El problema no es que el Parlamento Europeo examine estos acontecimientos. Tiene pleno derecho a hacerlo y la gravedad de esta tragedia exige, además, un análisis riguroso de sus causas, su desarrollo y su gestión operativa. El problema es que, antes incluso de iniciarse el debate, su propio título parece haber calificado ya el acto, establecido su intencionalidad y designado implícitamente a su responsable.
Un Parlamento no debería partir de una condena para buscar después los elementos susceptibles de justificarla. Debería partir de los hechos para llegar, tras un examen contradictorio, a una conclusión.
Una tragedia que exige, ante todo, la verdad
Los acontecimientos del 30 y 31 de julio provocaron una situación humanitaria y de seguridad de excepcional gravedad. Miles de personas se dirigieron hacia Ceuta en un periodo de tiempo muy breve. Se perdieron vidas, numerosas familias siguen esperando información y los servicios públicos de ambos lados de la frontera fueron sometidos a una presión extraordinaria.
La primera exigencia es, por tanto, la dignidad debida a las víctimas, a los desaparecidos, a sus familiares y a todas las personas que fueron expuestas al peligro.
La segunda es la verdad.
Cualquier posible deficiencia debe ser examinada. Toda responsabilidad operativa debe esclarecerse. Todo error debe reconocerse y cualquier manipulación debe ser identificada. Pero la gravedad de un acontecimiento no convierte automáticamente una hipótesis en prueba ni una acusación política en un hecho jurídicamente establecido.
Antes de utilizar expresiones tan graves como «chantaje», «guerra híbrida» o «instrumentalización estatal de los migrantes», debe formularse una pregunta elemental: ¿qué pruebas existen de una decisión del Estado marroquí destinada a organizar, dirigir o facilitar deliberadamente estos cruces?
Hasta la fecha, no se ha hecho pública ninguna instrucción autentificada, orden operativa, exigencia política o cadena de mando que demuestre la existencia de semejante decisión.
Cuatro preguntas que no deben confundirse
Para comprender lo sucedido es necesario distinguir cuatro cuestiones diferentes.
¿Qué ocurrió sobre el terreno, hora por hora y sector por sector? ¿Se cometieron errores o insuficiencias operativas? ¿Qué papel desempeñaron las redes criminales, los traficantes y la movilización digital? Finalmente, ¿existen pruebas de una decisión política del Estado marroquí orientada a provocar esta crisis?
Las tres primeras preguntas merecen una investigación completa. La cuarta no puede darse por resuelta simplemente porque la magnitud de los acontecimientos haya sido excepcional.
«La capacidad no debe confundirse con la intención. Un fallo operativo, por grave que sea, no basta para demostrar la existencia de una estrategia de Estado.»
— Lahcen Haddad
Una frontera puede verse desbordada. Las fuerzas desplegadas pueden tener que hacer frente a un movimiento simultáneo, rápido y geográficamente disperso. Pueden producirse errores de evaluación o coordinación. Pero la incapacidad momentánea para contener todos los movimientos en cada punto no constituye, por sí misma, la prueba de una voluntad de facilitarlos.
La capacidad no debe confundirse con la intención. Un fallo operativo, por grave que sea, no basta para demostrar la existencia de una estrategia de Estado.
Una movilización preparada en las redes sociales
Los acontecimientos no comenzaron espontáneamente la mañana del 30 de julio. Durante los días anteriores habían circulado en WhatsApp, Facebook y otras plataformas digitales llamamientos a una entrada masiva en Ceuta.
Grupos con audiencias considerables difundieron puntos de encuentro, itinerarios, horarios e indicaciones prácticas para cruzar la frontera por mar o a través del perímetro terrestre. Informaciones hechas públicas en España se refirieron a grupos seguidos por aproximadamente 180.000 personas.
El 30 de julio fue presentado como una «oportunidad» que debía aprovecharse, con el argumento de que las instituciones y los servicios de seguridad marroquíes estarían movilizados por las celebraciones de la Fiesta del Trono.
