El Consejo de Ministros español aprobó este martes la desclasificación parcial de los informes relacionados con la entrada masiva de personas en Sebta los días 30 y 31 de julio. La documentación que pueda hacerse pública se incorporará a un expediente que, según las informaciones difundidas esta mañana, estará disponible a partir del miércoles. La medida comprende los informes de situación y alerta elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos que siguieron la evolución de la presión migratoria.
No será, sin embargo, una desclasificación completa. Algunos documentos mantendrán su carácter reservado porque contienen información especialmente sensible o datos aportados por servicios de inteligencia extranjeros. El Ejecutivo pretende trasladar al menos esa documentación a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, según adelantó la Cadena SER.
Entre los documentos que perderán su clasificación figura un informe del CIFAS que consideraba muy probable una entrada masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono. El aviso llegó a la cúpula del Ministerio de Defensa el propio 30 de julio, cuando el margen de reacción era ya mínimo. También se conocerán informes sobre el aumento progresivo de las llegadas a nado y sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que limitó las devoluciones inmediatas de quienes accedieran por mar.
La publicación deberá aclarar dos cuestiones diferentes que durante semanas se han mezclado deliberadamente. Una es determinar si las autoridades españolas recibieron alertas suficientes y reaccionaron de manera adecuada. La otra, muy distinta, consiste en demostrar quién organizó la movilización y si existió una intervención del Estado marroquí. Hasta ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva.
La filtración que convirtió una hipótesis en una sentencia
El origen inmediato de la actual tormenta política se encuentra en el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una unidad adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón solicitó el documento el 3 de agosto para determinar si la entrada masiva había sido espontánea o respondía a una acción dirigida. El informe, fechado el 26 de agosto y compuesto por 55 páginas, fue remitido al tribunal el 1 de septiembre.
Su existencia y parte de sus conclusiones fueron filtradas ese mismo día a El Español, que tituló: «La Policía informa a la juez que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio». La información presentó así como una conclusión policial prácticamente cerrada lo que, como muestra la lectura íntegra del documento, era una interpretación construida a partir de indicios y fuentes abiertas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conoció la existencia del informe a través de la prensa y reclamó explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo. Este respondió que no existía ningún informe policial que atribuyera a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación y ejecución de los acontecimientos.
La aparente contradicción se explica al leer el documento completo. El texto sí formula sospechas graves sobre el comportamiento de determinados agentes y habla de permisividad, orientación de los desplazamientos y presencia de personas que considera vinculadas a los cuerpos de seguridad. Pero no identifica al supuesto responsable de la planificación ni atribuye formalmente la autoría al Gobierno marroquí.
La propia Cadena SER terminó resumiéndolo de manera más precisa, el informe señala la posible implicación de agentes, pero no culpa directamente a Marruecos.
El documento había sido entregado directamente a la Audiencia Nacional bajo instrucciones de máxima reserva. No había pasado por la Dirección General de la Policía ni por el Ministerio del Interior. Sin embargo, antes de que pudiera ser examinado institucionalmente, su versión más incriminatoria ya ocupaba portadas, tertulias y discursos políticos.
Lo que el informe dice realmente sobre Marruecos
La acusación más directa aparece en la página 16. El CENIF califica la respuesta de las fuerzas de seguridad marroquíes de «total permisividad» y sostiene que algunos agentes dieron indicaciones para orientar los cruces hacia la playa y el espigón de El Tarajal.
Más adelante, el informe distribuye a los supuestos responsables en cinco niveles. El primero corresponde a las personas que cruzaron la frontera, el segundo, a quienes difundieron y amplificaron los llamamientos en las redes sociales, el tercero, a los organizadores del movimiento sobre el terreno, donde sitúa a «agentes marroquíes uniformados» y a presuntos «agentes dinamizadores» de paisano, el cuarto, a quienes habrían planificado el proceso, y el quinto, a su dirección estratégica.
Pero precisamente en los dos niveles decisivos (la planificación y la dirección) el documento se queda sin nombres. Reconoce que no ha podido individualizar a sus integrantes y no identifica a ningún responsable político, mando policial o institución. Tampoco aporta una orden, una comunicación interna ni una cadena jerárquica que permita atribuir la operación al Estado marroquí.
