La cuestión de la formación continua ocupa un lugar particular en la trayectoria económica de Marruecos. Desde hace varias décadas, el Reino ha construido su atractivo industrial en torno a sectores de alta intensidad tecnológica, especialmente la automoción y la aeronáutica. En un dictamen adoptado en marzo de 2026, el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) sostiene que la formación continua ha contribuido al auge de estos sectores al permitir la adaptación de las competencias a las necesidades de las empresas y la apropiación de tecnologías avanzadas.
Esta realidad confiere al desarrollo de competencias una dimensión estratégica. A medida que las cadenas de valor mundiales se vuelven más exigentes y que la digitalización transforma los oficios, la capacidad de un país para mantener un capital humano cualificado se convierte en un factor de competitividad tan importante como las infraestructuras o los costes de producción.
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Precisamente por ello, el diagnóstico del CESE resulta especialmente preocupante. Aunque la formación continua está jurídicamente reconocida como un derecho y dispone de mecanismos de financiación específicos, su acceso sigue siendo extremadamente limitado. El documento subraya que, en 2022, solo 1.647 empresas se beneficiaron de los contratos especiales de formación (CSF) entre cerca de 315.000 empresas cotizantes, es decir, menos del 0,5% del total.
Esta escasa difusión resulta aún más paradójica si se tiene en cuenta que los recursos financieros existen. Según este estudio, cerca de 24.000 millones de dirhams fueron recaudados en concepto de la tasa de formación profesional (TFP) durante el periodo 2012-2022. Sin embargo, solo 7.200 millones de dirhams fueron destinados a la formación continua de los asalariados.
El informe recuerda que el sistema se basa históricamente en un mecanismo de mutualización financiado por las empresas. Según los datos presentados, los créditos concedidos en el marco de los CSF pasaron de 116 millones de dirhams en 2013 a 246 millones en 2022, mientras que el número de beneficiarios aumentó de 122.596 a 192.520 personas durante el mismo periodo.
No obstante, esta progresión sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del tejido económico marroquí. El CESE considera que los resultados siguen por debajo de los objetivos fijados por las políticas públicas, especialmente el de beneficiar anualmente al 20% de los asalariados afiliados a la CNSS mediante la formación continua.
El problema no reside, por tanto, en la falta de financiación, sino más bien en la capacidad del sistema para transformar estos recursos en formaciones accesibles y eficaces.
Las pymes, primeras víctimas de un sistema complejo
Una de las principales debilidades identificadas afecta a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. Aunque estas estructuras constituyen la mayor parte del tejido productivo nacional, siguen estando ampliamente al margen del dispositivo.
El informe precisa que los procedimientos administrativos siguen siendo complejos y que los plazos de reembolso pesan considerablemente sobre la tesorería de las empresas. Esta situación desincentiva especialmente a las pymes, que rara vez disponen de los recursos humanos o administrativos necesarios para gestionar expedientes de financiación complejos.
Esta dificultad se refleja directamente en las cifras. Según el documento, los reembolsos concedidos a las pymes entre 2012 y 2022 representaron apenas unos 622 millones de dirhams en total, es decir, una fracción limitada de los recursos disponibles.
El CESE identifica así un círculo vicioso: las empresas mejor estructuradas acaparan la mayor parte de la financiación, mientras que las estructuras más numerosas permanecen al margen, lo que limita el impacto global de la política de desarrollo de competencias.
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Esta concentración no afecta únicamente al tamaño de las empresas. También es geográfica.
El informe señala que el 86% de los gastos vinculados a los contratos especiales de formación y el 82% de las empresas beneficiarias se concentran en cuatro regiones: Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tánger-Tetuán-Alhucemas y Fez-Mequinez.
Esta situación se ve agravada por la baja densidad de la oferta de formación cualificada. El documento subraya que solo 82 organismos acreditados y 327 expertos participan en el dispositivo, con una fuerte concentración en Casablanca.
Más allá de la cuestión de la equidad territorial, esta concentración corre el riesgo de ampliar las diferencias de productividad entre regiones, justo cuando las políticas públicas buscan promover un desarrollo económico más equilibrado.
Los trabajadores autónomos, los grandes olvidados del sistema
Otra gran limitación tiene que ver con la exclusión de numerosas categorías de trabajadores.
El informe subraya que el acceso a los dispositivos sigue estando ampliamente condicionado a la afiliación a la CNSS y al pago de la tasa de formación profesional. Esta lógica excluye de facto a una parte importante de los trabajadores no asalariados, entre ellos los autoemprendedores, artesanos, profesionales liberales y parte de los trabajadores del sector informal.
Esta realidad contradice las ambiciones proclamadas por la ley n.º 60-17, que precisamente preveía ampliar el abanico de beneficiarios a los trabajadores no asalariados y a las personas que hubieran perdido su empleo.
Sin embargo, como recuerda el CESE, esta reforma sigue incompleta por falta de textos de aplicación y de mecanismos operativos que permitan su implementación efectiva.
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Ante estas limitaciones, el CESE considera que la formación continua debe ser tratada a partir de ahora como una auténtica política pública estructurante. El informe aboga por una gobernanza renovada, articulada en torno a una instancia nacional dedicada, independiente de la OFPPT, encargada de pilotar el sistema y dotada de delegaciones regionales.
Los autores consideran igualmente necesario garantizar la asignación efectiva del 30% de la tasa de formación profesional a la financiación de la formación continua, digitalizar todo el ciclo administrativo mediante una plataforma nacional integrada y reforzar el acceso de las microempresas y pequeñas empresas gracias a una cobertura completa de los costes de formación.
Más allá de las medidas técnicas, el informe defiende una visión más amplia: convertir la formación continua en un derecho efectivo para todos los trabajadores y en un instrumento central de protección de las trayectorias profesionales.
