y 2025, las transferencias del Estado a la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE) alcanzaron los 17.000 millones de dirhams. En 2026 se firmó además un acuerdo por 6.500 millones para contribuir a la recuperación financiera de la Oficina y acelerar su programa de inversiones, entre cuyos objetivos figura mantener las tarifas.
Se mantienen las ayudas a los productos básicos
Las ayudas a los productos de primera necesidad son otro de los instrumentos previstos para proteger el poder adquisitivo. En 2027 se destinarían 19.400 millones de dirhams a subvencionar el gas butano, el azúcar y la harina nacional de trigo blando, con el fin de garantizar su disponibilidad y mantener estables los precios en el mercado interno. El plan incluirá un seguimiento de los mercados internacionales y de su impacto en las necesidades de financiación de estas ayudas.
En 2026 se aprobaron créditos adicionales por 8.000 millones de dirhams, que elevaron a 22.000 millones el presupuesto para subvenciones. Esa partida permitió responder al aumento de los costes, en particular al encarecimiento de la subvención del butano, y reactivar las ayudas excepcionales a los profesionales del transporte por carretera. Entre enero y septiembre de 2026 se destinaron a este fin 2.488 millones de dirhams para amortiguar el aumento de los costes de explotación y su impacto en las tarifas del transporte.
El gas butano representa una parte importante de ese gasto. Entre enero y agosto de 2026, la subvención media por bombona de 12 kilos alcanzó los 61,79 dirhams, un 15,75% más que en el mismo periodo del año anterior.
La caída de los precios internacionales del azúcar debería reducir el coste neto para el Estado. En el caso del trigo blando, permitió mantener el coste de importación por debajo del precio objetivo de 270 dirhams por quintal, sin recurrir al mecanismo de recuperación. Las mejores condiciones climáticas de la campaña agrícola 2025-2026 también favorecieron la recuperación de la producción de azúcar y cereales y contribuyeron a garantizar un suministro regular.
Estas medidas se plantean en un contexto de tensiones en el sector energético. Las tensiones geopolíticas y las alteraciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz han aumentado la volatilidad de los precios, agravado las dificultades logísticas y encarecido el transporte y los seguros.
El mantenimiento de las ayudas busca limitar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios que pagan los consumidores. La medida forma parte de una estrategia más amplia para estabilizar el suministro de productos básicos.
Cambios en los mercados para contener los precios de los alimentos
Además de los ingresos y las ayudas directas, la memoria explicativa del proyecto de Ley de Finanzas de 2027 presta especial atención al funcionamiento de los mercados alimentarios. Para que los precios vuelvan a niveles razonables, el Gobierno considera necesario controlar mejor los costes de producción, almacenamiento y transporte, y fijar márgenes acordes con los servicios prestados. El objetivo es conciliar el poder adquisitivo de los hogares con una remuneración justa para los productores.
El Ejecutivo prevé reformar los canales de comercialización para reducir los costes asociados a los intermediarios, mejorar el abastecimiento y acercar a productores y compradores. La reforma también busca reducir las pérdidas, aumentar la competencia y hacer más transparentes las transacciones, en línea con la estrategia agrícola Generación Green.
Entre las medidas figura la elaboración de planes estacionales de abastecimiento para varios productos estratégicos, como cereales, patatas, cebollas, tomates, carne roja, sardinas y aceite de oliva.
Estos planes tendrán en cuenta las necesidades del mercado interno, las previsiones de producción, las existencias disponibles y los volúmenes destinados a la exportación, incluidos los ya comprometidos mediante contratos. La detección de posibles déficits permitirá anticipar la movilización de reservas, el apoyo a la producción o la autorización de importaciones temporales.
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Las ayudas agrícolas se orientarán también a mejorar la productividad, usar el agua de forma racional y reforzar la seguridad del abastecimiento nacional. Se concederán en el marco de contratos que fijarán los objetivos y compromisos de los beneficiarios. Se prestará especial atención a las explotaciones familiares y medianas y a las organizaciones de productores. Además, las exenciones y ayudas a la importación se evaluarán teniendo en cuenta los volúmenes importados, los costes, los márgenes de distribución y su efecto en los precios al consumidor.
Si existe riesgo de escasez, el Gobierno prevé recurrir a las existencias disponibles y adaptar las importaciones a las necesidades del mercado. Cuando las previsiones indiquen un déficit de suministro, podrá establecerse un calendario de importaciones y modificarse o reducirse los derechos de aduana.
Por el contrario, si el abastecimiento del mercado nacional está en peligro, podrán aplicarse restricciones temporales y proporcionadas a las exportaciones. Estas se basarán, entre otros criterios, en los niveles de existencias, los precios y el tiempo durante el cual puedan cubrirse las necesidades, respetando los compromisos comerciales de Marruecos y los contratos vigentes.
La intención es intervenir antes de que los desequilibrios entre la oferta y la demanda se traduzcan en subidas de los precios al consumidor. En 2027 comenzará la aplicación de estas medidas, con la puesta en marcha de herramientas de gestión, seguimiento y regulación.
