El Gobierno español prepara un decreto ley extraordinario para acelerar las devoluciones a Marruecos de migrantes que todavía permanecen en Sebta, casi dos meses después de la entrada masiva registrada a finales de julio.
La norma podría llegar al Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, de acuerdo con la información adelantada por El País. El Ministerio del Interior habría asumido la dirección de los trabajos, en los que participan varios departamentos del Ejecutivo.
El texto se encuentra todavía en fase de borrador y no ha sido publicado oficialmente, por lo que algunas medidas podrían cambiar antes de su aprobación. Su objetivo principal es reducir los plazos administrativos y judiciales que actualmente retrasan las devoluciones cuando una persona solicita protección internacional.
La normativa española vigente impide ejecutar una devolución mientras una solicitud de protección internacional continúa pendiente o no ha sido inadmitida. Esta garantía aparece recogida en el Reglamento de Extranjería y permite la permanencia provisional del solicitante hasta que se adopte una decisión.
Recursos reducidos a cinco días
Una de las principales medidas contempladas consiste en reducir a cinco días naturales el plazo para recurrir determinadas resoluciones negativas de asilo. Estos procedimientos también pasarían a tramitarse de manera preferente ante los tribunales.
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El borrador permitiría además que algunas devoluciones siguieran adelante sin esperar a que concluyan todos los recursos. La solicitud de protección continuaría tramitándose incluso si la persona ya hubiese sido devuelta fuera del territorio español.
Esta posibilidad afectaría, mientras permanezca vigente la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Sebta el 25 de agosto, a ciudadanos procedentes de países considerados seguros, a quienes presenten solicitudes sucesivas y a las personas calificadas como una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.
El Gobierno estudia asimismo suprimir el examen previo de determinados expedientes por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). En el procedimiento ordinario, este organismo analiza el expediente y formula una propuesta antes de que el ministro del Interior conceda o deniegue la protección.
Interior también plantea que el abandono de los centros de acogida pueda interpretarse, en determinados casos, como un desistimiento de la solicitud. El expediente quedaría archivado y la persona podría pasar a un procedimiento de devolución. Esta medida continúa siendo discutida entre los ministerios que preparan la norma.
Su aplicación podría generar controversia debido a las condiciones de los dispositivos temporales de Sebta y a que numerosas personas han permanecido durante semanas en playas, calles y asentamientos informales ante la falta de plazas suficientes.
La mayoría pide protección internacional
Hasta el 22 de septiembre, 2.546 adultos habían completado el triaje policial previo y la mayoría había manifestado su intención de solicitar protección internacional. El ministro de Política Territorial y coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, considera que gran parte de las peticiones serán rechazadas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que únicamente alrededor del 1% de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos marroquíes termina siendo aceptado. No obstante, cada expediente debe ser examinado individualmente para determinar si existen motivos de persecución o riesgos que justifiquen la protección.
Las cifras sobre el número de migrantes que continúan en Sebta varían entre las diferentes administraciones y fechas de recuento. Informaciones publicadas durante la última semana situaban el balance entre más de 10.000 y aproximadamente 13.000 personas, distribuidas entre centros oficiales y asentamientos informales.
El Gobierno ya había reforzado la Oficina de Asilo y Refugio y convocado reuniones extraordinarias de la CIAR. El decreto aprobado el 1 de septiembre también destinó personal adicional a la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Sebta para hacer frente a la acumulación de expedientes.
Un encaje jurídico delicado
La tramitación mediante decreto ley plantea dudas por afectar a materias vinculadas con el derecho de asilo y reguladas parcialmente mediante leyes orgánicas. El Ejecutivo trata de dotar al texto de suficiente solidez jurídica para evitar que una oleada de recursos termine bloqueando las devoluciones.
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La reducción de los plazos deberá seguir garantizando la asistencia jurídica, el derecho a recurrir y el análisis individual de cada solicitud. Las organizaciones especializadas en protección internacional han advertido en otras ocasiones de que los procedimientos acelerados pueden dificultar la identificación de personas vulnerables o con derecho al asilo.
La norma se centraría principalmente en los procedimientos de adultos. Los menores no acompañados cuentan con garantías específicas y no pueden ser sometidos a las mismas devoluciones. El propio Gobierno español ha reiterado que su eventual reagrupación familiar debe cumplir la legislación, contar con la intervención de la Fiscalía y respetar el interés superior del menor.
Este será el segundo decreto extraordinario relacionado con los acontecimientos de Sebta. El primero, aprobado a comienzos de septiembre, articuló ayudas económicas y medidas de coordinación institucional. El nuevo texto pretende abordar la siguiente fase mediante la aceleración de los expedientes de asilo y de las devoluciones a Marruecos.
