Esta interpretación merece ser sometida a las mismas herramientas del pensamiento poscolonial que invoca. Porque ¿en qué consiste exactamente esa «reparación»? Consiste en recuperar una categoría producida por la Administración colonial española, conferirle un valor identitario permanente y pedir después a la antigua metrópoli que decida quién puede reivindicarla hoy. El colonialismo es denunciado en el discurso, pero sus clasificaciones son conservadas, sacralizadas y convertidas en títulos de reconocimiento jurídico.
He aquí la primera paradoja: pretender deconstruir el orden colonial mientras se reactivan sus categorías. El registro del colonizador se convierte en fuente de identidad; su Administración, en autoridad histórica; y su pasaporte, en horizonte de emancipación. La colonización es rechazada como sistema de dominación, pero las identidades que codificó son tratadas como verdades políticas intangibles.
No se trata aquí de cuestionar el derecho de las personas afectadas a solicitar la nacionalidad española. Un pasaporte abre posibilidades de movilidad, trabajo, protección consular y acceso a derechos sociales. En un mundo profundamente desigual, una nacionalidad europea representa un capital jurídico y económico considerable. Por tanto, es perfectamente legítimo que una persona desee adquirirla.
«La decisión de una persona de integrarse en la comunidad jurídica española no demuestra ni la existencia de un Estado independiente ni la de un derecho colectivo sobre el territorio.»
— Lahcen Haddad
Pero esta aspiración personal no puede transformarse en una demostración histórica. Solicitar un pasaporte para ampliar los propios derechos no constituye un acto de soberanía, del mismo modo que una naturalización tampoco representa un referéndum territorial. La decisión de una persona de integrarse en la comunidad jurídica española no demuestra ni la existencia de un Estado independiente ni la de un derecho colectivo sobre el territorio.
Sin embargo, este es precisamente el desplazamiento que algunos promotores pretenden imponer. Parten de una medida individual de ciudadanía para llegar a una conclusión colectiva sobre la historia, la identidad y la soberanía. Transforman un derecho personal en un instrumento de legitimación política. Lo que podría seguir siendo una medida española de apertura y protección se convierte, dentro de su relato, en una suerte de certificado expedido por la antigua metrópoli sobre la identidad y el futuro de toda una población.
Esta operación revela una contradicción aún más profunda. Quienes denuncian cualquier relación histórica entre el Sáhara y Marruecos como una reminiscencia de dominación buscan, al mismo tiempo, en la antigua potencia colonial el reconocimiento capaz de validar su propio relato. El vínculo marroquí sería, por definición, sospechoso; la clasificación española, en cambio, se convertiría en una fuente legítima de identidad. La historia regional sería descalificada, mientras que el archivo colonial sería elevado al rango de autoridad.
Se trata de una forma manifiesta de interiorización de la jerarquía colonial. Europa continúa ocupando el centro desde el cual se nombra, se reconoce y se legitima. La identidad solo sería plenamente válida una vez certificada por la antigua metrópoli. El pasaporte europeo se convierte en algo más que un documento: es presentado como una consagración política, casi como la prueba de que una identidad formulada bajo el colonialismo debe sobrevivir al propio colonialismo.
Esta concepción difícilmente puede conciliarse con un pensamiento verdaderamente decolonial. Descolonizar no consiste en pedir al antiguo poder colonial que perpetúe sus clasificaciones bajo una nueva forma jurídica. Descolonizar significa precisamente retirar a ese poder la capacidad de determinar de manera duradera las identidades, las pertenencias y las fronteras mentales de las sociedades que administró en el pasado.
La propuesta revela asimismo una instrumentalización selectiva de la memoria. Algunos de sus defensores invocan la responsabilidad histórica de España, pero evitan interrogarse sobre la manera en que la propia Administración franquista censó, fragmentó y clasificó a las poblaciones del Sáhara. El censo colonial se utiliza entonces como si constituyera una fotografía neutral, exhaustiva y definitiva de una comunidad política, cuando en realidad respondía a las necesidades administrativas de una potencia ocupante.
«Y un pasaporte concedido varias décadas después no transforma retroactivamente una clasificación administrativa en un título de soberanía.»
— Lahcen Haddad
Una categoría administrativa colonial no se convierte en una identidad política eterna por el mero hecho de haber sido inscrita en un registro europeo. Un censo no crea un pueblo soberano. Un documento de identidad no funda un Estado. Y un pasaporte concedido varias décadas después no transforma retroactivamente una clasificación administrativa en un título de soberanía.
La verdadera cuestión poscolonial se encuentra, por tanto, en otra parte: ¿por qué determinadas corrientes políticas siguen necesitando a la antigua metrópoli para certificar una identidad que, sin embargo, presentan como autónoma y anterior a la colonización? Si esa identidad encuentra su fundamento en su propia historia, no debería depender de una ley española. Y si necesita esa ley para obtener reconocimiento político, entonces sus promotores admiten implícitamente la persistente centralidad del poder colonial que afirman combatir.
La paradoja resulta particularmente llamativa cuando esta naturalización es celebrada como la culminación de una lucha de liberación. El horizonte propuesto ya no consiste en emanciparse de la antigua metrópoli, sino en integrarse en su comunidad jurídica. La emancipación pasaría por obtener su pasaporte, adherirse a su orden constitucional y buscar su protección.
Una vez más, esta integración puede ser individualmente deseable y perfectamente legítima. Lo cuestionable es presentarla como una victoria anticolonial. No se puede convertir simultáneamente a la antigua metrópoli en la fuente del problema colonial y en la autoridad llamada a consagrar la solución. No se puede denunciar su antiguo poder de clasificación mientras se le pide que actualice las categorías que ese mismo poder produjo.
El derecho internacional impone, además, una distinción que la retórica militante pretende borrar. La concesión de una nacionalidad pertenece al ámbito de las competencias de un Estado respecto de las personas. No determina la soberanía territorial ni el desenlace de una controversia internacional. Una ley española puede crear ciudadanos españoles; por sí sola, no puede crear un pueblo soberano, modificar fronteras ni resolver una disputa territorial.
La ciudadanía constituye un vínculo jurídico individual. La soberanía es una cuestión territorial y política. Confundir ambas cosas no constituye una demostración jurídica, sino una instrumentalización. El pasaporte no puede convertirse en una papeleta electoral, la naturalización en un plebiscito ni una ley nacional en el sustituto de una solución política internacional.
La crítica no se dirige, por tanto, ni contra España, ni contra su Gobierno, ni contra las personas que desean adquirir la nacionalidad española. Se dirige contra determinados sectores políticos y separatistas que pretenden desviar una decisión legítima del Estado español para convertirla en un arma simbólica contra Marruecos y en una validación de su propia interpretación del conflicto.
En realidad, su discurso es menos decolonial de lo que pretende. Mantiene a la antigua metrópoli en la cúspide de la jerarquía del reconocimiento, resucita sus categorías administrativas y transforma el privilegio del pasaporte europeo en un sustituto de la emancipación política.
La verdadera descolonización no consiste en recibir nuevos documentos basados en las clasificaciones de ayer. Comienza cuando la antigua metrópoli deja de ser invocada como árbitro de las identidades, las pertenencias y el futuro político de las sociedades que administró en el pasado.
