La sala de lo criminal de primera instancia ante el Tribunal de Apelación de Casablanca dictó, a última hora de la noche de este jueves 25 de junio, su veredicto en uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia contemporánea de Marruecos.
Al término de un juicio maratónico, el tribunal condenó a Saïd Naciri, expresidente del Wydad de Casablanca, a una pena de 10 años de prisión firme. Por su parte, su coacusado Abdenbi Bioui, empresario y expresidente del Consejo de la región del Oriental, recibió una pena de 12 años de reclusión criminal.
Esta decisión se produjo tras más de doce horas consecutivas de deliberaciones a puerta cerrada, marcadas por una tensión palpable y una espera particularmente agobiante.
El anuncio del veredicto provocó una onda de choque en la sala de audiencias n.º 8, sumiendo a los acusados y a sus familiares en la estupefacción. Consideradas especialmente severas por la defensa, estas condenas desataron escenas de desolación y una profunda emoción entre las familias de los condenados, presentes en gran número. Varios allegados se desmoronaron al leerse las sentencias, lo que provocó momentos de confusión y agitación en el recinto del tribunal.
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La afluencia fue excepcional en el complejo judicial, que vio congregarse a numerosos representantes de los medios de comunicación nacionales, así como a familiares de los procesados llegados desde los cuatro puntos cardinales del Reino para presenciar este desenlace.
Este veredicto de primera instancia cierra el primer capítulo judicial del caso denominado «Escobar del Sahara», un escándalo político-financiero que ha sacudido profundamente la escena política y de partidos en Marruecos. El expediente se encamina ahora hacia la fase de apelación, donde se espera que la batalla jurídica entre la acusación y la defensa se reanude con más fuerza.
Todo comenzó a finales del año 2023. Las revelaciones de la revista Jeune Afrique tuvieron el efecto de una bomba: desde su celda en la prisión de Oukacha, el capo de la droga maliense Haj Ahmed Ben Brahim confesó todo. Encarcelado desde 2019, acusó nominalmente a varios altos cargos marroquíes de haberse aprovechado de su caída para desmantelar su imperio y apoderarse de su fortuna y de sus propiedades.
La onda expansiva fue inmediata. El Buró Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) asumió el caso y orquestó una redada espectacular. En total, 28 procesados —entre ellos cargos electos, hombres de negocios y una notaria— terminaron en el banquillo de los acusados. En ese grupo, Naciri y Bioui figuraban como los principales acusados. Se levantó entonces el telón sobre un sistema tentacular que entrelazaba el tráfico internacional de estupefacientes, el blanqueo de capitales, la falsificación de documentos oficiales y la expoliación inmobiliaria.
