El 23 de octubre, Javier Chicote publicó en Artículo 14 una acusación de extrema gravedad: un buque militar marroquí habría arrojado migrantes al mar frente a Ceuta, mientras una embarcación de Salvamento Marítimo se encontraba cerca. Al día siguiente, publicó extractos de partes operativos atribuidos a Salvamento Marítimo. El caso también llegó a Todo es mentira, el programa de Cuatro, donde intervino, entre otros, Pablo Cambronero. Durante el debate, el incidente se vinculó a la hipótesis de una «guerra híbrida».
Una acusación grave merece una investigación rigurosa. También exige distinguir entre los hechos observados y las interpretaciones que se hacen de ellos. En este caso, unos partes citados por Artículo 14 se presentaron rápidamente como prueba de una intención y, después, como indicio de una estrategia contra España. Ese paso de un nivel a otro no es automático.
Según los extractos publicados, un parte de las 5:38 informa de que la patrullera marroquí «está tirando al agua» a personas que lleva a bordo para que las recoja la Salvamar Atria. Otro, de las 5:47, señala que la tripulación afirma haber observado a la patrullera arrojar a personas al agua «para que crucen a nado». Artículo 14 informa de que la Atria rescató a treinta personas: 28 hombres y dos mujeres. Son elementos serios que deben investigarse. Pero es necesario precisar qué demuestran exactamente.
Los extractos hechos públicos no permiten saber si la tripulación vio abandonar la patrullera a cada una de las treinta personas, cuántas habrían sido arrojadas al agua ni si algunas saltaron voluntariamente. El propio Artículo 14 recoge que algunos migrantes pudieron saltar porque preferían ser rescatados por una embarcación española. Esa posibilidad no refuta la observación referida a otras personas; sí impide deducir del número total de rescatados que los treinta fueran necesariamente obligados a abandonar el buque.
También hay que examinar la verificabilidad. El público dispone de extractos citados por un medio, pero no de los documentos íntegros que permitirían conocer su secuencia, contexto y comunicaciones relacionadas. Para establecer con precisión los hechos, habría que contrastar los partes originales, las grabaciones de radio, los diarios de navegación, las coordenadas de las embarcaciones y los testimonios de los rescatados y de las tripulaciones. Sin ese examen, los extractos son elementos que deben investigarse, no un expediente completo que el público pueda verificar.
«Afirmar que se trató de una política decidida por el Estado marroquí exigiría pruebas adicionales. Sostener que fue una operación destinada a desestabilizar a España requeriría todavía más.»
También hay que distinguir entre el presunto acto y la responsabilidad política. Aunque la investigación demostrara que algunas personas fueron arrojadas deliberadamente al agua, habría que identificar a los autores, las instrucciones que recibieron y su posición en la cadena de mando. Afirmar que se trató de una política decidida por el Estado marroquí exigiría pruebas adicionales. Sostener que fue una operación destinada a desestabilizar a España requeriría todavía más.
Sin embargo, ese último salto es el que ha dado al caso su dimensión política. En Todo es mentira, el incidente se vinculó a la hipótesis de una «guerra híbrida». Pero esa expresión presupone una intención estratégica y una coordinación: no se desprende automáticamente de un parte operativo. Que el programa comentara el artículo de Chicote no convierte esa interpretación en un hecho probado.
Las cifras de la Guardia Civil ayudan a entender la crisis general de Ceuta, pero no resuelven este incidente concreto. Según su informe, entre el 29 y el 30 de julio las fuerzas marroquíes interceptaron a 493 personas de los 1.109 intentos de entrada a nado. El documento señala que esos datos no permitían concluir que hubiera existido una «dejación manifiesta» de las autoridades marroquíes durante ese periodo. Las cifras no prueban ni lo ocurrido en torno a la Salvamar Atria ni la existencia de una orden política. Recuerdan, eso sí, que un episodio aislado no basta para resumir toda la actuación de las autoridades marroquíes durante la crisis.
La posición rigurosa consiste en no descartar los partes, pero tampoco convertirlos en un veredicto. Si se obligó a personas a volver al mar, los responsables deben ser identificados y responder por sus actos. Pero mientras no se contrasten los documentos completos y los testimonios, la acusación de una estrategia de Estado o de una «guerra híbrida» sigue siendo una hipótesis, no una demostración.
Chicote ha planteado una cuestión que debe investigarse. Sin embargo, los extractos publicados no demuestran la tesis política que algunos han construido a partir de ellos. Entre una observación recogida en un parte, la responsabilidad de una patrullera y una operación diseñada por un Estado quedan varios pasos probatorios. Confundirlos es sustituir la investigación por el relato.
