Lo que el apasionado debate sobre lo ocurrido los días 29 y 30 de julio pasado pasa por alto, especialmente al abordar la cuestión de Ceuta (Sebta) y Melilla, es un hecho fundamental: en Marruecos nadie discute ni refuta que, a día de hoy, Ceuta esté bajo administración española. Es una realidad de hecho con la que Marruecos ha coexistido durante décadas y, precisamente por ello, ha cooperado estrechamente con España.
Pero lo que quizá no acaban de entender al otro lado del Estrecho es que, desde la perspectiva marroquí, tanto Ceuta como Melilla son enclaves incrustados en pleno territorio marroquí. Son territorios muy exiguos que, por cierto, fueron ampliados tras la Guerra de Tetuán que España impuso a Marruecos. No son territorios situados en el espacio europeo de España. España es un país europeo que adquirió el control de Ceuta y Melilla en unas circunstancias históricas determinadas y que, para los marroquíes, representan hoy vestigios de aquella época.
La mayoría de los españoles que se interesan por este asunto —con excepciones notables como Máximo Cajal y Alfonso de la Serna— habla de los títulos jurídicos de España como si estos constituyeran, por sí solos, una prueba irrefutable de que Ceuta y Melilla han sido españolas desde siempre y de que la soberanía española sobre ambas ciudades nunca ha sido cuestionada. El denominador común de buena parte de los comentarios españoles es no solo enfatizar que Ceuta y Melilla poseen un estatus jurídico que, a su juicio, las pone al amparo de cualquier reivindicación por parte de un país extranjero, sino también negar la existencia misma de un diferendo entre España y Marruecos sobre ambos enclaves. Es más, algunos pretenden incluso negarles a los marroquíes el derecho a afirmar que, al menos desde su perspectiva, Ceuta y Melilla constituyen vestigios del colonialismo español.
En sus respectivos libros Ceuta y Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿Dónde acaba España? y Al sur de Tarifa: un malentendido histórico, Máximo Cajal y Alfonso de la Serna, dos antiguos diplomáticos españoles, sostienen que los tratados en los que se apoyan las autoridades españolas para justificar su soberanía sobre ambos enclaves carecen de valor jurídico o moral, puesto que fueron suscritos bajo coacción y en momentos en que Marruecos se encontraba en una posición de debilidad. Un ejemplo de ello es el Tratado de Wad-Ras, que Marruecos firmó con España y en virtud del cual esta última consiguió que Marruecos accediera a una reivindicación que llevaba tiempo formulando: la ampliación de los límites de Ceuta. El tratado fue firmado después de la Guerra de Tetuán, que España había librado contra Marruecos.
Marruecos se vio obligado a aceptar ese acuerdo para conseguir que España pusiera fin a su ocupación de la ciudad de Tetuán, ocupada durante la guerra. Existen otros ejemplos de acuerdos profundamente desiguales que España impuso a Marruecos, pero no viene al caso enumerarlos todos aquí.
El «Espíritu de Barajas» y la puesta en segundo plano de Ceuta y Melilla
Paso ahora al principal argumento que suelen utilizar los españoles para desestimar las reivindicaciones marroquíes: que ambos enclaves no figuran en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Eso es cierto, pero para comprender plenamente el alcance de este argumento hay que explicar cómo se llegó a esa situación. Desde el punto de vista jurídico internacional actual, la posición española respecto de Gibraltar cuenta con un elemento del que carece la posición marroquí respecto de Ceuta y Melilla: Gibraltar figura en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos pendientes de descolonización, mientras que Ceuta y Melilla no aparecen en ella. España ha invocado reiteradamente esta diferencia para rechazar los intentos marroquíes de abrir un diálogo sobre el futuro de ambos enclaves. Para comprender por qué Ceuta y Melilla no figuran en dicha lista, debemos remontarnos a la década de 1960 y, concretamente, al denominado «Espíritu de Barajas».
