Los refugiados y solicitantes de asilo admitidos legalmente pierden desde ahora el acceso a Medicaid y al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), que también contempla la cobertura relacionada con el embarazo y cuenta con financiación federal, salvo en caso de urgencia médica. La medida afecta especialmente a los ciudadanos africanos, ya que el continente figura entre las principales regiones de procedencia de las personas reasentadas en Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre de 2026, los refugiados de cualquier procedencia, incluidos los africanos, los solicitantes de asilo, los supervivientes de la trata de personas y las víctimas de violencia doméstica han dejado de tener derecho a la financiación federal de Medicaid, el programa de asistencia médica cofinanciado por el Gobierno estadounidense, y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), salvo para urgencias médicas.
La medida deriva de la ley federal H.R. 1 («One Big Beautiful Bill Act», Ley Pública 119-21) y de las directrices de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). No se trata de una decisión discrecional, sino de una disposición recogida en la legislación y aplicable a todos los estados, territorios y distritos. Conviene distinguir entre Medicare y Medicaid: ambos son programas estadounidenses de cobertura sanitaria, pero se dirigen a poblaciones diferentes. Medicare está vinculado principalmente a la edad o a la discapacidad, mientras que Medicaid ofrece cobertura sanitaria a personas con bajos ingresos.
Para África, el impacto es inmediato. El continente se encuentra entre las principales regiones de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos, por detrás de Oriente Próximo y Asia Meridional. A continuación figuran América Latina y el Caribe, Asia Oriental, Europa y Asia Central.
Situación migratoria y acceso a Medicaid/CHIP después del 1 de octubre de 2026
| Refugiado africano | Pierde Medicaid/CHIP, salvo en caso de urgencia médica |
| Solicitante de asilo africano | Pierde la cobertura |
| Residente permanente africano («green card») | En principio, mantiene la elegibilidad, generalmente tras cinco años |
| Inmigrante cubano o haitiano | Categoría que se mantiene en la ley |
| Migrante de los países del COFA (Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall y Palaos) | Elegible para la financiación federal completa (FFP), exento del periodo de espera de cinco años |
| Superviviente de trata de personas o de violencia doméstica | Excluido de la financiación federal completa, salvo que reúna los requisitos de otra categoría elegible |
| Menor o mujer embarazada con residencia legal | Puede acceder a la cobertura mediante la opción CHIPRA 214, si el estado la ha adoptado |
| Persona sin cobertura sanitaria | Puede recibir Medicaid para una urgencia médica |
Fuente: Administración estadounidense.
Para el ejercicio fiscal de 2025, Washington había previsto admitir entre 30.000 y 50.000 refugiados africanos, de un total mundial de 125.000. Las previsiones para las demás regiones eran las siguientes: Asia Oriental, entre 10.000 y 20.000; Europa y Asia Central, entre 2.000 y 3.000; América Latina y el Caribe, entre 35.000 y 50.000; y Oriente Próximo y Asia Meridional, entre 30.000 y 45.000.
África se situaba, por tanto, en la misma franja superior de admisiones que América Latina y el Caribe y Oriente Próximo y Asia Meridional.
Desde ahora, los refugiados y solicitantes de asilo africanos admitidos legalmente pierden el acceso a Medicaid y CHIP, salvo en caso de urgencia médica.
La carta del CMS titulada State Health Official SHO #26-001, fechada el 8 de abril de 2026, confirma que la financiación federal (FFP) de las prestaciones completas de Medicaid y CHIP se limita, por regla general, a los ciudadanos y nacionales estadounidenses, los residentes permanentes legales (LPR), los inmigrantes cubanos o haitianos y los migrantes de los países del COFA. Estos últimos son ciudadanos de los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, tres estados del Pacífico cuyos ciudadanos pueden vivir y trabajar en Estados Unidos sin visado gracias a los Pactos de Libre Asociación firmados con Washington.
Los refugiados, las personas a las que se ha concedido asilo y las víctimas de la trata de personas quedan excluidos, salvo que estén comprendidos en otra categoría elegible.
