Hay algo profundamente absurdo en esta situación. Por un lado, centros sanitarios públicos que sufren desabastecimiento de test rápidos de VIH durante más de un año, lo que obliga a rechazar a pacientes sin ofrecerles un diagnóstico; por el otro, productores marroquíes con reservas listas para entregar a los pocos días de recibir un pedido. Esta falta de suministros, denunciada por profesionales sanitarios y pacientes, y confirmada por una investigación del diario Le Matin, no responde a un mero problema logístico, sino que representa el síntoma de una disfunción mucho más profunda en la contratación pública del sector sanitario, un ámbito en el que la preferencia nacional, a pesar de estar recogida por ley, sigue siendo papel mojado.
Y eso que la legislación marroquí es totalmente explícita al respecto. El decreto número 2.22.431, que regula la contratación pública, contempla un mecanismo de preferencia nacional y estipula que las especificaciones técnicas de las licitaciones deben definirse en función del rendimiento y de la operatividad, y nunca tomando como referencia una marca, un origen o una patente concreta. Según Abdelhay Rhorba, profesor de la Universidad Hassan II de Casablanca y experto en derecho administrativo aplicado a los contratos públicos, la vulneración de este principio es jurídicamente denunciable.
«La inclusión de requisitos técnicos excesivamente detallados o la exigencia de certificaciones que solo posee un competidor determinado constituye una violación del principio de igualdad de oportunidades», explica, «y puede considerarse una desviación de poder». Los tribunales administrativos marroquíes, según aclara el experto, evalúan este tipo de escenarios bajo un criterio muy sencillo, el del efecto de exclusión injustificado. En otras palabras, si un pliego de condiciones, aunque sea formalmente impecable, termina por dejar fuera a los productores locales, puede ser objeto de impugnación.
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Existen vías de recurso bien definidas, como la reclamación potestativa ante la Comisión Nacional de Contratación Pública (CNCP) antes de la adjudicación del contrato, seguida de la correspondiente demanda ante la jurisdicción administrativa en un plazo de sesenta días. Asimismo, si existen sospechas de corrupción, se pueden activar las disposiciones del código penal marroquí relativas al tráfico de influencias.
Sin embargo, no siempre es fácil contar con los recursos necesarios para litigar contra la administración.
Sobre el terreno, la realidad descrita por los profesionales del sector es contundente. Los pliegos de prescripciones especiales (CPS), documentos técnicos que fijan las exigencias de cada concurso, se redactan, según coinciden diversas fuentes, tomando como referencia productos extranjeros ya consolidados. De este modo se perpetúan los contratos antiguos y se ignoran por completo las nuevas capacidades de la industria nacional.
Un fabricante marroquí de productos sanitarios, que prefiere mantener el anonimato, describe un panorama kafkiano. Su laboratorio comercialise sus soluciones en varios países africanos, pero su cuota en el mercado público marroquí apenas alcanza el 2% en su categoría. «Los CPS deberían elaborarse teniendo en cuenta el tejido industrial marroquí, algo que actualmente no ocurre», lamenta.
Cuando una empresa del sector solicita aclaraciones al órgano de contratación para advertir de que una licitación está teledirigida hacia un producto extranjero, la respuesta suele ser el silencio o la inacción, por lo que el concurso sigue adelante sin modificación alguna.
Esta contradicción no se limita a los despachos del Ministerio de Sanidad, sino que escala hasta el propio núcleo del Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Finanzas incrementó hace poco los aranceles aduaneros de determinados productos sanitarios importados con el fin de proteger la fabricación local, el departamento de Sanidad insiste, según denuncian fuentes del sector, en adquirir suministros extranjeros más costosos, dando la espalda a alternativas nacionales disponibles a precios competitivos.
Consultada por Le360, la Dirección de Abastecimiento de Medicamentos y Productos de Salud del Ministerio de Sanidad ofrece su versión de los hechos. El organismo sostiene que actúa «en estricto cumplimiento del marco normativo vigente» y detalla que los concursos públicos están «abiertos a todos los operadores que cumplan los requisitos exigidos, prestando especial atención a los establecidos en Marruecos». Sin embargo, es necesario introducir un matiz de peso, ya que el ministerio puntualiza que dicho requisito alude a la sede social de las empresas y no al lugar de fabricación de los productos. Esto significa que un importador afincado en Marruecos recibe el mismo trato que un fabricante local.
El caso de los test del VIH resulta muy ilustrativo. Según los datos recabados por Le360, el desabastecimiento se prolongó durante más de un año en algunos centros sanitarios. En su respuesta por escrito a nuestra redacción, el ministerio admite que «efectivamente se registraron tensiones puntuales en ciertas estructuras de salud», un problema que achaca a «los plazos inherentes a los procesos de contratación pública y a las perturbaciones en las cadenas de suministro internacionales». Asimismo, señala que existen licitaciones en marcha para garantizar el abastecimiento y que se analizan «alternativas complementarias».
