La economía informal constituye uno de los pilares de la actividad en África, representando entre el 30% y el 40% del producto interior bruto, según estimaciones consolidadas de la CNUCED y el Banco Mundial. Este peso se observa en la mayoría de las economías, con niveles que alcanzan el 42,5% del PIB en Nigeria, de acuerdo con una reciente revisión del PIB, una contribución significativa que contrasta con una limitada captación fiscal.
Los países más marcados por la informalidad registran una pérdida de ingresos estimada entre 5 y 12 puntos del PIB en ingresos públicos, según el Banco Mundial. Esta situación reduce mecánicamente los márgenes de financiación de las políticas públicas, en particular en los sectores sociales.
Como consecuencia, esta debilidad fiscal va acompañada de un déficit de cobertura social. Entre el 60% y el 80% de los trabajadores africanos siguen excluidos de cualquier sistema formal de protección, según datos de la OIT y análisis de la CPCCAF. La evolución de la informalidad en el continente sigue siendo marginal: la tasa de empleo informal pasó del 84,3% en 2005 a alrededor del 83% en 2024, lo que refleja una transformación lenta a pesar de las reformas emprendidas en varios países.
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Esta estabilidad se explica por factores estructurales identificados en los análisis de la IOE: baja capitalización de las empresas, nivel educativo limitado y fuerte presión demográfica ligada a una población joven. A estos elementos se suma el predominio de las zonas rurales, donde las actividades económicas siguen siendo en gran medida no registradas.
Paralelamente, los costes administrativos y fiscales asociados al sector formal continúan disuadiendo a una parte de los actores económicos. La OIT subraya que la informalidad suele ser una respuesta racional a un entorno regulatorio percibido como poco incentivador.
La distribución sectorial de la economía informal confirma su arraigo en actividades de bajo valor añadido. El comercio minorista y los servicios urbanos dominan, especialmente en las grandes aglomeraciones, mientras que la agricultura de subsistencia sigue siendo central en las zonas rurales.
En Marruecos, por ejemplo, cerca del 70% de las explotaciones agrícolas cubren menos de 5 hectáreas, con un número limitado de trabajadores afiliados a regímenes formales. Esta configuración ilustra un modelo productivo fragmentado, caracterizado por una baja productividad y un acceso limitado a la financiación.
En Sudáfrica, los datos muestran una transformación progresiva del sector informal, con una disminución del peso del comercio en favor de servicios diversificados, lo que refleja una evolución interna sin una reducción significativa del fenómeno.
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El análisis sociodemográfico revela una concentración de la informalidad en determinadas categorías de población. Las mujeres representan más del 85% del empleo informal en varios países africanos, especialmente en el comercio y los servicios domésticos.
Los jóvenes también constituyen una parte dominante de esta economía. En Nigeria, cerca del 98% de los activos de entre 15 y 24 años trabajan en el sector informal, según la OIT. Esta situación refleja la incapacidad de las economías para absorber una mano de obra creciente en empleos formales.
Esta distribución social refuerza las desigualdades, manteniendo a gran parte de la población activa en actividades de bajos ingresos y sin protección.
Un amortiguador económico con efectos ambivalentes
La economía informal desempeña un papel de amortiguador en periodos de crisis. La pandemia de COVID-19 lo ilustró: cerca de 325 millones de trabajadores informales en África sufrieron pérdidas de ingresos en 2020, según la CPCCAF. Sin embargo, esta capacidad de absorción va acompañada de una fragilidad estructural. La ausencia de contratos formales y de protección social expone a los trabajadores a choques económicos repetidos, sin mecanismos de estabilización.
A nivel macroeconómico, la informalidad sostiene la demanda interna pero limita la inversión productiva. Las empresas informales, a menudo poco capitalizadas, permanecen poco integradas en las cadenas de valor regionales e internacionales.
Las políticas públicas aplicadas buscan principalmente reducir las barreras de entrada al sector formal. Varios países han introducido ventanillas únicas y regímenes fiscales simplificados para microempresas, en línea con las recomendaciones de la OIT.
Marruecos ha desplegado así un estatuto de autoemprendedor acompañado de una ampliación progresiva de la cobertura social. Otras iniciativas, como los sistemas de tributación simplificada en África Occidental, buscan ampliar la base fiscal sin aumentar la carga administrativa.
La integración de tecnologías financieras constituye otra palanca. En Kenia, el uso del dinero móvil ha facilitado el acceso al crédito y a transacciones formales, contribuyendo a una mayor trazabilidad de las actividades económicas.
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A pesar de estos avances, varios obstáculos siguen limitando la formalización: cargas administrativas, corrupción y falta de coordinación institucional reducen la eficacia de las medidas existentes.
El acceso a la financiación también sigue siendo un problema clave. Los microemprendedores informales rara vez disponen de las garantías exigidas por las instituciones financieras, lo que limita su capacidad de inversión.
Además, la falta de datos estadísticos fiables dificulta la evaluación de las políticas públicas. Los sistemas nacionales de medición de la informalidad siguen fragmentados, reduciendo la visibilidad del fenómeno a escala continental.
La economía informal plantea una ecuación central para las economías africanas: es a la vez una fuente indispensable de actividad y un freno a la movilización de recursos públicos.
Esta dualidad implica un enfoque gradual. Las recomendaciones convergen en una combinación de herramientas: simplificación administrativa, ampliación de la protección social y desarrollo de competencias.
El reto no reside en la desaparición de la informalidad, sino en su integración progresiva en circuitos económicos más estructurados. Esta evolución condiciona la capacidad de los Estados africanos para reforzar su soberanía económica y financiar políticas sociales a gran escala.