L’Algérie apparaît aussi dans le rapport du Congrès américain avec 3 réfugiés admis pour l’année fiscale 2023, soit 0,005% du total. Le Département d’État l’a placée sur la Special Watch List pour restrictions de la liberté religieuse ; les lois de 2006 et 2012 du pays ciblent l’Église protestante d’Algérie et la communauté ahmadie.
Una decisión presupuestaria asumida
El CMS no oculta la lógica de la medida. «La Administración Trump tiene la misión pública, la obligación legal y el deber moral de preservar los programas federales de salud», declara el administrador de la agencia, el doctor Mehmet Oz. «Hoy rendimos homenaje a estos tres principios proporcionando directrices claras para ayudar a los estados a cumplir la ley y proteger el dinero de los contribuyentes».
La carta State Health Official (SHO) precisa que, a partir del 1 de octubre de 2026, «el programa de financiación federal (FFP) dejará de aplicarse a las prestaciones completas de Medicaid o CHIP proporcionadas a los no ciudadanos elegibles que tampoco sean elegibles para el programa FFP —por ejemplo, beneficiarios de asilo, refugiados, personas en libertad condicional o víctimas de la trata—, salvo que tengan otro estatus o categoría migratoria que cumpla la definición de no ciudadano elegible para el FFP».
Se mantienen tres excepciones: la atención de urgencias médicas, la opción CHIPRA 214 para menores y mujeres embarazadas con residencia legal, y las iniciativas de servicios sanitarios de CHIP. En otras palabras, un refugiado africano admitido legalmente, procedente, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, Sudán, Somalia o Etiopía, puede conservar su situación migratoria regular y, aun así, dejar de tener acceso a Medicaid o CHIP, salvo para recibir tratamiento en caso de urgencia médica. La atención primaria, los servicios dentales, la salud mental y los tratamientos de enfermedades crónicas pueden retrasarse o quedar fuera de su alcance.
La cobertura de los menores nacidos o residentes en Estados Unidos también se vuelve incierta cuando la familia dependía de CHIP. Además, la ayuda médica para refugiados (RMA) ya se había reducido de 12 a 4 meses por decisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, desde mayo de 2025.
Para los africanos, las consecuencias no se limitan a la salud. El propio acceso al estatuto de refugiado se ha reducido considerablemente. El programa de acogida de refugiados quedó suspendido a finales de enero de 2025 y, posteriormente, el límite de admisiones para el ejercicio fiscal de 2026 se fijó en 17.500 personas, el nivel más bajo de la historia del programa. A 30 de junio de 2026, se habían admitido 7.730 refugiados.
Casi todos los refugiados admitidos durante los diez primeros meses del ejercicio fiscal de 2026 procedían de Sudáfrica, una evolución que reduce drásticamente las posibilidades de acceso al programa para otras nacionalidades africanas.
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El informe presentado al Congreso sobre las admisiones propuestas para el ejercicio fiscal de 2026 es explícito. El presidente propone un límite de 7.500 admisiones, destinadas principalmente a los afrikaners de Sudáfrica en virtud de la Orden Ejecutiva 14204, así como a otras víctimas de discriminación ilegal o injusta. La determinación presidencial de emergencia del 21 de mayo de 2026 elevó el límite a 17.500 personas, con las admisiones adicionales reservadas a los afrikaners sudafricanos.
Este cambio geográfico tiene consecuencias importantes: países africanos históricamente muy representados en el programa, como la República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur y Burundi, quedan relegados.
Las cifras que muestran la exposición de África
Las tablas del informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 ofrecen datos claros. En el ejercicio fiscal de 2023, la República Democrática del Congo representó 18.145 admisiones de refugiados en Estados Unidos, equivalentes al 30,24% del total de 60.014 personas admitidas ese año.
Sudán ocupó el siguiente lugar, con 1.635 llegadas (2,72%), seguido de Somalia, con 1.385 (2,31%); Eritrea, con 973 (1,62%); y la República Centroafricana, con 634 (1,06%). A continuación figuraban Sudán del Sur, con 592 llegadas (0,99%); Etiopía, con 441 (0,74%); y Burundi, con 335 (0,56%).
