Durante el lanzamiento del diálogo social, el 17 de abril, muchos esperaban que el Gobierno precisara por fin los contornos de la reforma de las pensiones. Sin embargo, el Ejecutivo se limitó a un anuncio sucinto, incluido en el comunicado que siguió a la reunión con los interlocutores sociales. «El Gobierno se ha comprometido a abrir un debate global y profundo sobre la categoría de jubilados que perciben pensiones inferiores al umbral mínimo salarial», puede leerse.
A primera vista, esta formulación deja pensar en una voluntad de alinear la pensión mínima, actualmente fijada en 1.000 dirhams en el sector privado (CNSS) y en 1.500 dirhams en el sector público (CMR), con los niveles del salario mínimo, es decir, aproximadamente 3.400 dirhams brutos para el SMIG y cerca de 2.500 dirhams para el SMAG. Una perspectiva de este tipo, si llegara a concretarse, afectaría a una amplia franja de jubilados con bajos ingresos.
En esta óptica, Le360 solicitó a las diferentes cajas de jubilación del régimen básico obligatorio para evaluar mejor el número de beneficiarios potenciales de una medida así. De ello se desprende que, en el Régimen colectivo de asignación de jubilación (RCAR), que cubre a los agentes de las colectividades territoriales y de ciertos establecimientos públicos, de un total de 96.084 pensionistas, 28.087 perciben una pensión inferior a 3.000 dirhams, es decir, el 29% de los beneficiarios.
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La proporción es aún más elevada en la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), que cubre a los asalariados del sector privado. De 848.367 jubilados, cerca de dos tercios, es decir, aproximadamente 566.000 personas, perciben una pensión inferior a 3.000 dirhams, todas las prestaciones incluidas (vejez, invalidez y supervivientes).
En cuanto a la Caisse marocaine des retraites (CMR), en cambio, silencio total. A pesar de varias solicitudes dirigidas a su director, Lotfi Boujendar, no se ha comunicado ningún dato. ¿Se trata de una elección deliberada de bloquear la comunicación sobre la situación financiera de la caja, cuyas reservas están en declive desde hace varios años?
El mismo malestar parece rodear el expediente a nivel gubernamental. Interpelada el lunes 27 de abril en el Parlamento por diputados de la oposición, que la cuestionaron directamente sobre una posible dimisión debido a la incapacidad del Gobierno para presentar una reforma consensuada, prometida para mayo de 2026, la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah, respondió en un tono inusualmente contundente: «Podría haber presentado mi dimisión si esta crítica viniera de alguien que se hubiera tomado la molestia de resolver estos expedientes antes de nuestra llegada. En ese caso, no habría tenido que dimitir, porque el problema ya estaría resuelto».
Luego intentó justificar los retrasos acumulados: «Nos hemos tomado el tiempo, junto con los sindicatos y el patronato, de estudiar cuidadosamente los regímenes de jubilación, caja por caja. El día en que estemos preparados, social y políticamente, para presentar la propuesta del Gobierno, lo haremos. No se trata de anunciar medidas para luego escuchar que son rechazadas. Hemos analizado las cifras, trabajado en soluciones. El expediente es complejo y debe tratarse con responsabilidad».
A pesar de estas garantías, la incertidumbre persiste por completo. Y la puesta en primer plano de la cuestión de la pensión mínima, en este contexto, aparece para muchos como una distracción, o incluso una huida hacia adelante.
Porque antes incluso de considerar una revalorización de las pequeñas pensiones, lo que está en juego es el equilibrio global de los regímenes. Varias cajas ya presentan fragilidades estructurales, y cualquier medida de aumento no respaldada por una reforma paramétrica o sistémica corre el riesgo de agravar desequilibrios ya preocupantes.
En otras palabras, detrás del debate socialmente sensible sobre la pensión mínima se esconde una ecuación mucho más compleja: la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilación marroquí.
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Por parte de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), se afirma claramente que el tema de la pensión mínima nunca ha sido abordado ni en las reuniones bilaterales con el Gobierno, ni en el seno de la comisión técnica encargada de la reforma de las pensiones. Para el patronato, esta reivindicación procede esencialmente de los sindicatos y no figura en el marco formal de las discusiones técnicas.
