El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves una proposición de ley que, bajo la etiqueta de «reparación histórica», permite a Madrid intervenir directamente en una de las cuestiones más sensibles para la integridad territorial de Marruecos. El texto salió adelante con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones y pasa ahora al Senado antes de su eventual aprobación definitiva.
PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios respaldaron la iniciativa, Vox votó en contra y el Partido Popular y Junts se abstuvieron. En la tribuna asistía también el representante en España del Frente Polisario.
Medio siglo después de abandonar el territorio, Madrid vuelve así a atribuirse la facultad de administrar identidades en el Sáhara.
Una ley que no es políticamente neutral
La concesión de la nacionalidad es una competencia soberana de España. Pero el ejercicio de esa competencia deja de ser políticamente neutral cuando se construye sobre una identidad territorial disputada, se extiende a personas residentes en otro país y se presenta desde la tribuna parlamentaria como un acto de «valentía frente a Marruecos».
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La propia Tesh Sidi, diputada de Más Madrid integrada en Sumar y principal impulsora del texto, declaró que abstenerse o votar contra la proposición equivalía a «estar del lado de Marruecos». Con esa frase desapareció cualquier pretensión de presentar la norma como una medida exclusivamente humanitaria.
Si votar a favor significa enfrentarse a Marruecos y abstenerse supone ponerse de su lado, entonces la nacionalidad española ha sido convertida explícitamente en instrumento de confrontación política.
La proposición no circunscribe su alcance a las personas en situación de apatridia ni a quienes residen en España o en los campamentos de Tinduf. El texto aprobado permite solicitar la nacionalidad a quienes acrediten haber nacido en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no tengan residencia legal en España. También permite a sus descendientes de primer grado optar por ella dentro de los cinco años siguientes a la inscripción de la nacionalidad española de cualquiera de sus progenitores. Sin embargo, el texto no permite determinar cuántos potenciales beneficiarios la solicitarían o llegarían a obtenerla.
El colonialismo que vuelve a resultar útil
La contradicción más llamativa aparece en el propio preámbulo de la proposición. El texto reconoce que el régimen de Franco transformó sus colonias africanas en provincias para intentar eludir el proceso de descolonización promovido por Naciones Unidas. Admite, por tanto, que la provincialización del Sáhara fue una maniobra de la dictadura destinada a disfrazar una colonia de territorio metropolitano.
Sin embargo, unas líneas después utiliza precisamente esa provincialización como fundamento para conceder ahora la nacionalidad española. La denominada provincia número 53 sería una ficción colonial cuando sirve para condenar al franquismo, pero se convierte en una realidad jurídica indiscutible cuando permite obtener un pasaporte de la Unión Europea.
El artificio colonial denunciado durante medio siglo reaparece súbitamente convertido en fuente de derechos.
Se habla de «recuperación», pero se legisla una nueva adquisición
Los defensores de la ley sostienen que España no concede la nacionalidad, sino que la «devuelve». El argumento tiene eficacia política, pero está lejos de constituir una verdad jurídica indiscutible. El Real Decreto 2258/1976 reconoció a determinados naturales del Sáhara el derecho a optar por la nacionalidad española durante un año. El procedimiento estaba limitado a quienes poseyeran documentación expedida por España y exigía una manifestación expresa de voluntad ante el Registro Civil o un consulado. Una vez vencido el plazo, los pasaportes y documentos de quienes no hubieran ejercido esa opción quedaban sin validez.
Pero el decreto existió y demuestra que el propio Estado español no reconoció una continuidad automática y colectiva de la nacionalidad.
La jurisprudencia española tampoco ha establecido que todas las personas nacidas en el antiguo Sáhara fueran españolas de origen por el mero hecho de haber nacido allí.
La fórmula elegida por el Congreso confirma esa debilidad. El texto recurre a la carta de naturaleza, un mecanismo de concesión previsto para circunstancias excepcionales. Si la nacionalidad perteneciera todavía jurídicamente a todos los beneficiarios, no sería necesario crear una vía excepcional para concederla medio siglo después. Se habla de «recuperación», pero se legisla una nueva adquisición.
Madrid decidirá quién es «saharaui» ?
La proposición permite solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes acrediten haber nacido en el Sáhara antes del 29 de septiembre de 1977, aunque nunca hayan residido legalmente en España. Sus descendientes directos dispondrán después de cinco años para optar también por ella.
España crea así una categoría hereditaria. Ya no se trata solamente de reparar la situación personal de quienes estuvieron sujetos a su antigua administración. El beneficio se transmite a una generación que nunca vivió bajo dominio español y que puede haber nacido, crecido y residido siempre en Marruecos, Argelia o cualquier otro país.