Más atrás aparecen Senegal, con 86 refugiados admitidos; Ruanda, con 85; Camerún, con 29; Mali, con 26; Guinea, con 25; Costa de Marfil, con 22; y Liberia, con nueve.
Se trata de poblaciones jóvenes. La edad mediana de los refugiados llegados de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur era de 18 años; la de los procedentes de Eritrea y Sudán, de 21 años; la de los etíopes, de 22; y la de los somalíes, de 23.
En el ejercicio fiscal de 2023, el 11,24% de los refugiados admitidos tenía menos de cinco años y el 34,08% se encontraba en edad escolar, entre los cinco y los 17 años. La pérdida de Medicaid y CHIP afecta, por tanto, directamente a las familias y a los menores. Para los refugiados africanos, las restricciones sanitarias se suman a las limitaciones de acceso al territorio estadounidense.
Exposición africana en el ejercicio fiscal de 2023
| República Democrática del Congo | 18.145 | 30,24% | 18 años |
| Sudán | 1.635 | 2,72% | 21 años |
| Somalia | 1.385 | 2,31% | 23 años |
| Eritrea | 973 | 1,62% | 21 años |
| República Centroafricana | 634 | 1,06% | 18 años |
| Sudán del Sur | 592 | 0,99% | 18 años |
| Etiopía | 441 | 0,74% | 22 años |
| Burundi | 335 | 0,56% | — |
| Senegal | 86 | 0,14% | — |
| Ruanda | 85 | 0,14% | — |
| Camerún | 29 | 0,04% | — |
| Mali | 26 | 0,04% | — |
| Guinea | 25 | 0,04% | — |
| Costa de Marfil | 22 | 0,03% | — |
Fuente: Administración estadounidense.
Traslado de los costes a los estados y las familias
El análisis presupuestario también suscita preocupación. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) recuerdan que los estados deberán actualizar sus sistemas de elegibilidad, formularios, procedimientos de verificación y contratos de atención sanitaria gestionada.
La financiación federal seguirá disponible para las urgencias médicas, pero se limitará al porcentaje ordinario de asistencia médica federal (FMAP) correspondiente a cada estado, en lugar de aplicar los porcentajes incrementados previstos para el grupo de adultos. Los gastos de Medicaid relacionados con urgencias deberán declararse en la línea 27 del formulario CMS-64.
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El CMS ya ha identificado alrededor de 1.800 millones de dólares en gastos cuestionables declarados por ocho estados por servicios prestados a personas que no son ciudadanas estadounidenses y para las que la financiación federal solo está disponible en caso de urgencia médica.
En los estados que cofinancian el programa de asistencia médica, existe el riesgo de que se opte por no sufragar una cobertura íntegramente estatal. El CMS señala que no considerará Medicaid una cobertura financiada al 100% por un estado.
Los contratos con los planes de atención gestionada deberán separarse y distinguirse de los correspondientes a los servicios financiados por los estados. En la práctica, los costes podrían trasladarse a hospitales, clínicas benéficas, ONG y familias.
Un estudio citado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estima que el impacto fiscal neto de los refugiados y las personas asiladas durante un periodo de 15 años asciende a 123.800 millones de dólares. De esa cantidad, 31.500 millones corresponden al beneficio neto para el Gobierno federal y 92.300 millones al de los estados y las administraciones locales.
La restricción actual podría reducir esta contribución al retrasar la integración y aumentar la necesidad de recibir tratamientos tardíos, que suelen resultar más costosos.
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El componente técnico de la reforma tampoco es neutro. Los estados deberán verificar el estatus migratorio a través del programa SAVE del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sistema Hub VLP v37.1 v2 y sus indicadores. Se introduce un nuevo indicador, «Eligible Noncitizen» (no ciudadano elegible), para Medicaid y CHIP. El indicador «Qualified Noncitizen» (extranjero que cumple los requisitos) tendrá un uso limitado a partir del 1 de octubre de 2026.