Las imágenes y los vídeos de personas que aparentemente habían logrado llegar a Ceuta produjeron después un poderoso efecto de imitación. Interpretaciones, en ocasiones engañosas, de determinados cambios judiciales españoles relacionados con las devoluciones marítimas también fueron difundidas como prueba de que el cruce se había vuelto más fácil.
A esta dinámica se sumaron las redes de traficantes y facilitadores criminales, capaces de explotar de forma inmediata la viralidad de los contenidos y la esperanza generada por las primeras llegadas.
La movilización digital, la desinformación, los vídeos de cruces exitosos y las instrucciones prácticas constituyeron, por tanto, factores autónomos y poderosos. Reconocerlos no exime en absoluto de examinar la actuación de las autoridades. Pero ignorarlos para reducir toda la crisis a una supuesta decisión de Rabat equivale a descartar aquellos elementos que no encajan en una conclusión elegida de antemano.
Marruecos ya intervenía antes del 30 de julio
Durante los días anteriores a la crisis, las fuerzas de seguridad marroquíes ya habían llevado a cabo operaciones preventivas. Se interceptaron intentos de salida, se dispersaron concentraciones, se restringió el acceso a determinadas zonas y se persiguió a personas sospechosas de participar en la organización de los cruces.
Estas intervenciones continuaron incluso durante el periodo que algunos observadores describieron posteriormente como una «relajación» deliberada de los controles.
Es legítimo preguntarse si los medios desplegados eran suficientes, si las alertas fueron correctamente aprovechadas y si la coordinación podría haber sido mejor. Lo que no es legítimo es transformar automáticamente una supuesta insuficiencia en una orden política y, después, esa supuesta orden en un «ataque híbrido», sin aportar los elementos que permitan establecer esa cadena de responsabilidad.
¿Por qué elegir la Fiesta del Trono?
La fecha del 30 de julio también merece un análisis racional.
La Fiesta del Trono es una de las principales celebraciones nacionales de Marruecos. Las instituciones del Estado y los servicios de seguridad se movilizan en todo el país con motivo de las ceremonias oficiales y los actos públicos.
Los mensajes difundidos en internet invitaban expresamente a quienes pretendían cruzar la frontera a aprovechar esa movilización nacional. La fecha representaba, por tanto, una oportunidad para los organizadores del movimiento.
En cambio, ¿qué interés habría tenido Marruecos en provocar deliberadamente una crisis masiva precisamente ese día? ¿Por qué habría decidido poner en peligro a sus propios ciudadanos, perturbar su propia celebración nacional, someter a sus fuerzas de seguridad a una presión excepcional y desencadenar una crisis internacional perfectamente previsible?
El simbolismo del 30 de julio respalda mucho más la hipótesis de que la fecha fue aprovechada por los organizadores de los cruces que la de una operación planificada por el Estado marroquí.
Chantaje, ¿para obtener qué?
El término «chantaje» se utiliza profusamente. Sin embargo, un chantaje presupone necesariamente una exigencia, una condición o la búsqueda de una concesión mediante la coacción.
¿Cuál era, entonces, la exigencia de Marruecos? ¿Qué ultimátum habría transmitido a España o a la Unión Europea? ¿Qué concesión habría reclamado Rabat a cambio de detener los cruces?
No se ha identificado ninguna exigencia de esa naturaleza.
Un chantaje sin exigencia, sin ultimátum y sin contrapartida reclamada no es un chantaje. Es una calificación política privada de su elemento fáctico esencial.
La noción de «guerra híbrida» exige todavía mayor prudencia. Presupone coordinación, intención hostil y utilización deliberada de diversos instrumentos para desestabilizar o coaccionar a otro Estado. No puede deducirse únicamente de la magnitud de un movimiento migratorio ni de una supuesta deficiencia en el control fronterizo durante determinadas horas.
De lo contrario, una categoría estratégica precisa se convierte simplemente en una fórmula mediática utilizada para otorgar a una hipótesis la apariencia de un hecho.