Modernización de los mercados mayoristas y fomento de la venta directa
La reforma incluye cambios en el funcionamiento de los mercados mayoristas y un nuevo marco legislativo para regular la creación y gestión de estos espacios, tanto públicos como privados. También busca aclarar las competencias de las autoridades y las colectividades territoriales, así como los derechos y obligaciones de mayoristas e intermediarios. El Gobierno prevé revisar el régimen de los comisionistas y desvincular progresivamente la fiscalidad local de la obligación de hacer pasar las mercancías por determinados mercados mayoristas.
El plan prevé crear un complejo regional de comercialización para Rabat, Salé, Skhirat y Témara, con una inversión de 1.000 millones de dirhams. El proyecto reunirá actividades que hoy se desarrollan en varios mercados y mejorará las condiciones de comercialización.
La siguiente fase contempla terminar las obras y equipar las instalaciones, definir su modelo de gestión y trasladar a los comerciantes de los tres mercados mayoristas afectados. También se proyectan complejos en Casablanca, Berkane, Meknès, Marrakech, Agadir y Béni Mellal. Los acuerdos correspondientes están en preparación. A largo plazo, la red contará con doce plataformas regionales.
El Gobierno prevé asimismo crear seis sociedades regionales de agrupación y comercialización en las cuencas agrícolas de Souss, Tadla, Gharb, Loukkos, Doukkala-Abda y Oriental. Estas entidades se regirán por un pliego de condiciones común y estarán sujetas a una auditoría anual. Deberán garantizar plena transparencia en los precios y las tarifas. Su función será facilitar la recogida, clasificación, envasado, almacenamiento, refrigeración y transporte de los productos hasta los mercados. No actuarán como intermediarios públicos con el monopolio de la compra y la reventa.
Estas estructuras permitirán a agricultores y cooperativas acceder a distintos canales de venta, como las subastas o los contratos directos con los compradores. El sistema estará abierto a todos los operadores en igualdad de condiciones para fomentar la competencia y desarrollar circuitos más cortos, desde la venta directa hasta los mercados mayoristas.
La memoria también propone impulsar contratos de suministro directo entre productores, cooperativas, comercios minoristas, grandes superficies y empresas de restauración colectiva. Los acuerdos precisarán las cantidades, los criterios de calidad, las condiciones de entrega y pago, y las fórmulas para revisar los precios. La iniciativa contará con productos bancarios y seguros vinculados a los contratos y las existencias, así como con medidas para prevenir prácticas comerciales abusivas.
Mejor conservación y trazabilidad de los productos
La reforma de los canales alimentarios también afecta a la conservación y el transporte. En los principales puertos de pesca artesanal, entre ellos Larache, Al Hoceima, Safi, Tan-Tan, Laâyoune y Dakhla, el Gobierno prevé construir cámaras frigoríficas con tarifas asequibles.
El objetivo es conservar mejor los productos pesqueros tras su descarga y reforzar la capacidad de negociación de los pescadores. También se adoptarán medidas para mejorar la cadena de frío y transportar los productos hasta los mercados del interior.
En el caso de la carne roja, las medidas anunciadas incluyen la identificación digital del ganado, la modernización de los mercados de animales y los mataderos, y una mejor trazabilidad de las canales. El pesaje y la facturación también contribuirán a hacer más transparentes las transacciones.
En los canales de comercialización del pescado se mejorará el seguimiento de las ventas de primera comercialización mediante su digitalización. También se reforzarán los controles sobre el transporte y la conservación, así como el uso de vehículos refrigerados para llevar los productos a los mercados del interior. Estas iniciativas, al igual que los contratos de venta directa, continuarán en 2028 y 2029.
La modernización no se limitará a las grandes plataformas. El Gobierno también prevé mejorar los mercados locales, los zocos semanales y el comercio ambulante, con normas sanitarias y administrativas más sencillas y adaptadas, y una mejor conexión con las plataformas de abastecimiento.
Más control de los precios y los márgenes
La memoria propone, por último, crear un sistema nacional de información sobre los mercados alimentarios. La plataforma centralizará datos sobre los precios en las distintas etapas de comercialización —producción, venta mayorista y venta minorista—, los niveles de existencias y los flujos de abastecimiento. El seguimiento se centrará en productos de consumo habitual como cereales, patatas, cebollas, tomates, carne roja, sardinas y aceite de oliva.
El sistema permitirá detectar con mayor rapidez las tensiones en la oferta, las variaciones inusuales de los márgenes y los riesgos de desabastecimiento. También incluirá alertas ante un aumento anormal de los márgenes comerciales o la falta de productos. La información recopilada podrá orientar las decisiones sobre importaciones, movilización de existencias y controles en los mercados.
El plan contempla reforzar las inspecciones permanentes basadas en el riesgo, ampliar la facturación digital y mejorar la trazabilidad fiscal y sanitaria. También prevé combatir el almacenamiento especulativo, las prácticas contrarias a la competencia y el fraude en el peso o la calidad de los productos. Si fuera necesario, los datos podrán remitirse al Consejo de la Competencia dentro del ámbito de sus competencias.