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El texto incorpora además un recibo de inscripción en el censo elaborado para el fallido referéndum de Naciones Unidas. Un listado vinculado a un proceso político bloqueado durante décadas pasa de este modo a producir efectos dentro del derecho español.
No se trata de un detalle técnico. España concede valor jurídico a una clasificación obsoleta y carente de validez jurídica, y la incorpora a su legislación nacional. Al hacerlo, pretende decidir desde Madrid quién pertenece a una población diferenciada dentro del Sáhara marroquí.
Esa facultad de identificación resulta especialmente problemática porque las estimaciones sobre los beneficiarios oscilan considerablemente. Se ha hablado de 70.000, 80.000, 110.000 y hasta 200.000 personas si se incluyen los descendientes. El Congreso ha aprobado así una vía colectiva sin disponer siquiera de una cifra precisa de quienes podrán acogerse a ella.
La ciudadanía española con juramento al rey
La norma modifica además el artículo 22 del Código Civil para reducir de diez a dos años el periodo de residencia legal exigido a las personas originarias del Sáhara y sus descendientes, equiparándolos con los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, así como con los sefardíes.
Los interesados podrán acreditar su situación mediante un antiguo DNI español, documentos de la Administración colonial, certificados de nacimiento, libros de familia o un recibo de inscripción en el censo elaborado para el referéndum del Sáhara. También se podrán valorar conjuntamente certificados de escolarización u hospitalización, permisos de conducir, pensiones y otros documentos administrativos.
La solicitud deberá presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la futura ley, con la posibilidad de prorrogar el plazo un año más. El Ministerio de Justicia tendrá doce meses para resolver y la ausencia de respuesta equivaldrá a una desestimación.
La concesión solo será efectiva después de que el solicitante jure o prometa fidelidad al rey de España y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas. Ese detalle, recogido expresamente en el dictamen aprobado, resume quizá mejor que ningún discurso la singularidad del «día histórico» celebrado en el hemiciclo. Quienes denuncian décadas de colonialismo español presentan como acto de liberación la adquisición de la nacionalidad española y el juramento de fidelidad al jefe del Estado de la antigua metrópoli.
El oportunismo del PSOE
El PSOE se sumó finalmente a la celebración después de haber votado contra la tramitación de esta misma proposición en febrero de 2025. La iniciativa permaneció bloqueada durante más de un año hasta que socialistas y Sumar alcanzaron un acuerdo para recuperarla.
El diputado socialista Artemi Rallo habló este jueves de un «hito histórico» y reivindicó el compromiso de su partido. No explicó por qué esa deuda supuestamente urgente podía esperar mientras el PSOE rechazaba el texto, ni qué convirtió de repente una propuesta inaceptable en una reparación imprescindible.
El partido llegó incluso a intentar suavizar las referencias a las personas originarias del Sáhara durante la tramitación. Finalmente votó a favor y trató de apropiarse del «liderazgo» de una iniciativa que había comenzado bloqueando.
El PP tampoco escapó a los bandazos. Primero facilitó la tramitación, después rechazó el dictamen y finalmente se abstuvo. Los populares defienden reducir a dos años el plazo de residencia necesario para solicitar la nacionalidad, pero no aceptan una concesión colectiva mediante carta de naturaleza.
Solo Vox mantuvo el rechazo. Ignacio Hoces sostuvo que la nacionalidad española «no puede ser una indemnización de hoy por la injusticia de ayer vía el BOE» y reclamó mayores controles sobre los documentos.
Una decisión soberana con una carga política evidente
Para muchos habitantes de los campamentos de Tinduf, el pasaporte español ofrecerá una vía de salida hacia Europa, acceso a universidades, movilidad laboral y una alternativa individual a la dependencia de las estructuras separatistas. La medida también vuelve a colocar bajo los focos la situación creada por Argelia, que acoge desde hace medio siglo a esa población sin integrarla plenamente ni concederle la nacionalidad argelina.
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La ciudadanía española podría acabar funcionando menos como instrumento de construcción de la entidad separatista que como puerta de salida de unos campamentos cuya supervivencia política depende precisamente de retener a su población.
Es la última paradoja de una ley construida sobre estas contradicciones. España pretende reparar las consecuencias de su colonialismo recurriendo al vínculo jurídico creado por ese mismo colonialismo. Medio siglo después, la descolonización imaginada por una parte del Congreso español conduce finalmente a una ventanilla del Ministerio de Justicia y a un pasaporte de la antigua metrópoli.
