En 2024, los envíos de dinero de las comunidades migrantes hacia países de ingresos bajos y medios alcanzaron aproximadamente los 700.000 millones de dólares americanos. Esta cifra sobrepasa la suma de la ayuda pública al desarrollo y la inversión extranjera directa mundial, lo que convierte a estas redes en actores económicos determinantes durante las catástrofes y los periodos de reconstrucción.
El documento resalta que los colectivos en el exterior se organizan con rapidez y disponen de canales de confianza que facilitan soluciones adaptadas a las realidades locales, aunque el sistema humanitario internacional formal todavía los integra de manera parcial.
La directora general adjunta de operaciones de la OIM, Ugochi Daniels, explicó que el objetivo actual es pasar de la solidaridad espontánea a alianzas estructuradas que refuercen las respuestas locales antes, durante y después de las crisis.
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Como ejemplo de esta gestión, el estudio cita los análisis realizados en Haïti, donde más de un centenar de asociaciones de la diáspora se movilizaron en pocos días tras el terremoto de 2021, además de evaluar experiencias similares en el Liban, Philippines, Somalie y Ukraine.
Para optimizar estos flujos, la institución propone a los donantes internacionales el diseño de mecanismos de financiación flexibles y el desarrollo de herramientas digitales de coordinación.
Estas medidas se integrarán en la próxima Estrategia Diáspora de la OIM, un plan que busca consolidar la participación de las comunidades en el extranjero como un pilar central de la acción humanitaria global.
