Se ha convertido prácticamente en un ritual en las más altas esferas del Estado argelino, una cita anual con la improvisación. Previsto inicialmente para el 6 de septiembre, el inicio del curso escolar 2026-2027 ha sido aplazado abruptamente hasta el 21 de septiembre. El anuncio, realizado el pasado sábado mediante un escueto comunicado de los servicios del primer ministro, deja claro que la decisión responde a «directrices» directas del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune. El nuevo calendario llega, por tanto, impuesto desde arriba: el personal administrativo regresará el 6 de septiembre, los profesores el 13 y los alumnos el 21.
Apenas una semana después de fijar las primeras fechas, el poder da marcha atrás en medio de la más absoluta improvisación. Ante la ausencia de explicaciones oficiales convincentes, son los sindicatos y asociaciones afines al régimen los encargados de justificar la medida. El aplazamiento sería simplemente una respuesta bienintencionada a las condiciones climáticas y a las olas de calor estivales que asfixian al país. Es más, la decisión se presenta incluso como una medida de ahorro energético destinada a evitar el uso excesivo de aparatos de aire acondicionado en los centros escolares.
El argumento podría resultar cómico si no reflejara un problema estructural. Un país incapaz de climatizar sus aulas en septiembre se ve, por tanto, obligado a mantener cerradas las escuelas para preservar su red eléctrica. El contraste resulta llamativo, por no decir grotesco, frente a la retórica triunfalista de una autoproclamada «potencia regional». El poder argelino no pierde ocasión de sacar pecho, multiplicando las promesas de proyectos de solidaridad y los anuncios destinados a electrificar África. En Níger, el pasado mes de junio se inauguró una central térmica de 40 MW ofrecida por Argelia. En Chad comenzaron las obras de otra central de 40 MW en Yamena, financiada con fondos argelinos. En Mozambique se habla incluso de estudios para un megaproyecto de 1.000 MW. Sin olvidar a una Túnez convertida en vasalla a cambio de un suministro continuo de unos 600 MW de electricidad.
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Mientras la Presidencia reparte megavatios entre sus vecinos, o al menos promete hacerlo, y después de haber celebrado la falsa expectativa de dejar a Marruecos a oscuras cuando puso fin al gasoducto Magreb-Europa, la red eléctrica argelina hace aguas por todas partes. El 13 de julio de 2026, el consumo de electricidad, impulsado por el uso doméstico del aire acondicionado, alcanzó un máximo histórico de 21.378 MW, frente a los 20.628 MW registrados en 2025.
Apagón
Como si faltara algo para completar esta farsa de Estado, la realidad terminó golpeando de lleno la propaganda oficial durante la noche del 14 al 15 de julio de 2026, cuando un apagón general de una magnitud inédita afectó al país. Desde Argel hasta Constantina, pasando por Tizi Ouzou, Bouira y Jijel, millones de argelinos, ya asfixiados por temperaturas superiores a los 48 °C, quedaron sumidos en la oscuridad, sin aire acondicionado y, poco después, también sin agua potable.
Para justificar el caos, la comunicación oficial volvió a refugiarse en el argumento climático. Sin embargo, ni Sonelgaz ni el Gobierno fueron capaces de precisar el origen del apagón, ocultando mal la obsolescencia estructural de las infraestructuras bajo discursos sobre «inversiones colosales». Esta retórica de la negación ilustra hasta la caricatura la brecha existente entre el discurso de un régimen que se presenta como gigante energético y la vulnerabilidad de un país incapaz de garantizar la continuidad del suministro eléctrico a su propia población.
La realidad económica termina alcanzando al discurso político. El consumo interno de gas natural, fuente de más del 99% de la electricidad producida por Sonelgaz, absorbe ya entre el 54% y el 55% de la producción nacional y alcanzó un máximo de 57.270 millones de metros cúbicos en 2025. Por primera vez, la demanda interna superó el volumen destinado a las exportaciones. Consecuencia directa: las ventas a Europa cayeron hasta los 45.700 millones de metros cúbicos en 2025, frente a los 49.290 millones de 2024.
Argelia se asfixia así en su propio consumo y quienes terminan pagando las consecuencias son los escolares, obligados a quedarse en casa por falta de electricidad en el país del «oro azul». Con las promesas de suministrar más gas a Alemania y España, al calor de los últimos esfuerzos de seducción del presidente Tebboune hacia ambos países europeos, no cabe duda de que el curso escolar acabará recortándose. A menos, claro está, que al verano se le ocurra llegar antes el próximo año.
Este vodevil político y educativo tampoco es nuevo. El escenario de un inicio de curso convertido en un enigma nacional ya se vivió durante el año escolar 2023-2024. Entonces, un incomprensible suspense de varios días mantuvo al país en vilo hasta que la fecha del 19 de septiembre fue finalmente anunciada… la noche del 4 de septiembre. Los argelinos prefirieron tomárselo con humor: «El inicio del curso escolar en Argelia es como un parto. Se sabe el mes, pero no el día».
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Detrás de estos aplazamientos recurrentes y de unas justificaciones poco convincentes se esconde, sin embargo, una realidad mucho más sombría para las familias. Mientras la Presidencia reajusta sus calendarios, los padres guardan silencio. A lo absurdo de la gestión estatal se suma una pesada losa: el silencio impuesto.
Si estos aplazamientos y los fallos de la red eléctrica provocaban antaño una oleada de indignación y burlas públicas, hoy la opinión está amordazada por una feroz represión. En la Argelia actual, cualquier crítica al poder, ya sea para lamentar la improvisación ante el inicio del curso o denunciar un apagón, puede ser presentada como un atentado contra la seguridad del Estado o como un intento de «desmoralización». Un simple comentario irónico en Facebook o un tuit de exasperación puede costarle a su autor una detención de madrugada y una condena de prisión firme en la cárcel de El Harrach. Los únicos organismos autorizados a expresarse son las estructuras afines al régimen, encargadas de transformar la incompetencia en «sabiduría presidencial». Así va Argelia.
