Impulsado por el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, el proyecto de ley n.º 66.23 busca oficialmente modernizar la profesión y reforzar su papel en la defensa de los derechos, un objetivo que goza de un respaldo generalizado. Sin embargo, para los profesionales de la contabilidad, la redacción actual del artículo 33 introduce una ambigüedad que podría romper el equilibrio actual.
Una exclusividad que inquieta más allá del ámbito judicial
En su formulación presente, el artículo 33 establece de forma indiscutible la exclusividad de los abogados en lo que respecta a la defensa y representación ante los tribunales. El problema, según los expertos contables, surge con la ampliación de su campo de intervención a misiones no judiciales, como la redacción de actas societarias, la representación ante las administraciones, las consultas jurídicas, la mediación o el arbitraje.
La expresión «كما يختص المحامي» (tal como corresponde al abogado) genera una especial preocupación, ya que una interpretación extensiva de la misma podría instaurar una exclusividad de facto en detrimento de otras profesiones legalmente habilitadas para realizar dichas tareas.
Para Khalid Fizazi, experto contable con sede en Rabat, «no se trata de cuestionar el papel del abogado, sino de evitar que una redacción imprecisa genere inseguridad jurídica para las empresas y para las profesiones organizadas por ley. La empresa marroquí necesita complementariedad, no compartimentos estancos».
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Los profesionales de la contabilidad recuerdan una realidad cotidiana en el sector, y es que la vida de una empresa nunca se limita a una sola especialidad. La creación de sociedades, las modificaciones estatutarias, las ampliaciones de capital, el cierre de cuentas, el control fiscal o las reestructuraciones requieren la intervención de múltiples actores como abogados, expertos contables, notarios, adules o contables colegiados.
Esta pluralidad se percibe como una garantía de seguridad jurídica y económica. Restringir el acceso a ciertas funciones podría, a su juicio, complicar el funcionamiento de las empresas, especialmente en el caso de las pymes.
«El acompañamiento a una empresa nunca se reduce a un acto jurídico aislado», subraya Meriem Rmili, experta contable en Marrakech. La profesional destaca que tras cada decisión existen impactos contables, fiscales y financieros, un área donde el experto contable interviene precisamente en esa intersección.
Ante este escenario, los profesionales de la contabilidad han intensificado sus contactos con los grupos parlamentarios. Ayer, miércoles 29 de abril, mantuvieron una reunión con Yassine Oukacha, presidente del grupo de la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) en la Cámara de Representantes, lo que ilustra su voluntad de influir en la redacción final del texto.
A pocas semanas de la asamblea electiva del Consejo Nacional del Colegio de Expertos Contables de Marruecos (OEC), un colectivo de profesionales —integrado por Meriem Rmili, Khalid Fizazi, Said Chakir, El Mehdi Fakir, Youssef El Housny, Brahim Chaoui, Lahoussine Assemlali, Taib Aisse y Bennaceur Boussetta, junto al contable colegiado Ahmed Rami— ha tomado posición mediante una propuesta de enmienda.
Su enfoque busca el equilibrio, ya que no cuestiona el monopolio de los abogados en las misiones judiciales, sino que pretende clarificar la frontera en las funciones no judiciales.
La enmienda propuesta introduce una precisión fundamental al señalar que las funciones ampliadas del abogado deben ejercerse «sin exclusividad y sin menoscabo de las prerrogativas» de las otras profesiones reguladas.
También se sugiere una cláusula de salvaguardia explícita para garantizar que el artículo 33 no pueda interpretarse como una limitación a las competencias reconocidas por otros textos legislativos.
Para Said Chakir, «una redacción ambigua basta para bloquear las prácticas habituales, generar dudas en las administraciones y exponer a las empresas a costes adicionales».
El debate se extiende asimismo a los métodos alternativos de resolución de conflictos, pues los litigios comerciales o fiscales requieren a menudo competencias híbridas.
«Las empresas no esperan que las profesiones reguladas se disputen sus competencias, sino que ofrezcan una respuesta coordinada y fiable», insiste El Mehdi Fakir.
Bajo esta lógica, cada profesión aporta un valor específico: el asesoramiento jurídico por parte del abogado, la lectura financiera y fiscal del experto contable, la seguridad de los actos por parte de notarios y adules, y el apoyo cercano de los contables colegiados.
Más allá del debate corporativista, el sector contable alerta sobre las consecuencias económicas de una eventual restricción. Las pequeñas empresas, los profesionales liberales y las empresas familiares podrían ver cómo se encarece y complica su acceso a estos servicios.
Según Ahmed Rami, «toda reforma debe garantizar un acceso sencillo y seguro a profesionales competentes, sin crear monopolios allí donde la ley ya reconoce a diversos intervinientes».
Hacia un arbitraje político
La controversia en torno al artículo 33 ha trascendido el marco técnico para convertirse en un asunto político y económico. Algunos observadores interpretan este movimiento como un intento de fortalecer a la abogacía ante la proximidad de citas electorales, aun a riesgo de debilitar otros oficios regulados.
Para los profesionales de la contabilidad, la postura es clara. No se trata de restar prerrogativas a los abogados, sino de evitar un desequilibrio. «Reformar no consiste en desplazar un monopolio, sino en reforzar la confianza», resume un miembro del colectivo.
Queda por ver si el legislador adoptará este enfoque de equilibrio o si optará por una lectura más amplia del papel del abogado. El desenlace de este debate podría rediseñar de forma permanente las fronteras entre las profesiones reguladas en Marruecos.