El 6 de julio de 1963, el difunto rey Hassan II y el general Franco se reunieron en el aeropuerto madrileño de Barajas para abordar los contenciosos territoriales pendientes entre ambos países. El entendimiento surgido de aquella reunión pasó a conocerse como el «Espíritu de Barajas». En virtud de aquel entendimiento tácito - que fue celebrado por la prensa marroquí y por ilustres personalidades como Allal El Fassi- Marruecos aceptó separar la cuestión de Ceuta y Melilla de los demás contenciosos territoriales que enfrentaban a ambos países en el marco de las Naciones Unidas y del proceso de descolonización.
Esta estrategia, hábilmente aprovechada por los dirigentes españoles y reforzada por la falta de una decisión firme de Marruecos de llevar el contencioso de Ceuta y Melilla ante la ONU, en un momento en que la cuestión de Gibraltar ocupaba un lugar destacado en la agenda internacional, privó a Rabat de una oportunidad histórica para intentar que ambas ciudades fueran incluidas en la lista de territorios no autónomos. Marruecos se abstuvo posteriormente de plantear de manera sostenida el contencioso sobre ambos enclaves hasta enero de 1975.
Lo que los analistas españoles pasan por alto cuando hablan del estatus jurídico de Ceuta y Melilla en la ONU es que ambas ciudades no fueron excluidas de dicha lista por una decisión expresa de las Naciones Unidas que hubiera determinado que no reunían los criterios para ser consideradas territorios no autónomos. No fueron incluidas en esa lista simplemente porque Marruecos relajó su presión sobre España durante el período comprendido entre 1963 y 1965, una actitud fruto del entendimiento tácito alcanzado entre Hassan II y Franco, que este último no cumplió posteriormente.
Si Marruecos hubiera mantenido su presión sobre España en aquel entonces, existían posibilidades de que ambos enclaves fueran incluidos en la lista de territorios no autónomos. Por aquel entonces, en los debates de la Asamblea General, la Cuarta Comisión y el Comité Especial, no solo existía entre numerosos Estados miembros la convicción de que había un diferendo entre Marruecos y España sobre ambos territorios, sino que muchos de ellos ni siquiera reconocían la soberanía española sobre los dos enclaves y afirmaban, por el contrario, que se trataba de ciudades marroquíes.
«Si Marruecos hubiera mantenido su presión sobre España en aquel entonces, existían posibilidades de que ambos enclaves fueran incluidos en la lista de territorios no autónomos. »
— Samir Bennis
Como he explicado en mis dos últimos libros sobre el Sáhara, publicados respectivamente en 2024 y 2026, lo que primaba para Marruecos en aquel entonces era conseguir que España aceptara la apertura de negociaciones bilaterales sobre el Sáhara. Esa fue la razón por la cual el rey Hassan II, en señal de buena fe hacia el general Franco, decidió, a partir de su encuentro con este en Barajas, aparcar las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
Después de la recuperación del territorio tras la Marcha Verde y los Acuerdos de Madrid, y pese a que el Gobierno de Adolfo Suárez se distanció del cumplimiento del Acuerdo Tripartito y a que una parte importante de la clase política española, sobre todo de la izquierda, comenzó a apoyar las tesis del Polisario, Hassan II se abstuvo de reactivar las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla para no crear dificultades al rey Juan Carlos ni contribuir a desestabilizar la transición española posterior a Franco. Un cable de la Embajada estadounidense en Rabat, fechado el 21 de agosto de 1976, señalaba precisamente que la preocupación de Marruecos por el Sáhara y la reticencia de Hassan II a crear dificultades a Juan Carlos habían relegado la cuestión de los enclaves a un segundo plano.
Una soberanía menos incontestable de lo que sostiene el discurso oficial
Y si, como la mayoría de los españoles sostiene, Ceuta y Melilla siempre fueron consideradas ciudades plenamente españolas e integradas de manera inequívoca en el marco institucional y administrativo español, surge una pregunta legítima: ¿por qué, durante más de tres siglos, las propias autoridades españolas contemplaron en distintas ocasiones la posibilidad de abandonarlas, ceder algunas de esas posesiones, intercambiarlas por Gibraltar o negociar su futuro a cambio de determinadas contraprestaciones? Aquí conviene citar un ejemplo concrets. Según Jerónimo Bécker, en su libro España y Marruecos: sus relaciones diplomáticas durante el siglo XIX, en 1801 se contempló la cesión de los llamados Presidios Menores -Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas- a cambio de ventajas económicas, entre ellas la posibilidad de extraer de Marruecos un millón de fanegas libres de derechos.
