La acusación es de una gravedad poco habitual en la política exterior española. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha calificado en los últimos días al Partido Popular de formación «antimarruecos», en medio de una escalada verbal que va mucho más allá de una nueva disputa entre el Gobierno y la oposición.
El jefe de la diplomacia española sostiene que el PP está convirtiendo las relaciones exteriores de España, y particularmente la relación con Marruecos, en un instrumento de confrontación política interna. La tensión se ha agravado con las últimas declaraciones y polémicas protagonizadas por dirigentes y antiguos dirigentes populares, hasta el punto de que Albares ha acusado a la oposición de convertirse en «un estorbo» para la política exterior española.
Detrás de esta batalla política existe, sin embargo, una cuestión mucho más profunda. España y Marruecos han construido desde 2022 una relación estratégica basada en la cooperación migratoria, económica, comercial, policial y de seguridad, a la que se suma ahora la organización conjunta, junto a Portugal, del Mundial de 2030. En diciembre de 2025, ambos gobiernos reforzaron esa arquitectura bilateral con catorce nuevos acuerdos de cooperación y una declaración conjunta destinada a profundizar el diálogo político.
El PP aspira a gobernar España. Y, si lo consigue, heredará precisamente esa relación. La incógnita es qué hará con ella.
El Sáhara, la gran contradicción del PP
La cuestión del Sáhara constituye probablemente el mayor interrogante. Cuando Pedro Sánchez comunicó en marzo de 2022 que España consideraba la iniciativa marroquí de autonomía como «la base más seria, creíble y realista» para avanzar hacia una solución, el Partido Popular convirtió aquel cambio en uno de sus principales argumentos contra el Gobierno.
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Alberto Núñez Feijóo denunció entonces la ruptura de lo que calificaba como décadas de consenso en la política exterior española y criticó especialmente que la decisión hubiera sido adoptada sin consultar previamente al principal partido de la oposición. Desde entonces, el PP ha mantenido públicamente una posición mucho más ambigua que la del Ejecutivo. Sus documentos políticos han insistido en el respeto al Derecho Internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sin asumir expresamente la fórmula utilizada por el Gobierno español para respaldar la iniciativa marroquí de autonomía.
Pero la historia reciente del PP demuestra que su posición sobre el Sáhara no ha sido siempre la misma. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, España mantuvo una política prudente, pero no de confrontación con la propuesta marroquí. El propio PP ha albergado además posiciones diferentes en su interior, desde dirigentes favorables a una relación estratégica con Rabat hasta sectores mucho más próximos a las tesis defendidas por los separatistas.
La contradicción se hizo especialmente visible en julio de 2025, cuando el supuesto representante en España del frente separatista del Polisario, asistió al Congreso Nacional del Partido Popular. Su presencia provocó una fuerte polémica y alimentó en Marruecos las dudas sobre la posición que podría adoptar un futuro Gobierno de Feijóo.
La cuestión volvió a adquirir una nueva dimensión en febrero de 2026. Albares acusó entonces al PP de mantener un doble discurso; uno en España y otro ante las autoridades marroquíes. Según el ministro, los populares enviaban «emisarios» a Marruecos para respaldar «por lo bajini» la posición que públicamente criticaban al Gobierno sobre el Sáhara.
Si esa acusación refleja la realidad, el problema para el PP sería evidente, una cosa es utilizar el Sáhara para desgastar a Sánchez desde la oposición y otra muy distinta asumir, desde La Moncloa, el coste diplomático de revertir la política española hacia Marruecos.
Una realidad internacional diferente a la de 2022
El PP tampoco llegaría al Gobierno en el mismo contexto internacional existente cuando Sánchez anunció su posición en marzo de 2022. Desde entonces, la iniciativa marroquí de autonomía ha seguido acumulando respaldos internacionales y la cuestión del Sáhara ha evolucionado en Naciones Unidas. España, por su parte, ha integrado su posición sobre el diferendo en una relación bilateral mucho más amplia con Marruecos.
