La Unión Europea ha acordado una de las reformas más profundas de su política migratoria de las últimas décadas. El nuevo Reglamento de Retorno, que complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, pretende aumentar el número de expulsiones de ciudadanos de terceros países en situación irregular, un objetivo que la Comisión Europea considera prioritario debido a la baja tasa de retornos efectivos registrada en los últimos años.
Según Bruselas, la normativa permitirá unificar los procedimientos entre los Estados miembros, agilizar las expulsiones y reforzar la credibilidad del sistema europeo de inmigración, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales y del principio de no devolución.
Centros de retorno fuera de la Unión Europea
Uno de los aspectos más novedosos del reglamento es la posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de retorno en terceros países con los que existan acuerdos bilaterales. En estos centros podrán permanecer las personas sujetas a una orden de expulsión mientras se organiza su retorno definitivo al país de origen o a otro Estado autorizado por los acuerdos suscritos.
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La reforma también flexibiliza el criterio que hasta ahora exigía una relación entre el migrante y el país de destino. Con las nuevas normas, una persona podrá ser trasladada a un tercer Estado con el que la Unión o alguno de sus miembros haya alcanzado un acuerdo, aunque nunca haya residido allí, siempre que ese país cumpla las condiciones establecidas por el derecho internacional.
Además, el reglamento modifica el sistema de recursos judiciales. La presentación de una apelación ya no suspenderá automáticamente la ejecución de una orden de retorno, salvo que un juez determine expresamente lo contrario. Bruselas sostiene que esta modificación evitará retrasos prolongados en procedimientos de expulsión que, en muchos casos, nunca llegan a ejecutarse.
Un sistema cuya viabilidad también genera dudas
Aunque la Comisión Europea defiende que la reforma permitirá mejorar la eficacia de las políticas migratorias, diversos expertos cuestionan tanto su coste económico como su aplicación práctica.
Los precedentes más cercanos alimentan ese debate. El modelo impulsado por Italia para trasladar inmigrantes a Albania ha estado marcado por problemas jurídicos y un elevado coste operativo, mientras que el proyecto británico para deportar migrantes a Ruanda terminó siendo abandonado tras haber movilizado cientos de millones de libras sin llegar a funcionar plenamente.
Algunos economistas también recuerdan que Europa afronta un acusado envejecimiento demográfico y una creciente escasez de mano de obra en numerosos sectores, por lo que centrar la política migratoria exclusivamente en el retorno podría tener consecuencias sobre el mercado laboral y el crecimiento económico a medio plazo.
Las organizaciones humanitarias alertan sobre los riesgos
La aprobación del reglamento ha provocado una fuerte reacción de organizaciones internacionales y entidades de defensa de los derechos humanos, que consideran que varias de sus disposiciones pueden debilitar las garantías jurídicas de los migrantes.
Entre las principales preocupaciones figuran la ampliación de las posibilidades de detención, la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario y la posibilidad de trasladar personas a países con los que no mantienen ningún vínculo. También cuestionan la reducción del efecto suspensivo de algunos recursos judiciales y advierten del riesgo de que determinadas personas sean enviadas a Estados donde la protección de sus derechos no esté plenamente garantizada.
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Desde la Comisión Europea, sin embargo, se insiste en que cualquier acuerdo con terceros países deberá respetar el derecho internacional, el principio de no devolución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Bruselas sostiene que el objetivo del nuevo reglamento no es restringir derechos, sino dotar a la Unión de un sistema de retorno más eficaz y homogéneo.
Con esta reforma, la Unión Europea culmina uno de los pilares del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y confirma el giro hacia una política migratoria más estricta, en un contexto marcado por la presión migratoria, el auge de los partidos favorables al endurecimiento de los controles fronterizos y el creciente debate sobre el equilibrio entre seguridad, gestión de los flujos migratorios y protección de los derechos fundamentales.
