En el documento, titulado «Políticas de reforma administrativa y necesidad de un amplio diálogo público y de una posición gubernamental clara», la institución propone confiar este proceso a una dirección gubernamental capaz de garantizar una visión común, coordinar las distintas actuaciones, asegurar la continuidad de los programas y delimitar claramente las responsabilidades.
La publicación del boletín se fundamenta en el vínculo constitucional y funcional entre el Mediador y la Administración, así como en el compromiso de esta institución con la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos. También se apoya en la experiencia acumulada mediante el tratamiento de reclamaciones y la elaboración de informes anuales. El documento cobra especial actualidad ante la proximidad de las elecciones legislativas y el debate sobre las prioridades de la acción gubernamental y los futuros programas públicos.
La institución considera que la reforma de la Administración y de la función pública debe situarse en el centro del debate público como una política transversal que afecta a la confianza en las instituciones y a la calidad de los servicios públicos. La Administración, subraya, constituye la imagen cotidiana del Estado, a través de la cual el ciudadano comprueba la aplicación efectiva de la ley, el respeto de los plazos, la claridad de las responsabilidades y la respuesta a sus reclamaciones.
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El boletín aborda también las dificultades prácticas señaladas en los informes de la institución, especialmente durante los periodos de transición gubernamental, redistribución de competencias y reorganización de los departamentos administrativos.
Estas dificultades afectan, entre otros aspectos, al tratamiento de los expedientes, la identificación de la autoridad competente y el cumplimiento de compromisos anteriores. Todo ello puede repercutir en la continuidad de los servicios administrativos y en los plazos de respuesta a las reclamaciones ciudadanas, lo que otorga especial importancia al principio de continuidad del servicio público como garantía de los derechos de los usuarios.
Según el enfoque planteado por el boletín, la reforma administrativa abarca los métodos de gestión, la cultura del servicio público, la calidad de la relación con el usuario y la capacidad de la Administración para escuchar, justificar sus decisiones y corregir sus actuaciones.
El proceso debe combinar, además, la organización administrativa, la desconcentración, la racionalización de las estructuras, la simplificación de los procedimientos, la moralización de la gestión pública y la mejora de la calidad de los servicios. Estos mecanismos, señala el comunicado, están interrelacionados y requieren una dirección capaz de garantizar su seguimiento y coordinación, al tiempo que vincule la reforma administrativa con la modernización de la función pública.
El documento recomienda igualmente convertir la reforma de la Administración y de la función pública en una política pública transversal, apoyada en una gobernanza gubernamental clara y un marco institucional estable. El objetivo es garantizar la continuidad de los programas y coordinar los procesos de simplificación, digitalización, desconcentración y moralización del servicio público.
La institución considera asimismo necesario establecer un sistema nacional de evaluación del rendimiento administrativo, basado en indicadores que permitan medir la calidad, accesibilidad y plazos de ejecución de los servicios públicos, así como la satisfacción de los usuarios, la capacidad de respuesta de la Administración ante las reclamaciones y la aplicación de las recomendaciones.
Por último, el Mediador del Reino insiste en la necesidad de abrir un amplio debate público sobre el lugar que debe ocupar la reforma de la Administración y de la función pública entre las prioridades nacionales y los futuros programas gubernamentales. El objetivo es alcanzar una visión común que vincule la organización administrativa con los derechos de los usuarios y garantice una gestión eficaz y adecuada de esta reforma.