El propio informe admite que la estructura sería «difusa», que las actuaciones habrían estado descentralizadas y que no puede establecer «un esquema de actuación jerárquica al uso». La conclusión precede así a la prueba, el CENIF considera que una movilización de tal magnitud solo podía ser planificada y utiliza esa supuesta planificación para interpretar todos los demás indicios. En otras palabras, describe una operación minuciosamente dirigida, pero no sabe quién la dirigió.
Datos imprecisos para una operación supuestamente milimétrica
El informe reconoce que no dispone de cifras fiables sobre el número de personas que entraron, regresaron a Marruecos o permanecieron en Sebta. Sus estimaciones oscilan entre 49.200 y 85.000 entradas, mientras calcula que entre 5.000 y 10.000 personas se quedaron en la ciudad.
Pese a esa «imposibilidad de cuantificación», sostiene que aproximadamente el 90% regresó voluntariamente y presenta ese retorno como prueba de que la finalidad no era migratoria. También interpreta la llegada inicial de jóvenes y la incorporación posterior de familias, mujeres y niños como dos fases diseñadas para colapsar primero el dispositivo fronterizo y anular después cualquier respuesta coercitiva.
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Pero el documento no demuestra que esos grupos recibieran instrucciones diferentes ni que fueran movilizados conforme a un calendario previamente establecido. La sucesión admite una explicación mucho más sencilla, los jóvenes con capacidad para cruzar a nado llegaron primero y, cuando se difundió que la frontera estaba abierta, el efecto de imitación atrajo a familias y personas menos preparadas.
El regreso masivo tampoco acredita una finalidad política. Puede explicarse por la imposibilidad de viajar a la Península, la falta de alojamiento, el temor a una expulsión o el descubrimiento de que los rumores sobre una regularización automática eran falsos. Si el objetivo consistía en mantener Sebta colapsada, la vuelta casi inmediata de la inmensa mayoría resulta incluso contradictoria con esa supuesta estrategia.
Teléfonos marroquíes y agentes identificados por su ropa
Otro de los indicios destacados por el CENIF es que el 90,8% de los teléfonos analizados tenía prefijo marroquí. El dato difícilmente podía ser distinto cuando la movilización se produjo en Marruecos y sus participantes eran mayoritariamente marroquíes. Un prefijo no identifica al usuario de una línea, no demuestra su pertenencia a una institución ni prueba que actuara siguiendo órdenes oficiales.
El informe tampoco acredita una red automatizada, una financiación común, una infraestructura técnica compartida o vínculos verificables entre los perfiles y algún organismo público. Constata la viralización de los mensajes y, a partir de ella, deduce la existencia de una «dirección estratégica» que no logra identificar.
Todavía más endeble resulta la identificación de 24 presuntos «agentes dinamizadores» de paisano. El documento los describe como hombres de entre 30 y 50 años, de «complexión fuerte o atlética», con el pelo corto, ropa de colores neutros, pantalón largo, zapatillas deportivas y, en algunos casos, gorras, mochilas o riñoneras.
También considera sospechoso que caminaran en sentido contrario a la multitud, observaran lo que sucedía, utilizaran el teléfono o ayudaran a otras personas a superar obstáculos. Ninguno de esos rasgos permite acreditar que fueran miembros de las fuerzas de seguridad.
Las fotografías tampoco permiten escuchar las supuestas instrucciones, verificar la identidad de sus protagonistas ni reconstruir el contexto completo de cada escena. El informe interpreta comportamientos visibles y los incorpora a una estructura cuya existencia había dado previamente por sentada. Una acumulación de sospechas puede justificar una investigación, pero no convertirse por sí sola en una prueba contra un Estado.
Las imágenes que quedaron fuera del relato
Mientras parte de la prensa española convertía imágenes parciales en una prueba contra Marruecos, otros vídeos difundidos desde el propio 30 de julio mostraban una realidad bastante más compleja.
En ellos aparecen decenas de agentes marroquíes con cascos, escudos y material antidisturbios desplegándose cerca de Bab Sebta. Otras secuencias muestran intervenciones destinadas a contener a los grupos, cargas, disparos disuasorios y fuerzas marroquíes tratando de recuperar el control de carreteras y accesos desbordados.
