Una acusación extraordinaria exige pruebas extraordinarias. El Español publicó este lunes que los servicios de Inteligencia del Ejército español habían identificado a 72 militares marroquíes infiltrados en Sebta. No habló de sospechosos, de personas pendientes de identificación o de una hipótesis manejada por determinadas fuentes. Los presentó directamente como militares y coordinadores de las entradas registradas los días 30 y 31 de julio.
El titular no dejaba espacio para la duda: «Informes de la Inteligencia del Ejército han identificado a 72 militares marroquíes como coordinadores de los invasores en el interior de Ceuta». La información, firmada por Gustavo Molina Durango, aseguraba que 22 de esas personas pertenecían a los servicios de inteligencia marroquíes y otras 50 eran militares en activo.
La afirmación fue presentada como una conclusión cerrada. Horas después, la máxima responsable política de las Fuerzas Armadas españolas negó tener constancia de ella.
Preguntada en Bruselas por la supuesta identificación, la ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió: «A mí no me consta. Yo sé que hay muchas especulaciones sobre lo que pasó, ahora hay un procedimiento judicial en marcha, en ese procedimiento se averiguará». El propio Ministerio de Defensa, consultado por Euronews, se remitió a esas palabras. Interior y la Delegación del Gobierno en Sebta tampoco habían confirmado la información en el momento de la publicación.
El precedente que obligó a abrir los archivos
No es la primera vez que El Español convierte fragmentos de un informe reservado en una acusación cerrada contra Marruecos. A comienzos de septiembre, el mismo periódico presentó un documento de 55 páginas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras como la prueba de que las entradas del 30 y 31 de julio habían sido guiadas por gendarmes marroquíes «a las órdenes de agentes de paisano» y con una finalidad distinta de la migratoria.
El informe existía, pero no decía todo lo que el periódico le hizo decir. Recogía imágenes de agentes uniformados y de personas de paisano, hablaba de «permisividad» y «guiado activo» y descartaba que una movilización de semejante magnitud fuera completamente espontánea. Sin embargo, no identificaba al autor intelectual, no establecía una cadena de mando, no acreditaba la identidad de los supuestos «agentes dinamizadores» ni demostraba que el Estado marroquí hubiera planificado y dirigido una operación contra España.
Leer también : El falso relato sobre el informe de Sebta que puso la política española patas arriba
La versión difundida por El Español fue convertida inmediatamente en un hecho probado por partidos, radios y televisiones. El PP pidió la dimisión del ministro del Interior y la convocatoria de elecciones, mientras otras formaciones exigieron responsabilidades políticas y diplomáticas. La filtración provocó tal incendio que el Gobierno de Pedro Sánchez terminó desclasificando alrededor de 40 informes, alertas y comunicaciones elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto.
La apertura de esos documentos no confirmó el relato construido por el periódico. Mostró que el CNI había alertado tanto a las autoridades españolas como a los servicios marroquíes, que la Guardia Civil consideraba «poco probable» que Marruecos hubiera consentido o incentivado la entrada y que otro informe del propio CENIF, fechado el 31 de julio, atribuía la organización inicial a los migrantes. El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó además a Fernando Grande-Marlaska que ningún informe policial atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes «la planificación o ejecución» de lo sucedido.
El caso ya está ante la comisión deontológica
«A título personal», Lahcen Haddad remitió además una solicitud a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, órgano vinculado a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. «Como ciudadano marroquí, solicito que se examine el tratamiento informativo de El Español, que publicó la existencia de tres informes que supuestamente implicarían a 72 militares marroquíes en los sucesos de Ceuta. Posteriormente, la ministra española de Defensa declaró que no tenía conocimiento de esos informes y que su ministerio no disponía de ellos», escribió.
«Dada la gravedad de la acusación y el interés público del asunto, les pido que valoren si se respetaron las normas de verificación y rigor periodístico y si procede recomendar una rectificación. Si se considera que no estoy directamente afectado, solicito que se valore la admisión de esta petición por su relevancia pública», añadió Haddad.
La reclamación de Haddad coloca ahora el foco donde debía haber estado desde el principio, en la distancia entre lo que El Español asegura haber conocido y lo que realmente ha podido comprobarse. El periódico afirma que existen tres informes clasificados, pero no ha mostrado ninguno de ellos, no identifica la unidad que los elaboró y tampoco aporta elementos que permitan verificar de manera independiente la identidad o las actuaciones de esas 72 personas.
Hasta el momento, solo hay tres hechos comprobables. El Español publicó la acusación como una certeza, la ministra de Defensa afirmó que no le consta y la investigación judicial encargada de esclarecer quién organizó las entradas continúa abierta. Ninguna autoridad española ha confirmado públicamente la presencia de 72 militares marroquíes infiltrados en Sebta.
La carga de la prueba corresponde, por tanto, a quien lanzó la acusación. El Español puede publicar informaciones procedentes de documentos reservados y proteger a sus fuentes, pero no puede convertir esa protección en una licencia para presentar como demostrado aquello que nadie más ha confirmado. Mientras no aporte pruebas verificables, los 72 militares marroquíes no son un hecho establecido, sino una acusación periodística construida sobre documentos inaccesibles y fuentes anónimas. Margarita Robles la devolvió, en apenas unas horas, al terreno del que nunca debió salir, el de las «muchas especulaciones».