La propuesta no llegó a materializarse. Godoy terminó inclinándose por la posibilidad de intercambiar los Presidios Menores por puertos. Posteriormente, González Salmón volvió a recomendar la enajenación de los presidios. Ante la controversia suscitada por la propuesta, se recabó la opinión de distintos ministerios: Hacienda e Indias se mostraron favorables a la cesión, mientras que Gracia y Justicia, Guerra y Marina se opusieron. La pregunta que se plantea entonces es evidente: si los españoles consideraban Ceuta y Melilla exactamente igual que cualquier otra ciudad española, ¿por qué hasta comienzos del siglo XX las denominaban presidios, distinguiendo entre Ceuta como presidio mayor y Melilla como presidio menor?
Hay más. ¿Por qué, a comienzos de la década de 1960, como consta en documentación diplomática estadounidense, el ministro español de Asuntos Exteriores informó al embajador estadounidense de que España negociaba con Marruecos cuestiones relacionadas con el abastecimiento de las poblaciones civil y militar de ambos enclaves? ¿Ha tenido España que entablar alguna vez negociaciones comparables con un Estado vecino para garantizar el abastecimiento de Madrid, Sevilla, Granada o Valencia?
Y si España estaba tan absolutamente segura de la españolidad de Ceuta y Melilla y consideraba su soberanía sobre ellas una cuestión intocable, ¿por qué el propio Fernando María Castiella informó al embajador estadounidense, en junio de 1966, de que España contemplaba la posibilidad de aceptar de Marruecos respecto de Ceuta y Melilla condiciones similares a las que Madrid exigía al Reino Unido respecto de Gibraltar? Más revelador todavía: ¿por qué, durante la conversación que mantuvo con el senador estadounidense Edmund Muskie en la Zarzuela el 30 de abril de 1979, recogida en un telegrama de la Embajada de Estados Unidos fechado el 8 de mayo, el entonces rey Juan Carlos se mostró dispuesto a estudiar la eventual cesión de Melilla a Marruecos?
«Hay muchos otros ejemplos históricos que demuestran que dentro del propio Estado español existieron, en distintos momentos, corrientes favorables al abandono, cesión, intercambio o modificación del estatuto de estas posesiones. »
— Samir Bennis
En el caso de Ceuta, cuya situación consideraba más compleja debido al tamaño de su población española, llegó incluso a contemplar una fórmula de internacionalización inspirada en el antiguo estatuto internacional de Tánger. Hay muchos otros ejemplos históricos que demuestran que dentro del propio Estado español existieron, en distintos momentos, corrientes favorables al abandono, cesión, intercambio o modificación del estatuto de estas posesiones. Esto, como mínimo, obliga a matizar seriamente la afirmación de que Ceuta y Melilla siempre fueron percibidas por el Estado español exactamente igual que Madrid, Granada o cualquier otra ciudad peninsular. Me detengo aquí.
Pero la geografía es muy obstinada, por mucho que españoles o marroquíes quieran interpretarla desde perspectivas diferentes. Llegará un momento en el futuro en que ambos países, independientemente de unos títulos jurídicos que- como toda construcción jurídica, existen dentro de un contexto histórico y político determinado- tendrán que sentarse a conversar sobre el futuro de ambas ciudades y buscar una fórmula que preserve la paz, la estabilidad y los intereses legítimos de sus poblaciones. Si hay una lección que los españoles deberían extraer de su propia historia es que la evolución de los Estados nunca es lineal.
Las naciones atraviesan periodos de fortaleza y debilidad, prosperidad y crisis, estabilidad e incertidumbre. Nada garantiza a los españoles de hoy que España vaya a conservar dentro de tres, cuatro o seis décadas exactamente la misma fortaleza económica, influencia internacional o estabilidad política de la que disfruta actualmente. Del mismo modo, nadie puede asegurar que la situación económica, política y geopolítica de Marruecos no vaya a mejorar sustancialmente durante las próximas décadas.
