Se trata de un proyecto sin precedentes impulsado por el Tribunal de Cuentas. La institución, presidida por Zineb El Adaoui, ha iniciado una misión de evaluación centrada en un ámbito pocas veces examinado: la comunicación institucional de los ministerios.
Hasta ahora poco analizada desde la óptica del rendimiento público, la comunicación de las administraciones se sitúa hoy en el centro de una investigación llevada a cabo por los magistrados financieros. El objetivo es entender cómo comunican los ministerios, con qué medios y con qué resultados.
Más allá de un simple diagnóstico, el Tribunal de Cuentas busca evaluar la coherencia de las estrategias desplegadas, la eficacia de los dispositivos implementados y su capacidad para generar un impacto real. También se examina la contribución de estas acciones a retos más amplios, especialmente los vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en materia de transparencia y acceso a la información.
Según nuestras informaciones, la misión comenzó con una serie de entrevistas a departamentos considerados clave. El Ministerio encargado de la Transición Digital y la Reforma de la Administración, así como el de Juventud, Cultura y Comunicación, fueron los primeros en ser auditados. El objetivo es evaluar las iniciativas transversales destinadas a estructurar y modernizar la comunicación pública.
En una segunda fase, se envió un cuestionario detallado a todos los departamentos ministeriales. Un documento especialmente exhaustivo que revisa todos los aspectos de la comunicación institucional.
Los auditores no dejan nada al azar: estrategias de comunicación, organización interna, coordinación entre servicios, presupuestos, recursos humanos y herramientas técnicas, todo se examina.
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También se analizan las prácticas concretas, ya sea la comunicación interna, las relaciones con los medios o la presencia en redes sociales. El rendimiento se estudia con lupa, incluidos indicadores como el número de visualizaciones o el nivel de interacción generado por las publicaciones.
Otro aspecto sensible es la gestión de crisis. Los dispositivos desplegados en situaciones excepcionales, como la pandemia de Covid-19 o el terremoto de Al Haouz en 2023, reciben una atención especial. También se evalúa la capacidad de las administraciones para anticipar y contrarrestar la desinformación, en particular las noticias falsas.
A través de esta misión, el Tribunal de Cuentas no se limita a elaborar un diagnóstico. También pretende identificar disfunciones, carencias y riesgos que afectan al rendimiento de la comunicación pública.
El objetivo final es formular recomendaciones concretas para mejorar las prácticas y reforzar la relación entre la administración y los ciudadanos, considerada a menudo perfectible.
Esta iniciativa podría marcar un punto de inflexión. Durante mucho tiempo relegada a un segundo plano, la comunicación institucional pasa a convertirse en un asunto estratégico, evaluado ahora en función de su eficacia, su transparencia y su utilidad real para el público.
