El Gobierno español anunció este martes un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda, que incluye la suspensión de los desahucios hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler.
Las medidas, fruto de las negociaciones mantenidas en el seno de la coalición gubernamental, están recogidas en dos textos que todavía deberán ser remitidos al Parlamento para su tramitación, según informó el Ministerio de Sanidad.
El paquete contempla además impedir que los llamados «fondos buitre» puedan adquirir viviendas, así como establecer nuevas reglas para los alquileres de temporada y el alquiler de habitaciones.
El anuncio llega en un contexto de creciente movilización social en torno al acceso a la vivienda, reavivada tras el desahucio, la semana pasada en Madrid, de una mujer de 87 años que llevaba cerca de siete décadas viviendo en el mismo apartamento, después de que el inmueble fuera adquirido por una empresa inmobiliaria.
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El caso provocó una fuerte indignación y dio nombre al denominado «decreto Maricarmen», que agrupa parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo español.
Desde el pasado sábado, varios cientos de personas permanecen concentradas en una zona de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, para denunciar la especulación inmobiliaria y reclamar una mayor protección para los inquilinos.
El Sindicato de Inquilinos, impulsor de varias de estas reivindicaciones, valoró positivamente los anuncios del Gobierno, aunque advirtió de que esperará a conocer el contenido definitivo de los textos antes de pronunciarse sobre su alcance.
La crisis de la vivienda se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones sociales en España, en un contexto marcado por el fuerte incremento de los alquileres y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda, especialmente en las grandes ciudades y las zonas turísticas.
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