El entendimiento alcanzado este lunes entre el Partido Popular y Vox supera el carácter meramente técnico que sus dirigentes tratan de atribuirle. Por primera vez antes de unas elecciones generales, las dos principales formaciones de la derecha española han coordinado sus candidaturas para concentrar el voto y maximizar su representación en una de las dos Cámaras de las Cortes.
No habrá una coalición nacional ni una papeleta común en toda España. La fórmula consiste en una combinación de retiradas, candidaturas reducidas y aspirantes propuestos por Vox dentro de las listas populares. Una arquitectura concebida provincia por provincia para adaptarse al sistema electoral del Senado y responder al pacto alcanzado por el PSOE, Frente Amplio y varias fuerzas territoriales bajo la marca Senado de Progreso.
Vox se retira en seis territorios
Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En esos territorios, el PP incorporará como independiente a una persona propuesta por la formación de Santiago Abascal.
La retirada, por tanto, no implica la desaparición de Vox de la competición. El partido renuncia a concurrir bajo sus siglas, pero obtiene presencia dentro de las listas populares y conserva la posibilidad de lograr representación.
El PP se apartará, a su vez, de la elección al Senado en Gipuzkoa, Girona y Tarragona. Se trata de una concesión de reducido coste para Feijóo. Los populares llevan 23 años sin conseguir un senador por Gipuzkoa y nunca han obtenido representación por Girona o Tarragona. La operación permite presentar una cierta reciprocidad sin comprometer escaños que el partido considerase a su alcance.
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En otras catorce provincias (Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén) Vox limitará su candidatura a una sola persona. En las 23 provincias restantes, ambas formaciones competirán por separado.
La aritmética provincial
El acuerdo explota las particularidades de la elección del Senado, donde los ciudadanos votan directamente a candidatos individuales y pueden combinar nombres de diferentes partidos. En la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores, aunque cada elector solo puede marcar un máximo de tres aspirantes.
Este modelo favorece habitualmente a la candidatura más votada, que suele obtener tres representantes, mientras el cuarto escaño queda para la segunda fuerza. La presencia de PP y Vox con listas completas podía dispersar el voto de la derecha y facilitar que varios candidatos de la izquierda se situaran entre los cuatro primeros.
En las catorce provincias donde Vox solo presenta un aspirante, sus electores podrán apoyar también a dos candidatos populares. El cálculo busca asegurar las primeras posiciones para el PP y permitir que el representante de Vox dispute el último escaño al bloque progresista.
En las seis circunscripciones donde la formación de Abascal se retira por completo, su electorado podrá concentrarse en la candidatura popular, dentro de la cual figurará además el candidato independiente elegido por Vox.
La aplicación de la fórmula deberá tener en cuenta las particularidades de los territorios insulares. En las islas mayores se eligen tres senadores y cada ciudadano dispone de dos votos, mientras las islas menores designan un representante. Sebta y Melilla eligen dos senadores cada una.
El objetivo de los tres quintos
El propósito inmediato del PP es conservar la mayoría absoluta de la que disponía en la Cámara disuelta. La meta más ambiciosa, reconocida por dirigentes populares, es que la suma con Vox alcance los tres quintos del Senado.
La próxima Cámara estará formada por 266 miembros. De ellos, 208 serán elegidos directamente el 29 de noviembre y 58 serán designados por los parlamentos autonómicos. La mayoría de tres quintos se sitúa, por tanto, en 160 senadores.
Ese umbral permitiría a la derecha adquirir un peso determinante en la elección o renovación de distintos órganos constitucionales. El Senado participa en la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, diez vocales del Consejo General del Poder Judicial, seis consejeros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, entre otros cargos.
También tendría relevancia ante una eventual reforma constitucional. No obstante, el control de la Cámara Alta no bastaría para aprobarla sin contar con las mayorías igualmente exigidas en el Congreso.
El pacto tampoco garantiza que PP y Vox alcancen los 160 senadores. Su eficacia dependerá del comportamiento de los electores, de la transferencia efectiva de votos entre ambas formaciones y del resultado de Senado de Progreso. Los ciudadanos pueden combinar candidatos, pero los partidos no controlan completamente cómo utilizarán esa posibilidad.
La respuesta al frente de izquierdas
La operación constituye la réplica de la derecha a la candidatura conjunta impulsada por el PSOE y Frente Amplio en 43 circunscripciones. La izquierda pretende impedir que su división vuelva a favorecer al PP, que en 2023 obtuvo una amplia mayoría senatorial mientras Sumar quedó sin representación pese a superar el 11% de los votos al Congreso.
Las dos estrategias responden a la misma lógica, concentrar el voto para evitar que el sistema provincial penalice la fragmentación. La diferencia política reside en que el entendimiento PP-Vox se produce mientras ambos partidos se presentan como socios probables de un cambio de Gobierno.
Feijóo ha evitado hasta ahora confirmar si incorporaría a Vox a un futuro Ejecutivo. El acuerdo senatorial tampoco resuelve esa incógnita, pero demuestra que los dos partidos ya disponen de canales de negociación y son capaces de distribuir candidaturas antes de conocer el resultado de las elecciones.
Para Abascal, el pacto supone además un reconocimiento de su creciente peso. Vox acepta reducir su presencia en varias papeletas, pero obtiene candidatos dentro de las listas populares y obliga al PP a asumir públicamente una estrategia compartida.
Una señal que Marruecos debe observar
El acuerdo no incluye compromisos sobre Marruecos, el Sáhara marroquí, la cooperación migratoria o las relaciones diplomáticas. Tampoco concede al Senado capacidad para dirigir la política exterior española, una competencia que corresponde principalmente al Gobierno.
Su interés para Marruecos radica en el acercamiento político que revela. PP y Vox han endurecido durante la precampaña sus posiciones sobre la inmigración, el control de las fronteras y Sebta. Abascal ha acusado directamente a Pedro Sánchez de actuar como el «candidato de Marruecos», mientras Feijóo ha prometido responder con firmeza a lo que considera actuaciones inadmisibles del Reino.
La coordinación afecta, además, a territorios particularmente vinculados con la relación bilateral. Cádiz concentra los principales puertos españoles del Estrecho y una parte esencial de los intercambios con Marruecos. Canarias ocupa una posición central en la cooperación migratoria y marítima del espacio atlántico. Valencia, Castellón y Alicante mantienen importantes relaciones económicas y albergan a una numerosa comunidad de origen marroquí.
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Una mayoría PP-Vox podría convertir el Senado en una plataforma de presión permanente sobre cualquier Gobierno socialista mediante comparecencias, mociones e iniciativas relacionadas con Interior, Defensa, inmigración y política exterior. Si Feijóo alcanzase también la Moncloa, el control de la Cámara Alta facilitaría el desarrollo de su agenda y reforzaría la influencia institucional de Vox.
Eso no implica automáticamente un cambio de la posición española sobre el Sáhara marroquí ni una ruptura de la cooperación bilateral. El PP mantiene intereses económicos, de seguridad y migratorios que favorecen una relación pragmática con el Reino. La incertidumbre reside en el margen que conservaría para desarrollar esa política si dependiese de una formación que ha convertido la confrontación con Marruecos en uno de sus principales argumentos electorales.
El acuerdo para el Senado ofrece así una primera referencia concreta. PP y Vox no solo contemplan sumar después del 29N. A pocas horas de cerrarse las candidaturas, ya han comenzado a organizar conjuntamente el poder que aspiran a ejercer
