La justicia española ha archivado una investigación por una presunta agresión sexual cometida a bordo de una embarcación migratoria rumbo a Canarias, al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción sobre unos hechos ocurridos en aguas internacionales. La magistrada ha ordenado trasladar el expediente a Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para que las autoridades de estos países valoren la posibilidad de iniciar un procedimiento penal.
Los hechos se remontan a mediados de septiembre, cuando una embarcación neumática partió de las costas de Agadir, en Marruecos. Según la denuncia presentada por una mujer de nacionalidad guineana tras desembarcar en Arrecife, en Lanzarote, la presunta agresión sexual se produjo durante el segundo y el tercer día de navegación.
La investigación policial permitió identificar a tres sospechosos, dos de nacionalidad maliense y uno procedente de Burkina Faso. Los tres ingresaron inicialmente en prisión provisional el 19 de septiembre, pero quedaron en libertad cinco días después, tras constatarse que los tribunales españoles no tenían competencia para juzgar los hechos.
Los límites de la jurisdicción española
En su resolución, la magistrada Mercedes Gutiérrez Suárez recuerda que la legislación española limita la jurisdicción territorial a los delitos cometidos en territorio nacional, en el mar territorial —hasta 12 millas náuticas de la costa— o a bordo de buques con pabellón español. Al haberse producido los hechos en alta mar y en una embarcación sin bandera, no se cumplen estos requisitos.
La jueza también descarta aplicar la jurisdicción extraterritorial prevista en el marco del Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres. Para perseguir estos delitos cometidos en el extranjero, la legislación española exige que la víctima o los investigados tengan nacionalidad española o residencia habitual en España en el momento de los hechos. Ninguna de estas condiciones se cumple en este caso, por lo que la llegada posterior de la embarcación a Canarias no basta para atribuir competencia a los tribunales españoles.
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El archivo de la causa en España no significa, sin embargo, que los hechos deban quedar sin investigar. La magistrada ha dispuesto el envío del expediente íntegro, con la denuncia, las declaraciones, las diligencias de identificación y los informes médicos y periciales, para que otros Estados puedan valorar posibles actuaciones judiciales.
Marruecos será el primer país al que se remitirá la documentación, en virtud del convenio bilateral de asistencia judicial en materia penal entre ambos países. La embarcación había partido de sus costas. Paralelamente, se ha solicitado a los ministerios españoles de Justicia y de Asuntos Exteriores que canalicen la comunicación con las autoridades de Mali y Burkina Faso, países de origen de los sospechosos, y de Guinea, país de origen de la denunciante.
La vulnerabilidad de las mujeres en las rutas migratorias
El caso vuelve a poner de relieve los riesgos que afrontan las personas migrantes durante las travesías hacia España, especialmente las mujeres expuestas a la violencia sexual, la trata y otras formas de explotación.
Según datos de Cruz Roja Española correspondientes al primer semestre de 2026, la organización atendió a 1.339 personas en situaciones de trata y explotación. Las mujeres representaban el 82 % del total, mientras que el 93 % de las víctimas de trata o explotación sexual atendidas eran migrantes. Además, el 76 % de las personas registradas presentaba indicadores compatibles con la trata de seres humanos.
Las mujeres migrantes también pueden emprender estas rutas para huir de la mutilación genital femenina, la violencia doméstica o los matrimonios forzados. Un informe citado por Infobae señala que entre las nacionalidades más afectadas por estas formas de violencia figuran las de Somalia, Guinea y Argelia.
El uso de rutas más largas e indirectas para llegar a España puede prolongar los desplazamientos durante meses e incluso más de un año, aumentando la exposición a agresiones sexuales, extorsiones, torturas y encarcelamientos. Estas experiencias pueden provocar un grave deterioro físico y psicológico, lo que hace necesaria una atención especializada y con perspectiva de género dentro del sistema de acogida.