Revertirla ya no sería simplemente modificar una frase en un comunicado diplomático. Significaría reabrir una de las cuestiones más sensibles de las relaciones entre los dos países. Y esa es precisamente una de las grandes incógnitas que el PP todavía no ha resuelto públicamente: ¿mantendría un Gobierno de Feijóo la posición actual de España sobre el Sáhara o trataría de volver a la doctrina anterior a marzo de 2022? Hasta ahora, los populares han evitado ofrecer una respuesta inequívoca.
La presión de Vox y el giro hacia la «prioridad nacional»
El Sáhara no es, sin embargo, el único punto de fricción en la relación del PP con Marruecos. En los últimos meses, el PP ha endurecido también su discurso sobre inmigración y acceso a determinadas prestaciones, en un contexto de creciente competencia electoral con Vox.
El episodio más significativo llegó en abril de 2026, cuando la denominada «prioridad nacional» irrumpió en el debate político español. El concepto, históricamente asociado a la extrema derecha europea y defendido en España por Vox, plantea dar preferencia a los nacionales frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas y prestaciones públicas.
El debate obligó al PP a posicionarse después de que Vox impulsara en el Congreso una iniciativa sobre esta cuestión y después de que el concepto apareciera en acuerdos políticos autonómicos. La controversia llegó a provocar tensiones dentro del propio Partido Popular, con sectores preocupados por el coste político y jurídico de asumir una fórmula asociada hasta entonces a la extrema derecha.
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El PP ha tratado posteriormente de introducir matices. El dirigente popular Jaime de los Santos afirmó que «cualquier inmigrante regularizado tiene exactamente los mismos derechos que los que hemos nacido aquí», mientras otros sectores del partido han preferido hablar de «arraigo» o «prioridad residencial».
Pero el debate ya había dejado una señal política importante, Vox está logrando trasladar parte de su agenda al principal partido de la derecha española.
La paradoja de Feijóo
El principal problema del PP puede resumirse en una paradoja. Desde la oposición, puede utilizar Marruecos y el Sáhara para atacar a Pedro Sánchez. Desde el Gobierno, tendría que gestionar diariamente una de las relaciones exteriores más importantes y complejas de España. Y las dos posiciones no siempre son compatibles. Feijóo podría descubrir, si llega a La Moncloa, que muchas de las decisiones que critica ahora responden a una realidad estratégica que ningún Gobierno español puede ignorar.
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La cooperación con Marruecos no es únicamente una elección ideológica del PSOE. Responde también a la geografía, la economía, la seguridad y a una creciente red de intereses compartidos. Por eso, el escenario más probable no sería necesariamente una ruptura, sino una contradicción entre el discurso de oposición y la política de Gobierno, un PP obligado a mantener buena parte de la relación actual con Rabat mientras intenta explicar a su electorado por qué no ha revertido las decisiones que durante años denunció.
La propia acusación de Albares sobre los supuestos «emisarios» enviados por el PP a Marruecos apunta precisamente a esa posibilidad, que los populares sean mucho más pragmáticos en privado de lo que su discurso público permite pensar.
La pregunta, por tanto, no es únicamente si el PP es o no «antimarruecos», como sostiene el actual ministro de Exteriores. La cuestión de fondo es, hasta qué punto el principal partido de la oposición está dispuesto a utilizar la relación con el país vecino para competir electoralmente con el PSOE y con Vox, y qué parte de ese discurso estaría realmente dispuesto a convertir en política de Estado si llegara al poder.
España seguirá siendo el vecino europeo más próximo del Reino y Marruecos seguirá siendo un socio estratégico inevitable para Madrid, gobierne quien gobierne.
Precisamente por eso, las contradicciones actuales del PP importan. Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, no heredará una página en blanco. Recibirá una relación bilateral profundamente transformada, una posición española sobre el Sáhara integrada en una nueva realidad internacional, una cooperación de seguridad consolidada y un Mundial de 2030 que obliga a ambos países a trabajar juntos durante los próximos años.
Entonces tendrá que elegir entre dos caminos, convertir en política de Gobierno el discurso mantenido desde la oposición, con el riesgo de abrir una nueva etapa de incertidumbre con Rabat, o asumir que la relación con Marruecos exige un pragmatismo que hasta ahora el PP no siempre ha querido reconocer públicamente.
Y esa elección podría convertirse en una de las primeras grandes pruebas de política exterior de un eventual Gobierno de Feijóo.