Pero esta reivindicación llega en un momento considerado crítico. Varios actores estiman que plantear hoy la cuestión de un aumento de la pensión mínima equivale a ignorar la situación real de los regímenes. Algunas cajas ya estarían en déficit técnico, sobreviviendo únicamente gracias a sus reservas, mientras que otras se dirigen hacia un horizonte aún más preocupante. El régimen civil de la CMR, principal dispositivo de jubilación de los funcionarios del sector público, se cita como el ejemplo más sensible, con una perspectiva de agotamiento progresivo de sus reservas en los próximos años.
A pesar de la celebración de varias reuniones de la comisión técnica encargada de la reforma de las pensiones, el expediente apenas ha avanzado. Durante estos encuentros, se examinaron proyecciones actuariales procedentes de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Finanzas y la Autoridad de control de seguros y de la previsión social (ACAPS).
Hasta la fecha, el Gobierno no ha lanzado ni una reforma paramétrica de envergadura ni ha aplicado la reforma sistémica anunciada para la legislatura 2021-2026.
El Ejecutivo parece haber privilegiado un enfoque basado en la búsqueda de consenso, una postura que algunos actores interpretan ahora como un factor de inercia o incluso de bloqueo. A largo plazo, con la llegada de un próximo Gobierno, podría imponerse una reforma bajo presión. El riesgo de una imposición se volvería entonces difícil de descartar, sobre todo si los desequilibrios financieros de los regímenes continúan agravándose.
La cuestión de la pensión mínima se percibe así como secundaria frente a las urgencias estructurales. Algunos se preguntan por la pertinencia de una revalorización cuando cajas como la CMR ya tienen dificultades para cumplir sus compromisos a medio plazo.
En el sector privado, el régimen gestionado por la CNSS registró una revalorización del 5% de las pensiones en 2022, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2020. La pensión mínima se fija ahora en 1.000 dirhams, siempre que se validen al menos 1.320 días de cotización, frente a los 3.240 anteriores. Este relajamiento del umbral de acceso, en vigor desde el 1 de mayo de 2025 con efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, marca una evolución significativa del sistema. Sin embargo, esta reforma tiene un coste estimado de cerca de 9.000 millones de dirhams en diez años, hasta 2034, y ha contribuido a acelerar el déficit técnico, haciendo más difícil cualquier nueva revalorización.
Así, cualquier aumento de la pensión mínima debería necesariamente ir acompañado de ajustes técnicos, de lo contrario podría agravar los desequilibrios estructurales existentes. Incluso podría adelantar varios años el agotamiento de las reservas.
El régimen de la CNSS ya se encuentra en déficit técnico con una pensión mínima de 1.000 dirhams. A modo ilustrativo, pasar de 1.000 a 3.000 dirhams sin medidas compensatorias tendría un impacto significativo: el agotamiento previsto para 2034 podría adelantarse a 2028.
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Se trata, por tanto, de un parámetro central que debe integrarse en cualquier reforma para preservar el equilibrio actuarial del sistema. Este ajuste implica un esfuerzo financiero considerable. Queda por determinar quién asumirá el coste.
Se plantea entonces la cuestión de la financiación. Una de las hipótesis es que el Estado asuma el coste mediante una contribución presupuestaria. Pero queda por aclarar si afectaría solo al sector público o también al privado.
«Cuando se revalorizaron las pensiones de la CMR, el coste fue asumido íntegramente por el Estado. En cambio, en la CNSS, el coste lo asumió el propio régimen», señala un sindicalista.
En la CGEM, el impacto financiero se anticipa claramente: «Cuanto antes actuemos, menor será el coste. Si no hacemos un esfuerzo del 5% hoy, podría ser del 7% en dos años».
Las organizaciones patronales se muestran dispuestas a contribuir, pero con una condición: que los sindicatos acepten aumentar sus cotizaciones. En el sector público, las cotizaciones se reparten al 50% entre el Estado y el funcionario, mientras que en el sector privado el empleador paga aproximadamente dos tercios.
En este contexto, cualquier debate sobre la revalorización parece prematuro. El bloqueo político persiste y no hay consenso. El método del Gobierno también es criticado. Condicionar la reforma al consenso ha complicado el proceso.
En definitiva, la conclusión es clara: antes de aumentar las pensiones, es imprescindible consolidar el sistema. Sin una reforma sólida —sobre cotizaciones, edad de jubilación y cálculo— cualquier mejora podría empeorar la situación en lugar de resolverla. «El jefe de Gobierno cometió el error de exigir consenso total. A veces, las reformas deben imponerse», concluye un observador, recordando la reforma de Abdelilah Benkirane, que optó por decisiones impopulares pero necesarias para garantizar la continuidad del sistema.
