En 2016, el Gobierno de entonces prometió una revolución para las trabajadoras domésticas: la Ley 19-12 buscaba protegerlas y sacarlas de la sombra mediante su reconocimiento legal. Estas mujeres, que se cuentan por decenas o incluso cientos de miles cuidando de nuestros hogares en un vacío jurídico total, iban a contar por fin con derechos. Una década después, apenas se oye hablar de este texto. ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ha sido la ley o han sido estas mujeres, que ya no aceptan quedar encerradas en el papel de la «kheddama»?
Qué estipulaba la Ley 19-12
Para comprender la relevancia de esta legislación en su momento, es necesario analizar qué representaba y, especialmente, qué pretendía corregir. Antes de su aprobación, las trabajadoras domésticas no existían para el Código de Trabajo. Carecían de contrato, salario mínimo, límites horarios o acceso a la seguridad social; un vacío legal que propició numerosos abusos. Desde formas de explotación ampliamente documentadas hasta el fenómeno de las «petites bonnes», niñas del mundo rural enviadas a familias urbanas a cambio de una remuneración misérrima que, además, solía percibir su tutor legal.
La Ley 19-12, aprobada en 2016, entró en vigor de forma progresiva entre 2018 y 2019 con el objetivo de transformar el día a día de este colectivo al blindar sus derechos por escrito. La norma fijó la edad mínima en 18 años —con un periodo transitorio de cinco años que permitía trabajar a menores de 16 y 17 años—, un salario mínimo equivalente al 60% del SMIG (salario mínimo interprofesional), lo que supone unos 1.540 dirhams mensuales, la obligatoriedad de un contrato escrito, el alta en la seguridad social y una jornada máxima de 48 horas semanales con descansos y vacaciones pagadas. Los empleadores que incumplieran la norma se enfrentaban a multas de hasta 30.000 dirhams o incluso penas de prisión en caso de reincidencia.
Lo que ha cambiado (o no)
Los datos disponibles arrojan un balance muy pobre. Las últimas cifras oficiales datan de finales de septiembre de 2021, lo cual resulta significativo. En esa fecha, apenas 4.523 empleadas domésticas estaban inscritas en la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS). La razón principal es que el carácter coercitivo del texto es puramente teórico. Los inspectores de trabajo no pueden entrar legalmente en un domicilio privado sin consentimiento o una orden judicial, lo que hace que cualquier control sea prácticamente imposible. La ley existe, pero su aplicación es sumamente compleja.
Para la socióloga Soumaya Naamane Guessous, los motivos de este incumplimiento son principalmente económicos. «El freno es financiero. Declarar supone gastos adicionales», resume. Guessous describe a una mayoría de empleadores con recursos limitados, a menudo mujeres trabajadoras que, ante la falta de guarderías y estructuras de acogida para sus hijos, recurren a esta mano de obra. Todo ello teniendo en cuenta que muchos empleadores compensan la situación con gratificaciones en festividades religiosas, ayudas para la vivienda o participación en gastos médicos.
A esta carga se suma un problema de desconfianza mutua; algunos empleadores temen posibles denuncias, especialmente en casos de despido. Por no hablar del auténtico calvario administrativo al que deben enfrentarse las familias para intentar dar de alta a su personal.
Mientras tanto, el día a día de las trabajadoras domésticas ha experimentado profundas transformaciones. Al ser un recurso cada vez más escaso, especialmente en las grandes ciudades, sus servicios se han encarecido. Muchas han abandonado el régimen interno o el trabajo a tiempo completo para una sola familia. Con tarifas de entre 200 y 300 dirhams por jornada, pocos hogares pueden permitirse una presencia diaria. Por su parte, las trabajadoras rotan entre varios domicilios a la semana sin establecer vínculos duraderos con ninguno.
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El contexto general también ha evolucionado. La sociedad marroquí ha vivido cambios profundos que han transformado los perfiles y las expectativas del sector. Si la figura de la «petite bonne» pertenece hoy al pasado no es solo gracias a la ley que la prohíbe, sino sobre todo porque las familias rurales han cambiado sus comportamientos y aspiraciones. La escolarización y la anticoncepción son ahora la norma. La televisión por satélite primero y, actualmente, internet han hecho el resto. «Los habitantes de las zonas rurales escolarizan a sus hijas y tienen menos hijos que antes», observa la socióloga. «Los padres tienen mayores ambiciones y depositan muchas más esperanzas al enviar a sus hijos a la ciudad».
El perfil de las propias trabajadoras se ha transformado radicalmente. Ahora viven en ciudades, comparten piso con otras compañeras y trabajan por turnos en diferentes casas durante la semana. Disfrutan de sus fines de semana, tienen amistades y tiempo de ocio. Declaradas o no, se han emancipado a su manera. Este cambio ha generado una crisis de contratación. Las familias que buscan una empleada estable y diaria tienen dificultades para encontrarla, una inestabilidad que hace que el proceso de declaración sea aún menos viable.
La ley como símbolo, pero no como motor de cambio
En última instancia, lo que ha cambiado es que estas mujeres ya no aceptan ser reducidas a lo que eran antes. «Ya no quieren que se las asocie con el término khaddama», señala la socióloga. Este apelativo peyorativo resulta insoportable para una generación que reivindica su autonomía. Algunas prefieren autodenominarse obreras antes que admitir que trabajan en casas particulares; una forma de reapropiarse de una identidad que ni la ley ni la sociedad han sabido otorgarles.
Paralelamente, se ha desarrollado otra categoría de trabajadoras: extranjeras, a menudo filipinas en los hogares más pudientes o subsaharianas en la clase media. Ofrecen una presencia más estable y a largo plazo. Suelen estar inscritas en la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS), un requisito vinculado a su permiso de residencia y trabajo, y son especialmente demandadas por familias que buscan una disponibilidad duradera.
«Una ley siempre es bienvenida, ya que permite reivindicar derechos», admite Naamane Guessous. «Sin embargo, en este caso, la norma no ha logrado garantizar la seguridad de este personal». Este veredicto resume lo que han demostrado diez años de aplicación: la Ley 19-12 ha desempeñado un papel simbólico innegable al establecer un marco, visibilizar derechos y reconocer una profesión. Pero no ha sido el motor real del cambio. Este ha venido de la propia evolución social.
Si hoy ya no se habla de esta ley es, tal vez, porque no hay mucho que esperar de ella. Lo que sí merece ser contado es esa otra historia: la de las mujeres que cambiaron sin esperar a que un texto mal diseñado, y peor aplicado, se lo permitiera.
