Este lunes 13 de abril marca el inicio oficial de la mayor operación de control de establecimientos y ocupaciones irregulares contrarias al plan de la Agencia Urbana jamás realizada en la paseo marítimo de Casablanca. Saneamiento del suelo, demolición de construcciones ilegales y retirada de licencias comerciales irregulares: la intervención, dirigida bajo la autoridad del wali Mohamed Mhidia, apunta directamente a los locales más emblemáticos del litoral.
El perímetro es considerable: 6,7 kilómetros de fachada marítima, desde el faro de El Hank hasta el Morocco Mall. Es decir, el corazón visible, frecuentado y simbólico de un frente marítimo que concentra tanto la actividad económica como los hábitos de consumo y, desde hace años, las irregularidades más sensibles.
Tres niveles de infracción, un mapa del desorden
El dispositivo se basa en una lectura metódica de las infracciones, estructurada en tres niveles que reflejan la magnitud del desorden acumulado en el litoral.
Primer nivel: el saneamiento del suelo. Afecta a todos los establecimientos —tanto privados como dependientes del Estado— que ocupan total o parcialmente el dominio marítimo. El principio es claro: cualquier construcción levantada sobre este espacio deberá ser recuperada por los dominios marítimos, independientemente de la titularidad inicial.
Segundo nivel: el control urbanístico. Aquí, la intervención va más allá del litoral. Se revisan todas las construcciones situadas a lo largo del bulevar del paseo marítimo que no figuran en el plan urbanístico, ocupen o no el dominio marítimo. El objetivo no es solo recuperar terreno, sino también restablecer la legalidad en un paisaje urbano marcado por ampliaciones, transformaciones y autorizaciones fuera de norma.
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Tercer nivel: el control de licencias comerciales. Los establecimientos que operan con autorizaciones irregulares también están en el punto de mira. El mensaje es claro: las irregularidades no se mantendrán por el simple hecho de haberse normalizado con el tiempo. Las licencias no conformes serán retiradas.
Este enfoque triple explica la dimensión excepcional de la operación. No se trata únicamente de intervenir sobre edificaciones, sino de revisar títulos, usos, ocupaciones, ampliaciones, terrazas y actividades comerciales que, con los años, han configurado una compleja red de situaciones toleradas.
Los establecimientos afectados
La lista de establecimientos afectados da cuenta de la magnitud de la operación. Aunque no es exhaustiva, incluye algunos de los más conocidos. El pub La Cascade, pese a contar con título de propiedad privada, está considerado como construido íntegramente sobre dominio marítimo y deberá ser recuperado por el Estado.
Los complejos estacionales Tahiti, Miami y Tropicana, pertenecientes al dominio público, también están íntegramente situados sobre el litoral y correrán la misma suerte. El establecimiento Venezia será objeto de verificación urbanística.
Otros locales, como DjaDja Afro Club, Babylone, el restaurante-café N’zaha, La Réserve, Club des Clubs, Crépuscule u O Palm, presentan ocupaciones parciales del dominio marítimo, pero también serán objeto de recuperación, al menos en las zonas afectadas.
En general, todos los cafés, terrazas, comercios, clubes náuticos y hoteles situados en el paseo marítimo están sujetos a control si no cumplen con el plan urbanístico o con las licencias comerciales.
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Este diagnóstico revela que el problema no es marginal ni aislado. Afecta a lugares emblemáticos de la vida casablanquesa que, por su visibilidad y antigüedad, habían terminado por normalizar situaciones irregulares. Es precisamente esa normalización de la ilegalidad lo que la operación viene a cuestionar.
Una operación sin precedentes
El mensaje de las autoridades es claro: abordar de una sola vez lo que hasta ahora se trataba de forma fragmentada. La wilaya, en coordinación con múltiples administraciones, ha decidido actuar con firmeza donde antes predominaba la inacción.
El wali ha movilizado a varias instituciones —el distrito de Anfa, la wilaya, Protección Civil, dominios marítimos y estatales, servicios de urbanismo y el Ayuntamiento de Casablanca— con un objetivo preciso: recuperar los espacios ocupados ilegalmente y poner fin a las prácticas toleradas.
Tras actuaciones en Bouskoura y Dar Bouazza, todo apunta a que se abre una nueva etapa en Casablanca, marcada por el fin de una larga era de impunidad. Un cambio que se inscribe en la línea del mensaje contundente del ministro del Interior, Abdelouafi Laftit: «Quienes hayan ocupado terrenos que no les pertenecen deberán devolverlos. Ajustaremos cuentas, incluso retroactivamente».
Una declaración que hoy se materializa en una intervención de gran envergadura sobre el litoral de Casablanca.