Esta justificación despierta el escepticismo de numerosos analistas sectoriales. Si las empresas locales cuentan con existencias listas y productos debidamente homologados, ¿cómo es posible que el desabastecimiento se haya prolongado durante tantos meses sin que se recurriera a ellas por la vía de urgencia?
Respecto a la adjudicación directa, el ministerio se muestra categórico al asegurar que «no se ha recurrido en ningún caso a procedimientos negociados sin publicidad en este ámbito». Según su versión, las compras de 2025 se gestionaron «exclusivamente mediante licitaciones públicas, respetando escrupulosamente la normativa en vigor». Esta afirmación choca de frente con los datos aportados por diversas fuentes próximas al expediente. Ante la falta de documentos oficiales accesibles al público, Le360 no puede determinar la veracidad de estas declaraciones en este momento.
La adjudicación directa solo es legal bajo supuestos muy restrictivos, como una emergencia extrema e imprevisible, una exclusividad técnica justificada o el fracaso de una licitación previa. Tal como recuerda Abdelhay Rhorba, el decreto número 2.22.431 exige una justificación por escrito y la acreditación de que no existen alternativas. «De lo contrario, el empleo de este procedimiento se considera totalmente ilegal», advierte.
Soberanía sanitaria, un ideal todavía lejano
Más allá del debate técnico sobre la contratación pública, lo que está en juego es la soberanía sanitaria de Marruecos. El reputado infectólogo Jaafar Heikel aporta un matiz relevante, puesto que la falta de test rápidos no equivale a una imposibilidad absoluta de diagnóstico. Los laboratorios públicos y privados conservan la capacidad de realizar análisis biológicos convencionales en la mayoría de los casos. Sin embargo, el verdadero valor de los test rápidos radica en su accesibilidad, su inmediatez y su potencial para llegar a colectivos vulnerables que no suelen acudir a los centros sanitarios tradicionales.
«Organizaciones no gubernamentales como OPALS o la Asociación Marroquí de Lucha Contra el Sida (ALCS) desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico del VIH en Marruecos», destaca Heikel, apuntando que «necesitan estos dispositivos para detectar casos en personas que jamás pisarían un laboratorio». Por tanto, la interrupción del suministro lastra de forma directa las estrategias de prevención sobre el terreno.
En lo relativo a la producción nacional, el profesor Heikel se muestra rotundo al afirmar que «cuando estos test de fabricación local cuentan con el aval de los organismos estatales, representan una gran ventaja para el país, primero por motivos económicos y, segundo, porque nos encamina hacia la soberanía sanitaria».
¿El objetivo de 2030 en peligro?
Marruecos se ha sumado a las metas 95-95-95 fijadas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), que persiguen que el 95% de las personas seropositivas conozcan su estado, que el 95% de los diagnosticados reciba tratamiento médico y que el 95% de los pacientes tratados logre una carga viral indetectable. Estos objetivos aspiran a erradicar el sida como amenaza para la salud pública antes de 2030, una ambición que depende de forma directa de un diagnóstico masivo, rápido y cercano al ciudadano.
«Sin herramientas de diagnóstico, disminuyen las detecciones y el virus encuentra un terreno propicio para expandirse», resume un industrial del sector. Una visión compartida por el profesor Heikel, quien añade que «se alcanzarán las metas 95-95-95 con mucha más rapidez si disponemos de test rápidos y consolidamos una producción nacional homologada».
Por su parte, el Ministerio de Sanidad insiste en que se mantiene «plenamente movilizado para garantizar la continuidad de los servicios de diagnóstico», un compromiso que las empresas locales esperan ver reflejado pronto en la práctica y en la redacción de los pliegos de condiciones.
A día de hoy, las fuentes consultadas no dudan en plantear sus sospechas abiertamente, preguntándose si algunos miembros de las comisiones de conformidad técnica y validación de las ofertas actúan movidos por intereses particulares o para proteger a proveedores extranjeros tradicionales, ignorando deliberadamente las directrices ministeriales.
Ningún inversor que dedique capital a desarrollar un producto homologado y competitivo para luego verse sistemáticamente excluido de los concursos mantendrá su actividad de forma indefinida. El peligro de esta deriva es evidente, ya que amenaza con ahuyentar la inversión en la industria local justo cuando Marruecos más lo necesita, obligando al país a seguir adquiriendo fuera de sus fronteras lo que es perfectamente capaz de producir por sí mismo.
