Marruecos sigue en la carrera. El futuro instrumento Global Europe, llamado a regular la financiación exterior de la Unión Europea entre 2028 y 2034, mantiene el acceso de las empresas marroquíes a las operaciones financiadas por Bruselas. Sin embargo, esta elegibilidad no garantiza ni la obtención de contratos ni una competencia en igualdad de condiciones con los grupos europeos.
Publicado en julio de 2026 a petición de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, el informe dedicado a la ayuda ligada y a las compras estratégicas no cuantifica ninguna financiación destinada al Reino. Su interés reside en otro aspecto: analiza las reglas que determinarán la participación de los operadores marroquíes en los proyectos europeos después de 2027.
Primer dato favorable: Marruecos figura explícitamente entre los países de la vecindad sur cuyas empresas podrán responder a licitaciones, solicitar subvenciones o participar en operaciones respaldadas por Global Europe.
Según el informe, una empresa marroquí podría concurrir a un proyecto ejecutado en Marruecos, pero también a determinadas operaciones financiadas por la Unión en otras regiones elegibles. Este ámbito abarca, en particular, Oriente Medio, el norte de África y el Golfo, África subsahariana, Asia, el Pacífico, América y el Caribe.
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La apertura no afecta únicamente a la prestación de servicios o a las obras. Los equipos financiados por el futuro instrumento podrán proceder, en principio, de cualquier país o territorio. Los industriales marroquíes conservarán así la posibilidad de integrarse en las cadenas de suministro de los proyectos europeos, sin que exista una obligación general de adquirir productos fabricados dentro de la Unión.
Sobre el papel, las empresas nacionales siguen siendo, por tanto, plenamente elegibles. Sin embargo, su acceso real dependerá de la manera en que Bruselas utilice las posibilidades de restricción previstas para las operaciones consideradas estratégicas.
Una apertura acompañada de restricciones
La Unión Europea podrá endurecer las condiciones de acceso en función de la naturaleza del proyecto, de sus objetivos, de las exigencias de seguridad o de los riesgos asociados a determinados proveedores. Las restricciones podrían afectar tanto a los candidatos a los contratos como a los socios encargados de ejecutar la financiación.
El informe señala, sobre todo, la falta de visibilidad en torno a estas decisiones. Nada permite saber todavía si las empresas del país beneficiario, especialmente las establecidas en Marruecos, conservarán automáticamente su acceso cuando se aplique una preferencia europea. Tampoco se han precisado la duración de las restricciones, el número de proyectos afectados ni las categorías de productos susceptibles de quedar excluidas.
Para un operador marroquí, la incertidumbre puede convertirse en un obstáculo tan importante como una exclusión formal. Preparar una oferta europea exige movilizar equipos, constituir en ocasiones un consorcio, aportar garantías y asumir gastos previos. La existencia de criterios variables de un proyecto a otro aumentaría el coste de la candidatura y favorecería a los grupos ya acostumbrados a los procedimientos europeos.
No obstante, se contempla una posibilidad de flexibilización. Bruselas podría ampliar el círculo de proveedores en situaciones de urgencia o cuando las restricciones dificulten la ejecución de un proyecto. La flexibilidad existe, por tanto, pero su aplicación se decidiría caso por caso.
La preferencia europea puede intervenir antes de la licitación
Global Europe no cierra automáticamente la financiación a las empresas no europeas. Sin embargo, el mecanismo podría favorecer a los actores comunitarios mucho antes de la publicación de las licitaciones.
La selección de los promotores de los proyectos, la preparación de las inversiones y la articulación de la financiación podrían confiarse prioritariamente a organismos europeos. Ahora bien, las decisiones adoptadas durante esta fase suelen determinar las características técnicas del proyecto, los equipos requeridos, las garantías exigidas y la composición de los futuros consorcios.
Una empresa marroquí podría, por tanto, seguir estando jurídicamente autorizada a concurrir, pero hacerlo en un mercado ya estructurado en torno a soluciones, financiación o socios europeos. La competencia seguiría abierta en apariencia, aunque la ventaja se habría adquirido previamente por parte de los operadores asociados al diseño del proyecto.
La financiación constituye otro instrumento de selección. Determinados organismos privados podrán gestionar instrumentos financieros o garantías presupuestarias. El informe considera que esta posibilidad podría beneficiar a las agencias europeas de crédito a la exportación, encargadas de cubrir los riesgos relacionados con las ventas y las inversiones realizadas en el extranjero.
Este tipo de mecanismo podría facilitar la puesta en marcha de proyectos en Marruecos al reducir el coste del capital o asumir una parte del riesgo financiero. A cambio, los bancos movilizados, las empresas líderes y los proveedores de equipos podrían ser mayoritariamente europeos.
El riesgo para las empresas marroquíes no reside, por tanto, únicamente en una posible prohibición de concurrir. También radica en la desigualdad en materia de financiación. Una oferta presentada por un grupo europeo que cuente con garantías públicas podría resultar más competitiva que la de un operador marroquí que no disponga de un apoyo comparable.
Los autores del informe recuerdan que la ayuda ligada puede encarecer entre un 15% y un 30% el coste de los bienes, servicios y obras financiados. Esta proporción no afecta específicamente a Marruecos ni constituye una estimación del futuro coste de los proyectos europeos en el Reino. Sin embargo, ilustra las posibles consecuencias de una competencia reducida y de una elección de proveedores determinada por el origen de la financiación.
Una preferencia demasiado marcada por las empresas europeas también podría limitar la participación de los operadores locales en las actividades que generan mayor valor añadido: estudios, ingeniería, suministro de equipos, integración industrial, mantenimiento y servicios asociados. Marruecos correría entonces el riesgo de beneficiarse de las inversiones sin captar una parte equivalente de sus repercusiones económicas.
El reto se desplaza hacia los consorcios
El cambio de rumbo europeo se produce después de una etapa marcada por una amplia apertura de la financiación. Según los datos recogidos en el informe, el 95% de la ayuda oficial al desarrollo de la Unión estaba desligada en 2023. El futuro instrumento prevé que el 90% de su gasto responda a los criterios de la ayuda oficial al desarrollo, frente al 93% en el actual dispositivo.
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Esta evolución no significa que la financiación concedida a Marruecos vaya a quedar automáticamente ligada a la compra de bienes europeos. Sin embargo, confirma el peso creciente de los objetivos industriales, comerciales y estratégicos en la política exterior de la Unión.
El margen de interpretación sigue siendo amplio. El informe subraya, en particular, la ausencia de una definición precisa del «interés estratégico de la Unión», así como las incertidumbres que rodean a las subvenciones directas, la publicación de sus beneficiarios y la igualdad de trato entre operadores. Estas zonas grises podrían afectar a la transparencia de los procedimientos y a la capacidad de las empresas marroquíes para anticipar las futuras condiciones de competencia.
El reto para el Reino consistirá, por tanto, no tanto en preservar una elegibilidad ya reconocida como en convertir esta apertura en una presencia económica real. El acceso a los estudios preparatorios, a los consorcios, a la financiación y a los contratos de mantenimiento determinará la proporción de valor añadido que las empresas nacionales lograrán captar realmente.
Global Europe deja así la puerta abierta a Marruecos, pero el centro de gravedad del dispositivo se aproxima claramente a los intereses europeos. Para los operadores marroquíes, seguir siendo elegibles no será suficiente: tendrán que conseguir integrarse en los mecanismos financieros e industriales antes de que se publiquen las licitaciones.
