El alcalde de Badalona por el Partido Popular, Xavier García Albiol, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras publicar en sus redes sociales un mensaje en el que exhibe la fotografía de un presunto ladrón detenido y afirma que, si dependiera de él, lo «devolvería a nado a Marruecos».
La publicación, difundida este miércoles, muestra al supuesto autor de un robo dentro de un vehículo policial tras haber sido arrestado, según explicó el propio alcalde, por un agente de su escolta después de que presuntamente arrebatara el bolso a una mujer de 81 años en el barrio de Llefià.
«Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria», escribió Albiol, antes de añadir una frase que ha provocado numerosas reacciones: «Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos».
Críticas por la difusión de la imagen y el tono empleado
Las declaraciones han generado críticas por varios motivos. Por un lado, por la difusión de la fotografía de una persona detenida que todavía no ha sido juzgada ni condenada. Por otro, por vincular públicamente el supuesto delito con el origen marroquí del individuo, algo que diversas organizaciones llevan años denunciando por contribuir a alimentar estereotipos sobre la inmigración.
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La polémica se produce además en un contexto especialmente sensible en España, donde el debate migratorio ocupa un lugar cada vez más destacado en el discurso político.
Antecedentes judiciales
No es la primera vez que las declaraciones del alcalde de Badalona generan controversia. La Fiscalía Provincial de Barcelona mantiene abierta una investigación contra Albiol por varios presuntos delitos, entre ellos uno relacionado con el odio, a raíz de actuaciones vinculadas al desalojo de un edificio ocupado por migrantes en diciembre de 2025.
Asimismo, el dirigente popular ya estuvo envuelto años atrás en otra polémica por la distribución de folletos que relacionaban a ciudadanos de origen rumano con la delincuencia, un caso por el que finalmente fue absuelto.
Las nuevas declaraciones vuelven a plantear interrogantes sobre los límites del discurso político, el uso de las redes sociales por parte de cargos públicos y la responsabilidad institucional cuando se hace referencia al origen nacional de personas implicadas en hechos delictivos.