Los beneficiarios actuales deberán someterse a una nueva evaluación. Cuando no sea posible verificar electrónicamente su situación, se prevé un plazo de 90 días (ROP), con notificación previa y derecho a recurrir antes de retirar la cobertura.
Sin embargo, en la práctica, estos procedimientos pueden provocar interrupciones en la cobertura de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, como supervivientes de la trata de personas, víctimas de violencia doméstica, menores y mujeres embarazadas.
La opción CHIPRA 214 sigue siendo una posible vía de cobertura para menores y mujeres embarazadas con residencia legal, siempre que el estado correspondiente la haya adoptado. Esta opción fue creada por la Ley de Reautorización del Programa de Seguro Médico Infantil de 2009 (CHIPRA, Ley Pública 111-3).
Permite a los estados proporcionar cobertura completa de Medicaid y CHIP a dos categorías de personas que residen legalmente en Estados Unidos: menores de hasta 21 años para Medicaid y de hasta 19 años para CHIP, así como mujeres embarazadas.
La principal ventaja de esta opción es que permite cubrir a estas personas sin exigirles el periodo de espera de cinco años que normalmente se aplica a numerosos extranjeros que cumplen los requisitos.
Sin embargo, CHIP por separado no cubre las urgencias médicas y los CMS prevén poner fin a la financiación federal (FFP) para los beneficiarios de CHIP que no sean elegibles, incluso durante los periodos de continuidad de la cobertura.
Para los refugiados africanos, el acceso a la atención sanitaria se convierte así en un mosaico de soluciones: Medicaid para urgencias en unos casos, CHIPRA 214 en otros, ayuda RMA reducida a cuatro meses y atención primaria aplazada. La salud mental, los traumas, la violencia de género y las enfermedades crónicas figuran entre los ámbitos más perjudicados.
¿Qué países africanos destacan?
La República Democrática del Congo sobresale por su peso histórico en las admisiones: representó el 30,24% de los refugiados admitidos durante el ejercicio fiscal de 2023. También se encuentra entre las poblaciones más expuestas a la pérdida de cobertura sanitaria. Sudán, Somalia, Etiopía, Eritrea y Sudán del Sur ilustran la situación del Cuerno de África y de la región de los Grandes Lagos, donde las necesidades de reasentamiento siguen siendo elevadas.
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Sudáfrica, por su parte, destaca por la asignación prácticamente exclusiva de plazas a los afrikaners dentro del límite de admisiones establecido para el ejercicio fiscal de 2026.
Esta excepción sudafricana, sin embargo, se produce en detrimento de otras nacionalidades africanas, que pierden tanto oportunidades de acceder al programa como la cobertura sanitaria federal.
El contraste es notable. Por un lado, el límite mundial de admisiones de refugiados para el ejercicio fiscal de 2025 era de 125.000 personas, con una asignación de entre 30.000 y 50.000 para África. Por otro, el límite para el ejercicio fiscal de 2026 se fijó inicialmente en 7.500 personas y posteriormente se elevó a 17.500 para dar cabida a los afrikaners, mientras que a 30 de junio de 2026 solo se habían admitido 7.730 refugiados.
La ley H.R. 1 y la carta SHO #26-001 restringen el acceso a la cobertura sanitaria, mientras que la determinación presidencial de emergencia y la Orden Ejecutiva 14204 abren una vía limitada, reservada a una categoría específica.
La legislación federal estadounidense ha optado por una determinada política presupuestaria. Para los refugiados africanos procedentes de la región de los Grandes Lagos, el Cuerno de África y África Central, la doble restricción ya es una realidad: menos admisiones, menos acceso a la atención médica y una mayor vulnerabilidad.
Admisiones de refugiados por región del mundo en el ejercicio fiscal de 2025
| África | 30.000-50.000 |
| Asia Oriental | 10.000-20.000 |
| Europa y Asia Central | 2.000-3.000 |
| América Latina y el Caribe | 35.000-50.000 |
| Oriente Próximo y Asia Meridional | 30.000-45.000 |
| Total | 125.000 |
Fuente: Administración estadounidense.