Los actos posteriores contradicen la tesis de una operación coercitiva
Cuando la magnitud del movimiento se hizo evidente, las fuerzas marroquíes restablecieron y reforzaron los controles. Marruecos cooperó posteriormente en la readmisión de un número muy elevado de personas que habían cruzado la frontera.
También confirmó oficialmente su disposición a readmitir a los migrantes irregulares afectados y solicitó el retorno urgente de los menores marroquíes no acompañados junto a sus familias.
Estos actos son difícilmente compatibles con la teoría de una política deliberada de instrumentalización migratoria. Un Estado implicado en una operación coercitiva no trataría simultáneamente de impedir las salidas, restablecer el control, aceptar las readmisiones y solicitar el retorno de sus menores.
La cooperación migratoria marroquí tampoco se limita a esas dos jornadas. Entre 2023 y 2025, las autoridades marroquíes impidieron más de 227.000 intentos de migración irregular, desmantelaron más de 1.050 redes de tráfico y rescataron a decenas de miles de personas en el mar.
Estos resultados no impiden ninguna crítica ni conceden a Marruecos inmunidad alguna frente al examen de sus actuaciones. Demuestran, sin embargo, que su política constante se basa en la prevención, el rescate, la readmisión y la cooperación, y no en la utilización sistemática de la migración como arma.
Puede que exista instrumentalización, pero ¿por parte de quién?
Personas vulnerables fueron claramente alentadas a arriesgar sus vidas sobre la base de promesas, vídeos, rumores e informaciones a menudo engañosas. Existe, por tanto, una verdadera cuestión de instrumentalización.
Pero constatar esa instrumentalización no permite atribuir automáticamente su responsabilidad a un Estado.
Es necesario identificar las cuentas que lanzaron los llamamientos, los administradores de los grupos, las redes que difundieron los itinerarios, las posibles fuentes de financiación, los traficantes y los actores que amplificaron los contenidos. Hay que determinar quién manipuló a quién, mediante qué instrumentos y con qué objetivo.
La identidad del responsable de la instrumentalización debe demostrarse, no presumirse.
El Parlamento Europeo debe debatir, pero sobre la base de los hechos
El Parlamento Europeo está plenamente legitimado para examinar los acontecimientos de Ceuta, interrogarse sobre los mecanismos de protección de las fronteras exteriores y pedir respuestas a las instituciones afectadas.
Pero su debate ganaría credibilidad si distinguiera claramente los hechos verificados de las acusaciones; las deficiencias operativas de la intención política; las actuaciones de las redes criminales de las propias de las instituciones estatales; y la crítica legítima de la acusación sin pruebas.
La respuesta más útil no sería una resolución basada en calificaciones establecidas de antemano. Consistiría en elaborar una cronología común, mejorar el intercambio de alertas en tiempo real, reforzar la lucha contra los traficantes y la incitación digital, coordinar las respuestas ante movimientos repentinos, identificar a las víctimas y a los desaparecidos y garantizar el retorno legal y humano de los migrantes irregulares y de los menores no acompañados.
«Ni Marruecos, ni España, ni la Unión Europea ganarán nada convirtiendo una tragedia humana en instrumento de polarización política.»
— Lahcen Haddad
Marruecos no pide a nadie que renuncie al examen crítico. Pide simplemente que ese examen sea completo, equilibrado y sometido a las mismas exigencias probatorias que Europa reivindica en sus propias tradiciones jurídicas y democráticas.
Nuestras dos orillas están unidas por la geografía, la seguridad, los intercambios humanos y unos intereses estratégicos comunes. Ni Marruecos, ni España, ni la Unión Europea ganarán nada convirtiendo una tragedia humana en instrumento de polarización política.
La verdad no protege a ningún Gobierno frente a sus posibles responsabilidades. Pero sí protege el debate democrático frente a una deriva igualmente peligrosa: pronunciar el veredicto antes de haber establecido los hechos.
El autor se expresa en su calidad de copresidente marroquí de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos–Unión Europea. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente suyas.
