En la prensa se suele decir que no hay que disparar contra una ambulancia. De acuerdo. Pero una ambulancia, al menos, tiene el mérito de prestar auxilio. El Gobierno de Aziz Akhannouch, en cambio, se ha dedicado sobre todo a socorrer sus propios intereses. Eso se ha terminado. Tras unos comicios cuyos resultados provisionales fueron oficializados el 24 de septiembre por el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, el panorama político marroquí se prepara para vivir un giro histórico. Con una participación nacional del 38%, el veredicto de las urnas se ha convertido en un contundente voto de castigo contra el balance del Ejecutivo saliente, encabezado por el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI) y por Akhannouch en persona.
La configuración provisional de la Cámara de Representantes sitúa al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) en cabeza, con 97 escaños, relegando al RNI a una muy lejana segunda posición, con apenas 66 escaños, seguido de cerca por el Partido del Istiqlal (65 escaños) y el PJD (54 escaños).
Para el partido de Aziz Akhannouch, la caída resulta aún más contundente porque en 2021 había arrasado con 102 escaños, imponiéndose entonces como el gran protagonista de la escena política. Hay que decirlo: en apenas cinco años, el resultado se ha reducido a la mitad. Respaldados por enormes recursos desplegados tanto sobre el terreno como en internet y convencidos de la infalibilidad de su maquinaria electoral, los dirigentes del RNI apostaban por una victoria contundente. Pero no contaban con el profundo malestar de los ciudadanos. A partir de ahora, el partido del primer ministro saliente tendrá que conformarse probablemente con un papel secundario en la oposición, después de que el PAM haya cerrado de antemano la puerta a cualquier futura alianza.
El negocio electoral frente al muro de la realidad
Para intentar conservar el poder, el RNI y Aziz Akhannouch recurrieron a una receta conocida: apoyarse en notables locales capaces de movilizar votos en sus feudos, inyectar enormes cantidades de dinero en una campaña con tintes plutocráticos y activar todos los mecanismos de un «negocio electoral» perfectamente engrasado.
Sin embargo, esta estrategia alejada de la realidad terminó chocando frontalmente con el desastroso balance del Gobierno. En septiembre de 2021, bajo el lema aparentemente empático #TuMéritesMieux, el partido prometía un programa «cuantificado, creíble y realizable». Cinco años después, el balance resulta demoledor: prácticamente ninguna de las promesas se ha cumplido.
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Lejos del millón de empleos prometidos para reactivar la economía tras la pandemia, el desempleo ha superado el histórico umbral del 13%, asfixiando a los jóvenes y a los titulados. Pese a la promoción de los grandes proyectos sociales, la sanidad pública se ha hundido en una de sus peores crisis, marcada por un éxodo masivo de médicos y la generalización de los desiertos sanitarios. La educación pública quedó paralizada durante meses por la huelga de los profesores: un curso escolar sacrificado y familias abandonadas. Ante los huelguistas, primero mostró desprecio y después capituló, demasiado tarde y sin lograr salvar nada.
Escándalos, crisis y mezcla de intereses
El descontento popular ha llegado a tal nivel que la energía y el dinero invertidos por el RNI se han quedado en nada. El mandato de Aziz Akhannouch quedará marcado por graves crisis y sonados escándalos que han terminado por destruir la credibilidad de la acción política.
Las protestas ciudadanas impulsadas por movimientos como GenZ212 han puesto de manifiesto la fractura generacional ante el alto coste de la vida y el desprecio de las élites. A ello se sumaron casos emblemáticos, como el escándalo del hospital de Agadir o las profundas disfunciones en la concesión de las subvenciones agrícolas, que pusieron de manifiesto una gestión tecnocrática alejada de las dificultades del mundo rural, golpeado por una sequía histórica.
Peor aún, el quinquenio quedó marcado por una mezcla de intereses sin precedentes por parte del propio Aziz Akhannouch, que combinó abiertamente la alta política con sus intereses privados al frente de poderosos holdings. Por primera vez, Marruecos ha estado gobernado por un hombre que, al mismo tiempo, dirigía uno de los principales grupos privados del país y que nunca consideró necesario elegir entre ambas funciones. Entre sus empresas y el Estado ya no había una separación clara, sino vasos comunicantes. Varios directivos procedentes de su grupo accedieron a cargos ministeriales o a la dirección de organismos estratégicos. Empresas vinculadas a él respondieron a licitaciones públicas, entre ellas la de la planta desaladora del Gran Casablanca. Y mientras los marroquíes pagaban el combustible a precios elevados, el jefe del Gobierno seguía siendo uno de los principales actores de este mercado.
Marruecos ya había conocido a empresarios dedicados a la política. Nunca había conocido un poder en el que los intereses de un grupo empresarial y los del Estado llegaran a confundirse hasta el punto de que ya no se supiera cuál servía al otro. La palabra oligarquía, durante mucho tiempo susurrada, terminó imponiéndose en el debate público. Estamos muy lejos de la talla que cabe esperar de un hombre de Estado preocupado por el interés general.
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La historia recordará que, para el partido de Aziz Akhannouch, estas elecciones se asemejan a una auténtica humillación política. El panorama institucional se prepara ahora para experimentar un profundo cambio en el equilibrio de fuerzas y en los métodos de gobierno. La democracia marroquí demuestra así su capacidad para pasar página frente a una arrogancia más o menos tecnocrática y recordar una verdad fundamental: en política, la palabra dada y la ética de la responsabilidad terminan siempre imponiéndose ante el tribunal de las urnas.
Puesto a prueba por el ejercicio del poder, el modelo tecnocrático dorado del RNI ha demostrado que entre las promesas triunfalistas y la dura realidad de la gestión pública existe un abismo que solo la sanción soberana de los ciudadanos podía colmar.
Aziz Akhannouch deja atrás una palabra pública desacreditada. Deja también un precedente tóxico: la idea de que se puede gobernar un país sin dejar nunca de gestionar los propios negocios. La primera tarea del próximo Gobierno será recordar una evidencia que este mandato ha hecho olvidar: el Estado no es una filial.