No se trata de imágenes descubiertas semanas después. Medios marroquíes y argelinos las difundieron los días 30 y 31 de julio. La propia agencia EFE informó sobre el terreno de que las autoridades marroquíes estaban empleando material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud.
El verificador español Newtral ha geolocalizado una de las grabaciones en la estación de taxis de Bab Sebta, en Fnideq. También confirmó que el vídeo circulaba ya el 30 y el 31 de julio y que los uniformes eran compatibles con los utilizados por las fuerzas de seguridad marroquíes.
Newtral advierte, correctamente, que las imágenes aisladas no permiten determinar con certeza qué hacían los agentes en ese instante ni probar el día exacto de la grabación. Pero esa prudencia debe aplicarse en ambas direcciones. Si un vídeo sin contexto completo no demuestra por sí solo que los agentes estaban conteniendo a la multitud, tampoco una fotografía aislada demuestra que estaban organizando deliberadamente su entrada en Sebta.
La publicación de estas imágenes no pasó inadvertida para el ministro de Transportes, Óscar Puente, que las compartió en su cuenta de X y denunció el sesgo con el que se había construido el relato inicial. «Es curioso que todas estas imágenes no aflorasen los primeros días y sí algunas que ni siquiera guardaban relación con los hechos. El sesgo de las redes ha sido en este caso más claro que nunca».
Las imágenes no borran que el dispositivo marroquí fue desbordado, que pudo haber fallos o momentos de repliegue. Lo que impiden es reducir 48 horas de caos a la fotografía seleccionada que mejor encaja con una acusación previamente formulada.
El propio informe recoge las alertas españolas
La lectura completa ofrece, además, otro elemento que quedó relegado en las primeras filtraciones. El CENIF enumera avisos emitidos dentro del sistema español antes de los acontecimientos. El 27 de julio, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sebta remitió una comunicación titulada «Entrada masiva a nado de inmigrantes», relacionada con la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo. El 29 de julio, el propio CENIF emitió una alerta sobre el riesgo de entradas irregulares al día siguiente. El 30 volvió a advertir del riesgo de colapso y el 31 actualizó la alerta.
El documento plantea incluso la posibilidad de examinar responsabilidades en los distintos niveles de respuesta españoles. La desclasificación aprobada este martes debería permitir saber quién recibió cada aviso, cómo fue evaluado y qué decisiones se adoptaron.
Esta cuestión revela que la investigación también debe mirar hacia el funcionamiento de los dispositivos españoles, la valoración de las alertas, la ausencia de refuerzos suficientes y las decisiones adoptadas en las horas críticas.
Investigar no equivale a condenar
La Audiencia Nacional acordó este lunes investigar los hechos al apreciar la posible comisión de delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal. En su resolución, la jueza Tardón considera que pudo existir una gestión favorecedora desde territorio marroquí. La apertura de diligencias, sin embargo, no convierte esa hipótesis en un hecho probado. Precisamente se investiga porque todavía debe determinarse qué ocurrió y quién pudo ser responsable.
El informe del CENIF puede ser un punto de partida. Contiene datos relevantes, recopila mensajes, ordena imágenes y plantea hipótesis que merecen ser verificadas. Pero no constituye la demostración de que el Gobierno marroquí diseñó o dirigió una operación contra España.
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No identifica a su supuesto autor intelectual. No aporta una orden. No reconstruye una cadena de mando. No prueba la relación institucional de los perfiles digitales. No autentica de manera concluyente a los presuntos agentes de paisano. Tampoco integra adecuadamente las imágenes que muestran a fuerzas marroquíes intentando contener la situación.
La diferencia entre sospechar de la actuación de determinados agentes y acusar a un Estado de organizar una operación hostil no es un matiz semántico. Es la distancia entre un indicio y una prueba.
La desclasificación tampoco parece destinada a poner fin a la cacofonía política española. Antes incluso de conocer los documentos, Feijóo afirmó que estarán «recortados», mientras Vox calificó la desclasificación de «cortina de humo» y volvió a lanzar graves acusaciones sin pruebas.
Todo apunta a que, para algunos, los intereses políticos pesan más que el esclarecimiento de los hechos. O, al menos, más que cualquier verdad que no coincida con la que ya han decidido creer. La publicación de los informes podrá aportar nuevas respuestas, pero difícilmente pondrá fin a un ruido convertido ya en argumento electoral.
