El recurso ante el Tribunal Constitucional está estrictamente regulado por la ley. En el caso del proyecto de ley n.º 66.13, que regula la profesión de abogado y ha sido duramente cuestionado por los letrados, fue el presidente de la Cámara de Representantes quien decidió recurrir ante esta jurisdicción para que verificara la conformidad del texto con la Constitución. Sin embargo, no es el único que dispone de esta prerrogativa.
«Todas las leyes orgánicas, como la relativa al derecho de huelga, deben someterse obligatoriamente al Tribunal Constitucional. En cambio, en el caso de las leyes ordinarias, como la que nos ocupa hoy, el recurso ante esta jurisdicción está estrictamente regulado», explicó a Le360 Khalid El Idrissi, abogado del Colegio de Abogados de Rabat.
Según El Idrissi, el Rey es el primer titular de la facultad para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Este derecho también está reconocido al jefe del Gobierno, al presidente de la Cámara de Representantes, al presidente de la Cámara de Consejeros, a una quinta parte de los miembros de la Cámara de Representantes o a 40 consejeros.
El abogado se mostró confiado sobre el resultado del procedimiento y recordó que existe un precedente, el del Consejo Nacional de la Prensa. En aquella ocasión, los diputados de la oposición reunieron las firmas de una quinta parte de los miembros de la Cámara de Representantes, es decir, 79 diputados de un total de 395, para recurrir ante el Tribunal Constitucional y solicitar que se pronunciara sobre la conformidad de algunas disposiciones del texto.
En principio, el Tribunal Constitucional dispone de un plazo de 30 días para resolver un recurso. No obstante, este plazo puede reducirse a ocho días a petición del jefe del Gobierno.
«En el caso del proyecto de ley n.º 66.13 relativo a la profesión de abogado, el jefe del Gobierno solicitó que el Tribunal dictara su decisión en un plazo de ocho días», indicó este viernes Khalid El Idrissi, al margen de un coloquio dedicado a la Constitución y al ejercicio de la abogacía que dirigió junto al decano del Colegio de Abogados de Rabat, Aziz Rouibah.
Ante una numerosa audiencia, los dos ponentes confirmaron la continuidad de la huelga indefinida de los abogados, iniciada hace ya cinco semanas. El colectivo continúa rechazando el proyecto de ley, al considerar que atenta contra su independencia, especialmente frente a la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.
Los abogados también denuncian unas disposiciones que, según afirman, debilitan las competencias de los colegios profesionales. Además, se oponen a cualquier intervención del Tribunal de Cuentas en el control de sus finanzas.
«El Tribunal de Cuentas está facultado para fiscalizar los fondos públicos y únicamente los fondos públicos. No le corresponde controlar los recursos del sector privado», recalcó el decano Aziz Rouibah, en referencia a los fondos gestionados por los colegios de abogados.
