Ante las dos cámaras del Parlamento reunidas este lunes, la jefa del Gobierno, Fatima Ezzahra El Mansouri, ha presentado el programa general del nuevo Ejecutivo. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución, esta comparecencia parlamentaria marca el inicio de un ambicioso compromiso político e institucional. Articulada en torno a las prioridades fijadas por el rey Mohammed VI e inspirada en el Nuevo Modelo de Desarrollo, la acción gubernamental pretende dar un salto cualitativo, pasando de la ampliación cuantitativa de las políticas públicas a una mayor exigencia de eficacia, equidad e impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Marco macroeconómico, realismo y sostenibilidad
Para financiar la ampliación del Estado social sin comprometer los equilibrios fundamentales del país, el Ejecutivo apuesta por una hoja de ruta financiera definida. En materia de crecimiento, el objetivo es alcanzar una media anual del 5 %, impulsada por la recuperación de la inversión productiva y una mayor contribución de la economía a la creación de empleo estable.
Paralelamente, la protección del poder adquisitivo sigue siendo uno de los pilares centrales de la acción pública. El Gobierno se compromete a mantener la inflación bajo control, con un límite situado en torno al 2 % de media anual, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. En el ámbito de las finanzas públicas, el control del gasto y una ampliación racional de la base imponible deberán permitir estabilizar el déficit presupuestario en un máximo estricto del 3 % del PIB durante toda la legislatura. Esta disciplina en la ejecución presupuestaria contribuirá directamente a situar la deuda pública en una trayectoria descendente, con el objetivo de reducirla hasta aproximadamente el 62 % del PIB de aquí a 2031.
Medidas específicas en favor de los hogares
El Estado social prometido por la mayoría gubernamental se concreta en varios mecanismos de ayuda directa y revisión de los ingresos. Entre las principales medidas destinadas a aliviar el coste de la vida figura la introducción de una ayuda social automática que cubrirá la totalidad de la factura eléctrica de las viviendas habituales cuyo importe mensual no supere los 100 dírhams. Este mecanismo, dirigido a los hogares más vulnerables, se activará sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo previo ni desplazamiento, precisó El Mansouri.
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En materia de solidaridad nacional, el proyecto de protección social impulsado por el Rey entra en una nueva etapa. El Gobierno se compromete a incrementar progresivamente la cuantía de las ayudas sociales directas, de los 500 dírhams actuales a 1.000 dírhams mensuales al término de la legislatura, al tiempo que revisará los criterios de concesión en función de los ingresos reales de las familias. Además, el sistema de pensiones será objeto de una reforma estructural y consensuada en el marco del diálogo social. Esta garantizará un aumento progresivo de la pensión mínima legal hasta los 3.000 dírhams mensuales en los principales regímenes de jubilación. Por otra parte, una medida de equidad social reconocerá a las viudas el derecho a percibir una pensión íntegra equivalente al 100 % de los derechos de su cónyuge fallecido, frente al 50 % actual, manteniendo al mismo tiempo la protección de los derechos de los huérfanos.
Reducir las desigualdades sociales y territoriales
Ante el desempleo estructural juvenil y el fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como ninis (2,9 millones de personas de entre 15 y 29 años fuera del sistema educativo y del mercado laboral), el Gobierno pondrá en marcha, a partir de 2027, un programa nacional de apoyo adaptado a las necesidades de cada territorio. Este dispositivo permitirá formar cada año a 100.000 jóvenes en competencias estrechamente vinculadas a las necesidades de las empresas, al tiempo que ofrecerá a otros 100.000 su primera oportunidad laboral. Paralelamente, la capacidad de los programas de formación en alternancia se ampliará hasta alcanzar entre 150.000 y 200.000 beneficiarios anuales, mientras que 60.000 pequeñas empresas recibirán un acompañamiento personalizado para garantizar su continuidad y facilitar su acceso a los contratos públicos.
En el ámbito educativo, el principal objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza pública. El Gobierno aspira a que, de aquí a 2031, al menos el 80 % de los alumnos dominen las competencias y los conocimientos básicos, especialmente mediante la ampliación del modelo de las escuelas pioneras. Al mismo tiempo, un plan nacional perseguirá el objetivo de «abandono escolar cero» para 2030, gracias a un sistema de alerta temprana y de orientación prioritaria hacia la formación profesional o la reincorporación al sistema educativo.
En cuanto a la política de vivienda, el programa plantea un cambio de enfoque, pasando de la simple construcción de viviendas a la creación de entornos residenciales dignos y conectados con las zonas de empleo. Se prestará especial atención al medio rural, con la puesta en marcha de un programa específico destinado a construir o rehabilitar 100.000 viviendas en los núcleos rurales emergentes durante esta legislatura. Los hogares que cumplan los requisitos podrán beneficiarse de una subvención directa de 40.000 dírhams, acompañada de asistencia técnica gratuita y de una simplificación de las normas urbanísticas en el medio rural.
Seguridad hídrica, energética y alimentaria
En un mundo marcado por la inestabilidad geopolítica y el cambio climático, la preservación de los recursos vitales constituye uno de los ejes prioritarios del programa gubernamental. En materia de agua, la estrategia se basa en acelerar la diversificación de los recursos hídricos no convencionales, con el objetivo de movilizar 1.800 millones de metros cúbicos de agua de mar desalinizada de aquí a 2031. Este proyecto se desarrollará paralelamente a la construcción de nuevos embalses y a la ejecución de trasvases de agua entre cuencas, con el fin de preservar el equilibrio de cada región.
En materia de independencia energética, el Gobierno se compromete a elevar la participación de las energías renovables a más del 52 % del mix eléctrico nacional para 2030, al tiempo que acelerará la puesta en marcha de la Oferta Marruecos para el hidrógeno verde y de la hoja de ruta del gas natural.
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En cuanto a la soberanía alimentaria, se dará prioridad al control de los factores de producción agrícola. Un programa nacional pretende aumentar la proporción de semillas de origen local del 20 % actual al 50 % al término de la legislatura, reduciendo así la dependencia exterior de los sectores estratégicos.
Descentralización y reactivación de la inversión privada
En el plano institucional y territorial, el Ejecutivo pretende dar un nuevo impulso a la regionalización avanzada. Para garantizar la autonomía y la eficacia de las administraciones territoriales, las transferencias financieras del Estado a los consejos regionales alcanzarán un mínimo de 12.000 millones de dírhams anuales a partir de 2027, respaldadas por el despliegue completo de la desconcentración administrativa.
En materia de ética pública y mejora del clima empresarial, el Gobierno seguirá reforzando el marco legal contra la corrupción, los conflictos de intereses y el enriquecimiento ilícito.
Para fomentar el emprendimiento nacional, una nueva obligación reglamentaria exigirá a los adjudicatarios de los grandes contratos públicos reservar al menos el 30 % del valor total de sus contratos a las microempresas y pequeñas y medianas empresas marroquíes.
La transformación económica del Reino se apoya en un reequilibrio del esfuerzo inversor. Mediante la consolidación de los mecanismos del nuevo Pacto de Inversión y de la hoja de ruta turística 2027-2030, que aspira a alcanzar los 26 millones de visitantes de aquí a 2030, el Gobierno pretende elevar la contribución del sector privado hasta los dos tercios de la inversión total nacional, consolidando la posición de Marruecos como una potencia económica emergente y resiliente.
