Marruecos busca reducir emisiones en plena expansión automovilística

El 12/11/2026 a las 19h15

Un estudio elaborado por la cooperación alemana GIZ junto con el Ministerio de Transporte y Logística advierte de que el transporte representa el 28 % de las emisiones de CO₂ del país. El informe recomienda introducir un sistema de incentivos y penalizaciones, establecer estándares de emisiones para los vehículos nuevos y mejorar los mecanismos de control y recopilación de datos.

El crecimiento de la industria automovilística marroquí contrasta con los desafíos que plantea la transición energética del transporte. Aunque el reino se ha consolidado como uno de los principales productores de vehículos del continente africano, la eficiencia energética de su parque automovilístico sigue siendo una asignatura pendiente. Así lo señala el estudio «Condiciones y obstáculos para la regulación de la eficiencia energética de los vehículos en Marruecos», elaborado por la agencia alemana de cooperación internacional GIZ, en colaboración con el Ministerio de Transporte y Logística, en el marco del proyecto IMPROVE.

Según el informe, el transporte representó en 2023 el 28 % de las emisiones totales de CO₂ de Marruecos y el 36 % de su consumo final de energía. Además, el sector mantiene una dependencia del petróleo superior al 99 %. El transporte por carretera concentra, por su parte, el 99 % de las emisiones de CO₂ del conjunto de los modos de transporte y fue responsable del 17,5 % de las emisiones nacionales en 2022. Los vehículos particulares representaron ese mismo año el 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte terrestre.

Un parque automovilístico cada vez más numeroso y envejecido

La expansión de la movilidad motorizada añade presión a este escenario. Entre 2015 y 2023, el número de vehículos registrados en Marruecos pasó de aproximadamente 2,68 millones a 4,47 millones, lo que supone un crecimiento medio anual del 6,5 %. En 2023, los turismos representaban el 65,6 % del parque, los vehículos comerciales ligeros y pesados el 27,5 % y las motocicletas de más de 50 centímetros cúbicos el 6,9 %.

A este aumento se suma la antigüedad de los vehículos. Según los datos recogidos en el estudio, la edad media de los turismos en circulación se situaba en 13 años en 2022. En el caso de los camiones de entre 3,5 y 12 toneladas, alcanzaba los 16,5 años, aunque esta categoría representa apenas el 0,5 % del parque activo. El envejecimiento de los vehículos constituye uno de los factores que dificultan la reducción del consumo de carburantes y de las emisiones contaminantes.

Una industria potente, pero una regulación todavía incompleta

La situación resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta el peso económico del sector automovilístico. En 2024, esta industria representaba el 23 % del valor añadido industrial y el 23 % de la producción nacional. El sector generaba alrededor de 280.000 empleos y contaba con 230 proveedores. En 2025, sus exportaciones alcanzaron los 154.490 millones de dírhams, equivalentes al 33 % de las exportaciones totales del país.

Marruecos produjo más de 500.000 vehículos en 2025 y dispone de una capacidad industrial de un millón de unidades, con el objetivo de alcanzar los dos millones en 2030. El país también está desarrollando su segmento de vehículos eléctricos y sus cadenas de suministro de baterías. Sin embargo, el estudio advierte de que el avance industrial no se ha traducido todavía en un marco regulatorio completo para mejorar la eficiencia energética de los vehículos que circulan en el mercado nacional.

En la actualidad, Marruecos no cuenta con un sistema obligatorio de etiquetado energético de los vehículos ni con normas de ahorro de carburante. Tampoco existe una política que obligue a los fabricantes a distribuir en el mercado nacional una cuota determinada de vehículos de emisiones nulas. Aunque los modelos eléctricos e híbridos disfrutan de ventajas fiscales, como la reducción de los derechos de importación y determinadas exenciones tributarias, el informe considera que estas medidas, junto con los programas de renovación de taxis, siguen siendo insuficientes para transformar de manera estructural el parque automovilístico.

El sistema de bonus-malus, entre las principales medidas propuestas

Entre las recomendaciones centrales figura la introducción de un sistema de bonus-malus. Este mecanismo permitiría incentivar fiscalmente la adquisición de vehículos menos contaminantes y aplicar penalizaciones a los modelos que generen mayores emisiones. El Ministerio de Transporte y Logística ya ha manifestado su intención de desarrollar este instrumento, que figura entre las medidas contempladas en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) de Marruecos.

El estudio también plantea establecer normas de rendimiento en materia de emisiones de CO₂ para los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, así como introducir un sistema de etiquetado energético conforme a los estándares internacionales. A ello se suma la necesidad de acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga para facilitar la incorporación de vehículos eléctricos. El informe subraya, no obstante, que estas medidas requieren coordinación entre los distintos departamentos ministeriales y una evaluación de sus efectos económicos y sociales.

La falta de datos y el coste de los vehículos, entre los principales obstáculos

Otro de los desafíos identificados afecta a la gestión de la información. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (NARSA) centraliza los datos relativos a la homologación y matriculación de los vehículos, incluidas sus características técnicas, las normas EURO y los valores de emisiones de CO₂. Sin embargo, esta información se encuentra distribuida en distintas bases de datos y presenta limitaciones técnicas que dificultan el cálculo preciso de las emisiones medias anuales. El consumo de carburante tampoco se registra directamente, aunque puede estimarse a partir de los valores de emisiones.

Para corregir estas deficiencias, los autores recomiendan implantar un sistema de medición, notificación y verificación que permita mejorar el seguimiento del parque automovilístico, el consumo de carburantes, las importaciones y las nuevas matriculaciones. También consideran necesario reforzar la formación de los organismos encargados de la homologación y el control, así como mejorar la coordinación entre las administraciones y los actores industriales.

El precio de los vehículos menos contaminantes constituye otro obstáculo. Aunque la oferta de modelos eléctricos e híbridos comienza a diversificarse, su coste de adquisición continúa siendo elevado en relación con el poder adquisitivo de una parte de los hogares marroquíes. La insuficiencia de puntos de recarga, la falta de campañas de información y la posible resistencia de determinados actores privados también podrían ralentizar la aplicación de las nuevas medidas. Por ello, el estudio recomienda acompañar la transición con ayudas financieras, programas de sensibilización y mecanismos que tengan en cuenta el impacto de la reforma sobre los hogares y los profesionales del transporte.

Una transición vinculada a los compromisos climáticos de Marruecos

La reforma propuesta se enmarca en los compromisos climáticos del reino. En su CDN actualizada en 2025, Marruecos fijó el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 53 % de aquí a 2035 respecto al escenario de referencia, siempre que cuente con apoyo internacional. El objetivo incondicional se sitúa en el 21,6 %. El transporte deberá contribuir a este esfuerzo con una reducción potencial de 7,48 millones de toneladas equivalentes de CO₂ durante el periodo 2026-2035.

El informe considera que Marruecos dispone de condiciones favorables para avanzar en esta transformación, gracias a sus recursos para desarrollar energías renovables, sus compromisos climáticos, la capacidad de sus instituciones para recopilar datos y su creciente protagonismo en la industria mundial del automóvil eléctrico. No obstante, advierte de que el éxito dependerá de la adopción coordinada de medidas regulatorias, fiscales y técnicas, así como de la capacidad de hacer compatible la transición energética con el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la industria nacional.

Por Jose Manuel Castiñeira
El 12/11/2026 a las 19h15