Los productores españoles de ajo han recurrido al Gobierno de su país y a la Comisión Europea ante la decisión de Marruecos de someter temporalmente las importaciones de ajo fresco o refrigerado a un sistema de licencias.
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA) admite que la medida marroquí no constituye una prohibición ni implica por sí sola el cierre del mercado. Sin embargo, reclama conocer los criterios para conceder las autorizaciones y sus plazos de tramitación, ante el temor de que el nuevo procedimiento afecte a sus operaciones.
La reacción se explica por la importancia comercial del mercado marroquí. En 2024, España exportó al Reino 15.215 toneladas de ajo, equivalentes al 10,74% de todas sus ventas exteriores. Marruecos fue así uno de los principales destinos del sector español, por delante incluso del Reino Unido.
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ANPCA pretende ahora que Bruselas examine la aplicación del sistema y solicite explicaciones a las autoridades marroquíes. La petición refleja la preocupación de los productores españoles por preservar su cuota en un mercado relevante, aunque Marruecos conserva la facultad de regular las condiciones de entrada de productos agrícolas para ordenar su abastecimiento y proteger el equilibrio de su mercado interno.
La patronal española también mira con inquietud al Reino Unido, pero por un motivo diferente. Londres suspenderá temporalmente determinados aranceles sobre el ajo, una decisión que podría aumentar la competencia de proveedores de terceros países, especialmente China.
En ambos casos, el sector español intenta proteger su posición exterior. En Marruecos, frente a un mayor control administrativo de las importaciones. En Reino Unido, ante una apertura que podría facilitar la llegada de competidores con precios más bajos.
